El Congreso, sin plan de ley para prevenir la discriminación

GUADALAJARA, JALISCO (23/ENE/2013).- Una ley para prevenir la discriminación tendrá que esperar. Por el momento, en el Congreso de Jalisco, la única propuesta para discutir este tema es la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, que fue presentada en noviembre de 2012 por el diputado priista y presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Congreso de Jalisco, Jaime Prieto Pérez.

De si es suficiente tipificar como delito la discriminación, el diputado señala que la aprobación de la  iniciativa, que contempla castigos para las personas y para los servidores públicos que participen en actos de discriminación, es “un gran paso porque estaríamos resolviendo un problema, pero estaremos viendo que paso sigue. Creo que con esto no se resuelve totalmente, pero es el inicio de acciones para resolver un problema”.

Sin embargo, para el experto en temas de derechos humanos y académico del Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Gerardo Moya García, no es suficiente, ya que Jalisco requiere de una ley para prevenir la discriminación y ésta tiene que ser “innovadora”.

El especialista aclara que el camino más “fácil” para los legisladores es crear un delito o elevar las penas, pero en la práctica se ha demostrado que dicha medida no soluciona el problema, ya “las estadísticas del sistema de procuración de justicia en México para darse cuenta que eso no funciona. Tenemos niveles de impunidad de 93 ó 94 por ciento”.

Moya García pide responder: “cuántos casos –de discriminación- van a pasar de la Procuraduría a un juzgado”.   

Para Prieto Pérez castigar la discriminación es “el primer paso”, pero reconoce que tiene que  fortalecerse a los ministerios públicos para “agilizar” en la integración de averiguaciones.

El académico del ITESO señala que en la Legislatura pasada ya se había presentado una iniciativa similar, pero “Jalisco requiere de una ley integral”, ya que es uno de los estados con mayores quejas por discriminación según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En otras comisiones como en la de Equidad y Género, la propuesta es sumarse a la iniciativa ya presentada como lo comenta la presidenta de dicha área la diputada Fabiola Loya Fernández, quien es integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, por lo que la ley para prevenir actos de discriminación tendrá que esperar, ya que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará “condensar” las leyes, explica Jaime Prieto.  

La iniciativa

“Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de treinta a ciento cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y multa de hasta cien días de salario, al que por razones de origen,  edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, orientación sexual, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad, características física, estado de salud o cualquier otra causa que implique discriminación,  atentando contra la dignidad humana, limite, anule o  genere un menoscabo a los derechos,  libertades y seguridad de la persona; mediante la realización de las siguientes conductas: Provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una persona o grupo de personas; niegue a una persona o grupo de personas una prestación o servicio al que tiene derecho el público en general; veje, humille, denigre o excluya a alguna persona o grupo de personas; niegue o restrinja los derechos laborales adquiridos; niegue o restrinja los derechos educativos.

No serán consideradas como discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o  prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el presente artículo y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta”.

EL INFORMADOR / MAYRA TORRES