El Congreso niega evidencia de los 52 MDP ''extraviados''

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUN/2012).- La anterior Legislatura del Congreso de Jalisco no dejó documentos que sustenten el dicho de los abogados, que señalan que sí ingresaron los 52 millones de pesos que, a decir del despacho de consultores López Castro y Compañía, llegaron en 2009 por recuperación en materia de los gravámenes ISPT e ISR.

Así lo afirmó ayer el ex secretario general del Legislativo, Carlos Corona Martín del Campo, quien, sin embargo, admitió que sabían del adeudo con López Castro y Compañía.

Corona negó que en los primeros meses —febrero de 2010—, cuando llegó a ese cargo en la actual Legislatura, haya existido un acercamiento con abogados de López Castro y Compañía para seguir “recuperando” los recursos por concepto de impuestos.

“La anterior Legislatura no dejó archivos, ni físicos ni electrónicos. Conmigo jamás entablaron conversación los abogados; si es así, como ellos dicen que me hablaron de los 20 millones, debieron habérmelo notificado por escrito, cosa que jamás ocurrió”. Refirió que se decidió no pagar porque no se encontró evidencia de su trabajo.

“Supe de la existencia de esa empresa porque la anterior Legislatura dejó la factura como adeudo para que nosotros la pagáramos; al no existir ni la mínima evidencia de su trabajo ni mucho menos un centavo reconocido por Hacienda, la Comisión de Administración se negó a autorizar dicho pago. Hacienda jamás reconoció tal compensación hecha por López Castro”.

No obstante lo anterior, los diputados avalaron un convenio en marzo del año pasado en el que se comprometían a pagar 50 millones de pesos a la empresa. Marrufo explicó que debían firmar un convenio porque, de lo contrario, el adeudo podría duplicarse.

En tanto, el coordinador de los legisladores del PRD, Raúl Vargas López, señaló que desconoce si el recurso ingresó a las arcas del Legislativo y que ello se corroborará cuando sea avalada la cuenta pública del Congreso del año 2009, si es que se detectará este recurso.

Ambos diputados, Roberto Marrufo y Raúl Vargas, reconocieron que el convenio en el que el Legislativo se compromete al pago por 50 millones de pesos no fue avalado por el pleno; sólo fue firmado por la Comisión de Administración y por la Mesa Directiva del Legislativo; no obstante, dijeron que no es ilegal, a pesar de que la máxima autoridad es el pleno del Congreso.

El único de los cuatro coordinadores que reconoció que los 90 millones de pesos sí ingresaron a las arcas del Legislativo fue Enrique Aubry de Castro Palomino, quien calificó lo que sucede en el Congreso como “un enredo”, y señaló que, en el último trimestre que le queda, la actual Legislatura debe resolver los problemas administrativos.

Ante la posibilidad que la empresa afectada por la falta de pago acuda a la Suprema Corte de Justicia, los legisladores dijeron que la compañía está en su derecho, pero insistieron en que no cuentan con solvencia económica.

Las comisiones de Hacienda y de Administración sesionarán el 20 y 21 de junio para abordar la resolución del juez que ordena al Congreso el pago de 50 millones de pesos a la empresa.

CRÓNICA
Legislan en una sesión... ¿ilegal?

Luego de una discusión que se prolongó por más de media hora, los legisladores locales avalaron ayer un cambio en la orden del día de la sesión extraordinaria prevista para este viernes; a decir de los diputados del PAN, lo que sucedió fue ilegal.

En la orden del día estaba previsto dar cuenta de dos comunicaciones; la primera era un documento remitido por el presidente de la Comisión de Responsabilidades, “por el que solicita se cite a sesión extraordinaria, a fin de dar cumplimiento a la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa”; el otro comunicado es relativo a la solicitud de licencia del legislador del PRI José Noel Pérez de Alba.

Al someterlo a discusión, el legislador del PRD Raúl Vargas solicitó incluir un tercer comunicado en el que propone que se dé cuenta al pleno del Congreso local de su solicitud para iniciar un procedimiento para destituir al consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Víctor Hugo Bernal.

Fue entonces cuando inició la discusión entre legisladores del PAN y PRD. Los legisladores panistas Abraham González Uyeda, Verónica Rizo y el coordinador José Antonio de la Torre pidieron que el tercer comunicado no se incluyera en la sesión, argumentando que la Ley Orgánica del Poder Legislativo no permite modificaciones en la orden de día de las sesiones extraordinarias.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Raúl Vargas, consideró que la propuesta era urgente, por lo que estimó que era viable incluirlo en la sesión.

Luego de media hora de discusión, los diputados de Acción Nacional abandonaron el recinto legislativo, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Chávez, pidió verificar el quórum, y se registraron 21 votos —el mínimo necesario—, pero se observó que una de las asistencias pertenecía al recién nombrado legislador panista Manuel Rojas, quien ya no estaba presente en el recinto legislativo.

La sesión continuó y nombraron a Miguel Ángel Alba Chávez como legislador, quien sustituye a Noé Pérez de Alba.

Al término de la sesión, José Antonio de la Torre y Manuel Rojas arremetieron contra el PRI: refirieron que usurparon la identidad de Manuel Rojas, por lo que acudirán a instancias judiciales para echar abajo los acuerdos de ayer. Por su parte, el coordinador del Partido Verde, Enrique Aubry, pidió a la Mesa Directiva que a los panistas que abandonaron el pleno les sea descontado el día.