Educación y clientelas

Si parece, es, dice la máxima. En el caso de la deducibilidad de impuestos de las colegiaturas, parece una medida electoral; lo es. La medida tiene muchas virtudes y muchos aspectos sumamente criticables, pero de que impacta directamente en las clases medias, las tradicionales clientelas panistas, no hay duda.

La medida tiene aspectos positivos. Al hacer deducible hasta el monto promedio del costo por persona que tiene para el Estado la educación, reconoce que el gasto de los padres de familia en escuela releva al Estado de una obligación constitucional. La medida puede también generar presión sobre los monopolios educativos de este país. Ante la ineficiencia de los sistemas de educación que cargan una losa sindical que los hace poco flexibles y costosos, la deducibilidad se vuelve un mecanismo de aceleración de la calidad de la oferta educativa. Si todos los posibles beneficiarios aprovecharan la deducibilidad, el costo para el erario sería de 54 mil millones de pesos. Según el secretario de Educación, Alonso Lujambio, el costo fiscal del decreto es de 15 mil millones de pesos, porque seguramente muchos de los padres de familia no son contribuyentes (no pagan impuestos porque evaden o porque el nivel salarial que tienen no les obliga el ISR). Si el Gobierno le inyectara esos 15 mil millones el sistema educativo básico y medio, el impacto sobre la calidad sería, sin duda, mucho menor.

Pero, por donde se vea, la medida es regresiva, es decir, contribuirá a abrir la brecha entre las clases medias y los más pobres del país. En primaria sólo el 8% de la matricula está en escuelas privadas; en secundaria se acerca a 10%, y en preparatoria es poco más de 17 por ciento. Esto es, se trata de una medida que beneficia a muy pocos y que mejorará la calidad de la educación privada. El impacto sobre la escuela pública será, en todo caso, a mediano plazo. La lectura parece ser que como no pueden con el sindicato, entonces mejor le dan la vuelta en detrimento de una inmensa mayoría cuya única opción es, y seguirá siendo, la educación pública.

Este tema de la deducibilidad del gasto en educación es una bandera que los grupos más radicales del PAN y algunos grupos empresariales traían desde los años setenta, pero que no se habían atrevido a poner sobre la mesa. Hoy, el Presidente lo hace a manera de decreto, porque de otra forma no hubiera pasado. La medida es un privilegio para cerca de millón y medio de familias y no ofrece nada al resto de los mexicanos. Pero ese millón y medio de familias son votos naturalmente panistas que se estaban yendo a otras opciones por descontento con los gobiernos blanquiazules.

En términos educativos, es una decisión que tiene pros y contras; en términos electorales, una hermosa concesión del PAN para con sus clientelas... con nuestro dinero, claro.