Duplican ejecuciones por lucha de cárteles

GUADALAJARA, JALISCO (21/ENE/2011).-  La guerra del narcotráfico dejó una estela de 479 ejecuciones en Jalisco al cierre de 2010. El conteo realizado por esta casa editorial muestra un crecimiento de 108% con respecto a 2009, cuando se registran 230 muertes con tintes de ejecución, indica la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada del Gobierno federal. La brecha ascendente de crímenes vinculados con el narcotráfico en el Estado muestra que en enero del pasado año se contaban 17 de este tipo de homicidios, y diciembre finalizaba con 49, destacando una disminución antecedente a la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, cuando el procurador Tomás Coronado Olmos preveía “el año de las ejecuciones”.

Sobresale el repunte en la tasa de homicidios intencionales, que duplica el registro que tenía al comienzo de la administración de Felipe Calderón, de seis homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; al finalizar 2010 la cifra dobló a 12 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, superada sólo por los niveles alcanzados en 1995.

“El año de las ejecuciones”

La guerra de cárteles en Jalisco tuvo su año más sangriento en 2010. Acorde con el análisis realizado por este diario, durante el primer cuatrimestre de 2010 en Jalisco se registró un aumento de 174% en las ejecuciones con relación al mismo periodo de 2009, en el que se contaron 43 muertes de este tipo. En este lapso (enero-abril de 2010) en el que se cuentan 118 ejecuciones resalta la metropolización del fenómeno que durante el primer cuatrimestre de 2009 tenía su foco rojo en la Región Valles, y que en los primeros meses de 2010 migró a municipios metropolitanos, colocando al frente de la lista a Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, seguidos por municipios de las regiones Sierra Occidental y Altos Norte.

El profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona, explica que la metropolización del fenómeno responde a que “la lucha era por las rutas del trasiego de drogas; ahora se pelean la distribución, pelean barrio por barrio. Son pequeños grupos que se pelean los mercados, con mucha facilidad se ejecutan y esto se alimenta con la impunidad. Hay más organizaciones criminales que se disputan los territorios”.

A mediados de año, el fenómeno de las ejecuciones relacionadas con el narcotráfico era claramente urbano: 31 de los 35 casos de junio corresponden a municipios del Área Conurbada de Guadalajara; 88% del registro mensual, y en junio comenzaría un descenso con una disminución de 48%, que bajaría 12%  más en julio, cuando Cihuatlán se fue al frente de la lista con una multiejecución en el rancho La Minita. Zapopan, que durante la mitad del año estuvo al frente en la lista de ejecuciones, tenía este mes sólo un registro.

El eco de la caída del “Cachas de Diamante”

La muerte de Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal hizo eco en las muertes vinculadas con la narcoguerra. Antes de la caída del “Cachas de Diamante”, el 31 de julio en un operativo realizado por el Ejército mexicano en el fraccionamiento residencial Colinas de San Javier, en Zapopan, devino un descenso en estos crímenes al comenzar la cuarta semana de ese mes. Como en una tormenta, se anticipó una tensa calma: ningún ejecutado en el Área Conurbada de Guadalajara una semana antes de la caída del capo; después sobrevino una pausa que duró otra semana para que estos crímenes recomenzaran en la zona. Al finalizar agosto, la ex Villa Maicera tenía la mayor cantidad de ejecuciones ligadas a la narcoguerra en el Estado, y repuntaba la incidencia de estos crímenes.

“Se esperaba un reajuste en el crimen organizado”, indica Zepeda Lecuona, y abunda que la pausa puede entenderse como “una expectación, un reacomodo de los grupos criminales que andan por Los Altos, y un reacomodo de bandas distintas del grupo del Pacífico; pueden ser indicativos de que esos grupos están extendiendo sus territorios”.

Destaca que en julio fue abatida una considerable cantidad de mandos y agentes policiales: Marco Antonio Ontiveros Banda, jefe de Seguridad de Puente Grande (1 de julio); Raquel Guzmán Fraustel, agente investigadora adscrita al área de detenidos de la PGJE (2 de julio); Alfredo Terrones Cervera, delegado de la PGJE en Mascota (8 de julio); Ricardo Fierros Gómez, comandante de la policía de El Salto (22 de julio); Moisés Aguilar Tirado, comandante primero de la Policía de Tecalitlán (22 de julio) y Marcelo Gamaliel Seda Carreto, ex director de la Policía Municipal de Zapotiltic, quien tenía nexos con el crimen organizado, fue abatido el 23 de julio.

Zapopan mantenía la mayor cantidad de ejecuciones registradas desde el segundo cuatrimestre de 2010, a excepción de julio. En ese mes se contabilizaron 31 ejecuciones (la ex Villa Maicera tuvo sólo un registro entonces), y en agosto 41, aumentando 32% en la incidencia.

Los cadáveres mutilados abandonados en las calles de la metrópoli se volvieron frecuentes. En los narcomensajes se atribuían los crímenes principalmente al grupo “La Resistencia”. Una considerable cantidad de estos mensajes iba dirigida a “Los Torcidos”, integrado por el grupo disidente de “Los Valencia”, que presuntamente denunció el escondite de Orlando Nava “El Lobo” Valencia, quien era colaborador cercano de Ignacio “Nacho” Coronel.

También cobraron importancia los narcovideos en la web, que revelaban información sobre presuntos lazos de corrupción en las policías de Tonalá y Zapopan, así como identidades de miembros de grupos delictivos.

A lo largo del año, Guadalajara y Zapopan estuvieron al frente en la lista de ejecuciones; enero, febrero, junio y agosto fueron para la ex Villa Maicera, en tanto que en marzo, mayo, noviembre y diciembre la Perla Tapatía registró la mayor cantidad de estas muertes. En abril, San Miguel el Alto se fue al frente y Cihuatlán tuvo la primera posición en julio; septiembre fue para Tlajomulco de Zúñiga y octubre para Tlaquepaque.

La cifra roja de la confrontación

La base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada del Gobierno federal, registra 942 ejecuciones en Jalisco desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010. Muestra que en 2009, en el Estado se perpetraron 230 muertes con tintes de ejecución, lo que significa un aumento de 108.26% en las ejecuciones.

El registro es alimentado por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública Federal y Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

Los homicidios dolosos también se incrementaron. Datos de la Procuraduría estatal de Justicia, con base en averiguaciones previas, muestran que en 2008 se perpetraron 463 homicidios de este tipo en el Estado. La cifra ascendió en 2009 a 573, y en 2010 creció hasta 888, lo que representa un aumento de 35.32% con respecto al año anterior.

En el último decenio, los homicidios intencionales en Jalisco muestran una tendencia descendente desde 1999 que rompe en 2007. En 2009, vuelve a los niveles de los años 2000 y 2001, cuando la guerra del narcotráfico era inexistente.

A nivel nacional, 2010 cerró con 15 mil 273 crímenes relacionados con la delincuencia organizada, informó el vocero de la lucha anticrimen del Gobierno federal, Alejandro Poiré. El funcionario detalló que desde diciembre de 2006 al cierre de 2010 se cuentan 34 mil 612 crímenes relacionados con el narcotráfico, de los cuales 30 mil 913 son ejecuciones, tres mil 153 son producto de enfrentamientos y 544 se clasifican como homicidios-agresiones.

Destaca que la mitad de los crímenes se concentra en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, entidades en las que se han realizado despliegues militares. Es el año con mayor cantidad de crímenes vinculados al narcotráfico.

Zepeda Lecuona, también investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), resalta este fenómeno e indica que “hay una correlación pero no una causalidad”, e indica retomando a Poiré, que “los operativos van en donde se concentra la violencia. Muestra de ello es que en Tijuana y en Baja California han bajado los niveles de violencia, y en Nuevo León se ha reducido el fenómeno”.

Cabe destacar que durante 2010 se registraron 13 ejecuciones de presidentes municipales, en función y electos, a manos del crimen organizado, en distintos estados de la República. En 2009, la guerra del narcotráfico se cobró la vida de cuatro alcaldes: Claudio Reyes Núñez de Otáez (Durango, 6 de febrero); Octavio Manuel Carrillo Castañeda (Vista Hermosa, Michoacán, 24 de febrero); Luis Carlos Ramírez de Ocampo (Durango, 1 de junio); Héctor Ariel Meixueiro Muñoz de Namiquipa (Chihuahua, 14 de julio).

“Habla de la lucha territorial en la unidad más cercana a la ciudadanía, que es el municipio (…) cuando los alcaldes tratan de frenar estos espacios los están ejecutando”, opina el experto en temas de seguridad.

Sobre el futuro de la lucha contra el narco en Jalisco, indica que al descentralizarse la violencia, hay que anticiparse a los golpes y enfatizar en labores de inteligencia.

Subraya que Jalisco “tenía una de las mejores áreas de Homicidios. No obstante, los criminales han dado golpes muy certeros. Había buen andamiaje, enfrentaba los convoyes, se han dado persecuciones de grupos. En las policías municipales no se toma el compromiso; se dio marcha atrás con el C4, se debe actuar coordinadamente. Debe protegerse muy bien la integridad de los servidores públicos. El principal aliado de las ejecuciones es la impunidad”.