Discuten alternativas para erradicar la tortura en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAY/2014).- El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda anunció que presentará en los próximos días una propuesta para crear la Ley Estatal para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura.
 
El legislador de MC organizó un foro en el Poder Legislativo en el que escuchó a especialistas y académicos que presentaron planteamientos y aportaciones específicas para erradicar la tortura.
 
La intención de escuchar a especialistas en este foro, explicó el legislador local, es implementar políticas públicas para erradicar la tortura, armonizar las normas a nivel estatal en la materia y reformar la ley para tipificar este acto como un delito.
 
"A pesar de que las autoridades ocultan la práctica de la tortura y decretan que ésta no existe, se trata de un fenómeno que es una realidad en el país y una preocupación. Según datos de Amnistía Internacional, 64% de los mexicanos temen ser torturados si son puestos bajo custodia", dijo el diputado local.
 
El legislador añadió que en Jalisco la tortura "no existe", pues la ley que la reglamenta es letra muerta y las víctimas de estos actos forman parte de estadísticas invisibles. A partir de 1993 está vigente la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura; sin embargo, durante estos años no se ha iniciado una sola averiguación previa, y según datos proporcionados por la Fiscalía General, no se ha presentado denuncia alguna en este sentido.
 
Los principales ejes de la Ley que está promoviendo son: la obligación de las autoridades involucradas en investigar de oficio y de manera obligada cualquier caso de posible tortura, se fijan plazos específicos para iniciar la investigación y atender a las víctimas, se establece un catálogo concreto de prácticas y actuaciones que deberán seguir los integrantes del Poder Judicial, y se crea la Comisión Estatal para Prevenir y Eliminar la Tortura, entre otros.
 
Entre los especialistas que participaron en el foro, estuvieron los académicos e investigadores: Jorge Rocha, Isabel Martínez Álvarez, Carlos Ríos Espinoza y Silviano Cantú, quienes coincidieron en definir la tortura como el acto de infligir sufrimientos, daños y golpes, con el propósito de obtener alguna confesión a través de un servidor público o alguna autoridad del estado.
 
Destacaron la importancia de impulsar la cultura de la denuncia y de privilegiar los derechos humanos, sobre todo en los procesos de arraigo, donde más del 50% de las personas en esta situación manifiestan huellas de tortura. Se pronunciaron porque los estados legislen en cuatro dimensiones para erradicar esta problemática: prevenir, investigar, sancionar y reparar e indemnizar los daños causados a las víctimas.
 
Puntos que incluye la iniciativa para erradicar la tortura en Jalisco
 
1.       Aceptar y colocar en la agenda pública la existencia de este fenómeno como una problemática que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.
 
2.       Asumir como compromiso del Estado, el combate a la tortura.
 
3.       Impulsar una reforma legal que contenga, al menos:

La definición adecuada del delito de tortura bajo lineamientos internacionales.
 
Ante indicios de posible tortura, establecer la obligación de todas las autoridades para investigar de oficio el caso.
 
Plazos claros y específicos para iniciar la investigación y brindar atención a las víctimas.
 
Establecer como agravantes los casos de tortura contra grupos vulnerables, como pueblos indígenas, migrantes, adolescentes, mujeres.
 
Se plantea una vinculación efectiva con las Leyes de Víctimas nacional y estatal, para que se repare el daño y se respeten los derechos y la dignidad de las víctimas de este delito.
 
Se establece un catálogo concreto de prácticas y actuaciones que deberán seguir los integrantes del Poder Judicial en la investigación de casos de tortura.
 
Se crea una Comisión Estatal para Prevenir y Eliminar la tortura, con presencia de académicos y sociedad civil, para impulsar una política de reconocimiento de este fenómeno y acabar con la impunidad.
 
Flexibilizar y mejorar la aplicación de los exámenes médico-psicológicos para que realmente sirvan como pruebas para acreditar casos de tortura.
 
Que la carga de la prueba sea responsabilidad del Estado, y no de la víctima.
 
Se otorgan facultades a los organismos de derechos humanos para que realicen visitas a centros de detención, para verificar las condiciones de los detenidos e inhibir y en su caso denunciar prácticas de tortura.
 
Contexto
 
En Jalisco está vigente desde diciembre de 1993 una Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, sin embargo, en sus 20 años de vigencia nunca se ha iniciado una sola averiguación previa sobre tortura y jamás se ha presentado una denuncia en tal sentido; lo que significa, nadie ha sido castigado por este delito.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ