GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Con la finalidad de limitar las compras a "empresas fantasmas" o familiarizadas con partidos políticos, así como denunciar los actos de corrupción, el Congreso del Estado aprobó derogar la Ley de Adquisiciones para crear el Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios. El decreto fue aprobado con 37 votos a favor y la abstención del diputado independiente, Pedro Kumamoto, quien consideró que esta iniciativa no estaba lo suficientemente socializada. Con la nueva reglamentación, los entes de gobierno deberán transparentar los procesos de licitaciones públicas mediante el Sistema de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública. En el documento se especificó que los entes de gobierno sólo podrán realizar adjudicaciones directas cuando los procesos se declaren desiertos o se requieran compras urgentes, como en temas de seguridad, protección civil y salud pública. Las reformas incluyen la creación del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas, que incluirá información de las empresas interesadas en ofrecer servicios al gobierno. En este sentido, el coordinador de los diputados de la fracción panista, Miguel Ángel Monraz, indicó que las aprobaciones del pleno sientan las bases para lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción."El avance fundamental es que nos permite combatir la impunidad, la entrega de obras a empresas fantasmas y los famosos moches".Por otro lado, las reformas a la ley incluyen que el 80 por ciento de las contrataciones de los entes públicos se realicen a empresas jaliscienses. A propuesta de la fracción priista, se planteó que de este porcentaje, un 10 por ciento de las licitaciones se otorguen a empresas creadas por emprendedores con un periodo de vida de uno a cinco años. "Con esto blindaremos los conflictos de intereses o que las empresas sean allegadas a funcionarios o partidos políticos", señaló Hugo René Ruiz Esparza. Asimismo, se establece la creación de un Comité de Adquisiciones de los Entes Públicos, integrado por organismos empresariales y la sociedad civil, así como la figura de "Testigo Social", que vigilará todos los procesos de compra. Los diputados acordaron que para el cumplimiento de estas reformas se deberán de etiquetar recursos para el 2017.EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ
