Diputados aprueban nueva Ley de Transparencia

GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2011).- De manera sorpresiva, el pleno del Congreso del Estado aprobó crear una nueva ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

A pesar que desde hace más de cuatro años, en el Poder Legislativo estuvo “en estudio” una serie de reformas en la materia que incluía una propuesta del gobernador del Estado, Emilio González Márquez desde marzo de 2007, este día sin mayor discusión y en “fast track” los integrantes de la 59 Legislatura aprobaron reformas en la materia.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Salvador Barajas del Toro, decretó un receso para que los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana sesionaran, sin mayor discusión en esas comisiones legislativas avalaron abrogar la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y aprobaron la Ley de Información Pública de Jalisco y sus municipios.

Después de varios minutos –los suficientes para completar el dictamen- esta propuesta fue votada en el pleno y con estrechamiento de términos en la misma sesión quedó aprobada, solo para remitirlo al Poder Ejecutivo y que el gobernador, Emilio González Márquez lo publique y entre en vigor.

Se cuestionó a varios legisladores el contenido del dictamen y atinaron a referir que se trataba de una iniciativa que recogía la propuesta del gobernador, Emilio González Márquez y otras más, como la que presentó recientemente la fracción parlamentaria del PRI.

De acuerdo con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Roberto Marrufo esta nueva Ley es una norma que es más severa e integral.

Algunas consideraciones de esta nueva norma:

-Amplia catalogo de sujetos obligados.

-Aumenta la información fundamental.

-Crea el delito de incumplimiento de resoluciones del Instituto.

-Se fortalece la promoción de la cultura de transparencia.

-Se puntualiza la función del Consejo del Instituto de Transparencia.

-Se establecen de uno a siete años de presión y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien incumpla las resoluciones del Instituto de Información.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ