Diputada llama a aplicar Ley de Trata de Personas de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (19/FEB/2014).- En Jalisco ya existe una Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, en abril de 2013 los diputados locales avalaron esta norma que no se aplica porque falta un protocolo de atención a víctimas y un programa estatal anual para prevenir estos casos, lamentó la diputada del PRI, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.
 
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano dio a conocer una iniciativa que propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas.
 
"Con ello pretendemos actualizar la legislación en la materia para subsanar los vacíos relativos a los factores de vulnerabilidad de las personas", dijo la legisladora del PRI.
 
Rodríguez Ramírez señaló que esta ley carece de conceptos que sí incluye la legislación federal en la materia, como son: perspectiva de género, prohibición de la esclavitud y de la discriminación, interés superior del menor de edad, garantía de la no revictimización, entre otros; por lo que se plantea la incorporación de los mismos para armonizarla con la ley federal.
 
La legisladora se refirió al "Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México" elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este problema lo ha colocado como el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.
 
"Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional como el Estado que pone a las mujeres en una mayor condición de vulnerabilidad; debemos poner especial atención para prevenirla", señaló.
 
Rodríguez Ramírez llama a que se cumpla la Ley y se cree una comisión interinstitucional que establezca un término para la elaboración, aprobación y publicación del Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, que contenga los indicadores de resultado de las acciones establecidas en él y que se capacite a funcionarios públicos para que desde el área de su competencia, prevengan situaciones que vulneren su derechos.
 
La diputada también señaló la importancia de establecer un protocolo de atención a víctimas de este delito, ya que independientemente de un delito federal, el primer contacto con la o las víctimas lo tienen las autoridades estatal y municipal.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ