Despiden a funcionarios corruptos

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/2013).- Los juicios laborales millonarios que han perdido dependencias del Gobierno estatal fueron posibles por la complicidad de funcionarios corruptos que se han prestado a irregularidades legales, por omisiones o por acciones que facilitan el trabajo de abogados que lucran con estos casos, a costa de los trabajadores de Jalisco, denunció ayer el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer Ramírez, quien anunció que se inició proceso de inhabilitación a 30 funcionarios estatales.

Se trata de servidores públicos que en algunos casos ya fueron cesados de sus cargos y de otros que aún laboran en áreas de la dependencia. Entre los 30 involucrados están presidentes de juntas especiales, presidentes auxiliares, procuradores del trabajo y notificadores, a quienes por acciones, y particularmente por omisiones, se les iniciaron procesos administrativos para separarlos de sus cargos.

No obstante, Almaguer adelantó que también podrían hacerse acreedores a sanciones penales y, además, dijo que no se descarta que su predecesor en el cargo, Ernesto Espinosa Guarro, tenga alguna responsabilidad.

El funcionario acudió con los diputados de la comisión en la materia para presentar una propuesta de reforma al Código Penal, para sancionar penal y administrativamente a los abogados corruptos. Aclaró que no se trata de una iniciativa oficial, sino de una propuesta, y pidió a los diputados que la “hagan suya”; prevé, por ejemplo, penas de hasta tres años e inhabilitación para litigantes que “simulen actos jurídicos o alteren elementos de prueba con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido mayor al que corresponde, con independencia del resultado”.

Se refirió a los casos más emblemáticos: uno del SIAPA, donde litigantes abogaron por notificadores “que ni cobraban en el SIAPA ni tenían el sueldo que se reportan”, y el reciente juicio de empleados que exigen hasta cinco millones de pesos al Banco Diocesano de Alimentos.

Estimó en tres mil los casos que son manejados por 66 abogados llamados “talibanes”, que son litigantes que “llevan los procesos al extremo” y que representan a 10 despachos.

La presidenta de la Comisión de Trabajo en el Congreso local, Clara Gómez Caro, que analizarán la propuesta, aunque reconoció que no hay una fecha para presentar la iniciativa.