Demandas de Andares son “improcedentes”: Sánchez Aldana

ZAPOPAN, JALISCO.- La restitución de los 53 millones de pesos que exige la Desarrolladora Mexicana de Inmuebles (DMI), propietaria del Centro Comercial Andares, al Ayuntamiento de Zapopan por la construcción del paso a desnivel en el cruce de las avenidas Patria y Bulevar Puerta de Hierro es improcedente, consideró el presidente municipal, Juan Sánchez Aldana.

“Está convenido, no pueden irse por encima de los convenios, ellos no pueden decir ‘yo debería hacer un paso a desnivel, me lo tienes que pagar’”, contestó a una de las preguntas que le hizo un reportero.

El presidente municipal enfatizó que ignoraba la existencia del paquete de acciones legales que elaboró el equipo jurídico de DMI y que consideran en total el pago con recursos públicos de 92 millones de pesos. Recursos legales que serán analizados por el Ayuntamiento.

“Me enteré hoy por lo medios de comunicación, es cuestión de revisarlo, no sé cuál es la fundamentación que ellos (DMI) están utilizando, la realidad es que necesitamos hacer una revisión para hacer una declaración en ese sentido”.

La principal argumentación de DMI para exigir los 53 millones de pesos es que su dictamen de trazos, usos y destinos otorgado por la autoridad municipal no contempla como parte del proyecto las obras viales que posteriormente se exigieron, aunque sí firmaron el convenio con el Ayuntamiento y la Secretaría de Vialidad, donde se establecen tales obligaciones.

“No sé si sea un posicionamiento de Andares ante la próxima administración, necesito revisarlo; si están pidiendo inclusive reconocimiento de materiales, creo que puede ser un posicionamiento para la próxima administración”, luego precisó: “Esto (las obras viales) no es de palabra, está firmado y está por escrito”.

Con respecto al reconocimiento de materiales, el alcalde se refiere a los 35 millones de pesos que exige DMI, pues esta empresa afirma que su licencia de urbanización se dio nueve meses después de la firma del convenio con Zapopan y la Secretaría, a pesar de que tuvo que emitirse de inmediato, tardanza que les produjo, según los particulares, una afectación por esa cantidad, tanto por el incremento en el costo de los insumos como en la contratación de aspectos como la construcción del inmueble.

Se le preguntó al alcalde por qué entregaron a la plaza el certificado de habitabilidad, que es el último trámite que requiere cualquier edificación terminada de parte de la Dirección de Obras Públicas, a lo que respondió:

“Porque cumplieron con el paso más importante, que era el de Puerta de Hierro y Patria, que eso ya nos permite liberar la vialidad en términos de la plaza; en el caso de Royal Country está pendiente el tema de la caseta con los vecinos, los vecinos tendrán que entender tarde que temprano que lo que se pretende hacer allí (una vuela izquierda a nivel sobre Patria) es una obra que les dé garantía en la salida rápida de Royal Country hacia todos los lados, porque ellos la única salida que tienen es en Patria”.

Y ejemplificó: “El otro día había un choque en la salida de Royal Country, un choque entre dos vehículos, y quedaron allí estacionados y no podía salir por allí los vehículos de Royal Country, porque es su única salida; estamos nosotros planteando dos carriles de salida derecha y dos carriles de vuelta izquierda y eso le dará más fluidez, y para eso se necesita quitar esa caseta, que además no sirve para nada y que los vecinos no han querido ceder en la razón que es para su propio beneficio”.

Los 92 millones se exigen a través de tres acciones de reclamación a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, y que consisten, además del gasto en obras viales y el incremento en insumos, en el pago de cuatro millones de pesos por el tiempo de tardanza en la emisión de la licencia para su estacionamiento. Existe otro juicio de nulidad para reducir el predial que pretende cobrar la autoridad municipal.