Demanda IP reforma y cárcel a 'talibanes'

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2015).- Las pequeñas y medianas empresas son las que más padecen los juicios laborales representados por los abogados conocidos como “talibanes”. Una sola demanda en la que “inflan” los salarios y postergan el litigio es suficiente para mandar a la quiebra a estos negocios. Por eso la Iniciativa Privada (IP) de Jalisco, representada por la Coparmex, Cámara de Comercio (Canaco) y Consejo de Cámaras Industriales, urge al Congreso del Estado para que se apruebe la reforma al Código Penal, avalada ya por las comisiones de Justicia y Puntos Legislativos, para eliminar los vacíos y castigar hasta con seis años de cárcel a los abogados que participen en juicios fraudulentos.

“Es importante que se apruebe la reforma y que todo aquel que aporte un hecho falso sea motivo de una consecuencia. En otros estados se han aprobado leyes similares y disminuyó considerablemente el número de juicios”, subraya José Medina Mora, líder de la Coparmex, quien adelanta que realizan un estudio para conocer todas las empresas afectadas por estos abogados: “Hay afectaciones millonarias”.

Óscar Benavides, ex presidente patronal en la Entidad, remarcó en su gestión que el rezago de 60 mil demandas laborales les dejaba impactos por cuatro mil millones de pesos anuales a los empresarios. En parte, los “talibanes” son responsables de este problema porque la Secretaría del Trabajo entregó un resumen en el que se precisa que ocho despachos de “talibanes” acumulan ocho mil 538 casos, aunque después aseguró que sólo cuatro organizaciones estaban identificadas con prácticas fraudulentas y representaban tres mil 594 conflictos laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Juan Alonso Niño Cota, coordinador de los industriales, responde: “Ya tienen identificados a los despachos de estos abogados tramposos, que han concentrado y comprado estos casos engañando a los trabajadores en perjuicio de los empresarios. La oportunidad que vemos al tener al nuevo fiscal, Eduardo Almaguer, es que es un conocedor (del tema porque denunció a los mismos ‘talibanes’ como secretario del Trabajo). La autoridad tiene los elementos y la facultad para iniciar un procedimiento legal y, por otro lado, es fundamental que el Congreso le dé ya el visto bueno y apruebe la iniciativa (que aumenta las sanciones)… (Que) metan a la cárcel a quien está ocasionando un daño a la economía”.

Fernando Topete Dávila, presidente de la Canaco de Guadalajara, también urge a los legisladores a aprobar la iniciativa “antitalibán”: “Nos urge. Hay varios afiliados en riesgo de perder sus empresas, su patrimonio. Que no le aflojen”, es la recomendación al Congreso de Jalisco, así como a Héctor Pizano y Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo y fiscal general, respectivamente.