Defensa de Rodolfo Ocampo analiza recurrir al amparo

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2013).- Luego de recibir la notificación de auto de formal prisión para Rodolfo Ocampo, ex director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la defensa procederá contra el dictamen, y aunque está la posibilidad de una apelación, lo más factible en este caso es el amparo, explica el abogado defensor, Oswaldo Hernández Montes: “Consideramos que es mucho más probable el escenario del amparo, porque corre un poquito más rápido”.

La historia aquí no termina. El abogado se reunirá con su cliente, quien enfrenta cargos por peculado y desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades, para tomar la decisión final de las acciones que se tomarán ante la resolución; si es amparo tienen hasta 15 días para notificar, en el caso de la apelación son tres días hábiles. A la par, se abre el periodo de juicio, en el que ambas partes pueden continuar con la presentación de pruebas y así resolver las responsabilidades fincadas en Ocampo.

“En el juicio lo que sigue es ponerse a hacer un reanálisis menos apurado, para desglosar todas las pruebas, presentarlas, desahogarlas en lo que se sustancia el amparo, paralelamente. En un período de cuatro a seis meses (se resuelve), buscamos que sea lo más pronto posible”.

Las pruebas que ha presentado la parte defensora versan en los procesos requeridos para las cuentas públicas, dado que al dictamen de la Auditoría Superior del Estado, en el que se muestra el supuesto desvío de 280 millones de pesos, todavía le faltan revisiones, por ello no se puede fincar la responsabilidad total al ex funcionario.

“Son situaciones técnicas contenidas en la Ley. Una cuenta pública tiene que pasar ciertos procesos; desafortunadamente, el proceso que acaba de terminar en la Auditoría se llama dictamen final, pero no tiene una acepción final porque todavía tiene que pasar ante la Comisión de Vigilancia del Congreso y tiene que pasar por más procesos todavía, no tiene la validez concluyente o final”.

El abogado refirió que las pruebas presentadas el jueves pasado por la parte acusadora, en las que se muestra a Ocampo facultado para usar una chequera del Banco Mercantil del Norte (Banorte), de la que habrían salido los 280 millones de pesos supuestamente desviados, sirven a su favor porque se notifica que las cantidades corresponden al SIAPA y no a un uso personal.

Largo proceso

El periodo de juicio para ahora sí dictar una sentencia puede llevar un año, explica la titular del Juzgado Quinto de lo Penal, Elizabeth Álvarez, y en ese tiempo ambas partes pueden presentar pruebas, o el mismo Ocampo puede renunciar a este tiempo y pedir sentencia inmediata.

“Para la aplicación de la sanción tendrá que tomarse en consideración el perjuicio, el daño causado, entre otras cosas (...) Si se pudieran acreditar las dos conductas delictivas, la primera, que es delito de peculado, tiene una penalidad de dos a 12 años, y el desvío tiene la penalidad de dos a nueve; tendríamos que establecer si se aplicaría algún concurso y se lograra establecer la pena máxima, que serían los 12 años por el delito más grave, el peculado”, explica la titular del Juzgado.

LA VOZ DEL EXPERTO
Es difícil que lo obtenga

Antonio de Jesús Mendoza (investigador de la UdeG)

Debido al tamaño del delito que se le imputa, es improbable que Rodolfo Ocampo, ex director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pueda obtener un amparo. Así lo ve Antonio de Jesús Mendoza Mejía, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y experto en derecho.

El académico menciona: “Yo creo que lo van a intentar, pero la probabilidad quizá no se dé. Precisamente todo está ajustado como marca la norma y el procedimiento penal”.

Además, agrega que por el tamaño del delito tampoco es probable hablar de una fianza: “Según la cuantía alcanza la fianza, pero aquí es un delito grave porque rebasa cualquier expectativa de malversación de fondos”.

Mendoza Mejía recuerda que, si bien es poco común el que un ex funcionario atraviese por este proceso en el país, en Jalisco es la primera vez que se da un caso de esta naturaleza con un ex funcionario de alto nivel. Esto, afirma, tiene su origen en las negociaciones políticas para resguardar a los presuntos culpables de los desfalcos; para muestra, dice, está el Congreso del Estado.

Sobre el delito de peculado, afirma el académico, no es difícil de probar; el problema radica en la protección política que tienen estos personajes en el momento de cometer la acción ilegal. De otra manera, dice, el sistema de fiscalización de recursos podría captar estos movimientos.

CRÓNICA
Un rostro inexpresivo

Salió con anticipación, y aparentemente con el único propósito de hablar brevemente a los micrófonos de una televisora local.

Rodolfo Ocampo atravesó la puerta de acceso al breve salón que separa el Juzgado Quinto con el espacio restringido para custodios e internos del penal de Puente Grande, minutos antes de las 15:00 horas.

Los representantes de medios apenas alistaban cables, posicionaban sus respectivas cámaras y verificaban el correcto funcionamiento de los micrófonos, cuando Ocampo se colocó atrás del enrejado, usando una camisa blanca (el “uniforme” del penal), y mostrando un rostro inexpresivo.  

Los flashes detonaron en la cara del ex funcionario, pero él los enfrentó con un porte estoico, mirando fijamente los lentes que le buscaban ansiosos.

“¿Cómo se siente?”, fue la pregunta de arranque, que asintió con monosílabos y frases cortas. Se dijo inocente, pero sólo hasta que la pregunta se le formuló en esos términos. Agradeció el apoyo de su familia y aseguró encontrarse bien; recibir un buen trato al interior del complejo carcelario.

“Siendo las 15 horas con 30 minutos del 14 de junio del año 2013, se decreta auto de formal prisión en contra de...”, y el rostro continuó inexpresivo.