De ser por mí, ni un peso a consejeros y magistrados: Aristóteles

GUADALAJARA, JALISCO (02/OCT/2014).- Si la decisión de indemnizar a magistrados y consejeros electorales recayera únicamente en el Gobierno del Estado, éstos no obtendrían "un sólo peso" más del que éstos ya han desquitado en sus actividades laborales cotidianas, advierte el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval.

No obstante, recuerda que la determinación final de un pago por concluir su periodo de servicio está no sólo en manos del Ejecutivo, sino de "varios poderes".

"Si fuera por el gobernador, yo no les daba nada. (Pero) ahora hay que esperar y atender la Ley como es", dijo minutos después de realizar un recorrido por las escuelas de la colonia Rinconada de San Andrés, que resultaron afectadas por la tormenta del martes en madrugada.

Se le preguntó si, dada su rotunda negativa, instruiría eventualmente a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) para autorizar el pago por 44 millones de pesos a cinco magistrados que argumentan "despido injustificado", y de 16.5 millones más para consejeros, aunque en realidad se trata de la Reforma Electoral y el hecho de que ésta no estipula indemnizaciones.   

La respuesta del mandatario estatal: "El Ejecutivo solamente validará lo que está en la Ley; ni un peso más. Y, repito: si fuera (sólo) por el gobernador no les daría ni un peso".  

Expuso que, independientemente del desarrollo en la argumentación, no permitirá que alguien se "enrriquezca" con los recursos del Estado. "Necesitamos conducirnos con transparencia, con honestidad (...) nadie se va a enrriquecer de esta forma, no lo vamos a permitir. Vamos a actuar con todo el peso de la Ley, de acuerdo al margen normativo y legal que tenemos".  

En la Reforma Electoral no se establecen recursos para destinar a indemnizaciones; ni para consejeros ni para los magistrados que dejarán sus cargos. Ni obstante, los magistrados que buscan
indemnizaciones millonarias lo califican como "despido injustificado". Su argumentación es que fueron designados hasta mayo de 2016.

De acuerdo con tres expertos consultados por esta casa editorial al respecto, la determinación constitucional impide modificaciones, por lo que entregar un pago a magistrados por este concepto sería "ilegal". El Estado de Tabasco ya ha dado ejemplo de cómo proceden estos casos: ni siquiera se entra de fondo a la discusión: es improcedente.

EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA