Cruz Verde tapatía pierde entre siete y 10 MDP cada año

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2010).- La Secretaría de Servicios Médicos de Guadalajara deja de percibir cada año entre siete y 10 millones de pesos (MDP) por la atención de urgencia que le presta a personas con seguro médico, pero cuyas aseguradoras se niegan a pagar los costos, pese a que así lo estipula la Ley de Ingresos del Ayuntamiento tapatío.

El Artículo 69 de la Ley dice sobre la atención de urgencia: “Los servicios a que se refiere el presente artículo son de carácter asistencial, por lo que aquellas personas que sean sujetos o cuenten con cobertura de seguro médico, o se encuentren inscritos a alguna institución de seguridad médica privada, serán sujetos a una cuota que se determinará aplicando a la tarifa establecida un 50% adicional por servicio prestado”.

Es decir, las personas aseguradas deberían pagar 50% más que las que no lo están, sin embargo, esto no ha podido hacerse efectivo por la autoridad municipal. 

“Hemos tratado de hacer mecanismos que definitivamente, a veces, los mismos medios de comunicación lo han tomado de bandera en el hecho de que se están haciendo cobros a la  ciudadanía cuando no se debe de cobrar, cuando la propia Ley te lo marca, y aparte se está cobrando ni siquiera al ciudadano, se le está cobrando a la aseguradora, pero como las aseguradoras dicen —es que yo aseguradora no te estoy pidiendo a ti municipio que me atiendas a mi paciente, tú llegas solito y lo atiendes, por qué te voy a pagar—“, dijo el titular de la Secretaría, Antonio Cruces Mada.

Aunó el alcalde, Aristóteles Sandoval Díaz: “Resulta que después de estabilizar al paciente, cuando llega en el momento crítico, en el más delicado, se traslada (después) a un hospital privado y termina el seguro (del paciente) pagando todos los gastos al hospital privado, y qué pasa con el municipio, qué pasa con nuestra Cruz Verde, que es la que menos recursos tiene, pero además de las que tienen el personal más capacitado y profesional que preste este servicio de urgencias”.

Por lo tanto, la dependencia continúa en comunicación con las aseguradoras para lograr algún convenio, el cual le garantice el pago de los servicios de estabilización que les presta a personas con seguro médico.

También se promueve la utilización de un pagaré mercantil (aunque sin una buena aceptación social aún) que el paciente atendido y estabilizado firma, para que luego lo cobre ante su aseguradora y así se pueda pagar el servicio de la autoridad municipal.