Critican clasificación de decesos por abuso de autoridad

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2012).- Un joven fue “levantado” del negocio de su padre en la Colonia Santa Tere por hombres vestidos de negro que viajaban en dos camionetas. Sin decirle de qué se trataba, lo golpearon, lo esposaron y se lo llevaron el 28 de enero de 2011. Tres días después lo trasladaron a la Comisaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, donde lo torturaron (le pusieron una bolsa en la cabeza, le aplicaron descargas eléctricas y lo golpearon) y luego lo llevaron a la Procuraduría, donde pudo salir bajo fianza. Días después, murió.

El acta de defunción es contundente: murió por pancreatitis hemorrágica a consecuencia de un golpe profundo en el abdomen (presentaba un morete “impresionante” de 35x20 centímetros), coadyuvada por “encefalopatía anoxo-isquémica secundaria a broncoaspiración”.

Este caso (recomendación 54/2011) es un ejemplo de cómo una detención ilegal va acompañada de golpes, tortura y, en algunos casos, esto provoca la muerte de los detenidos, tal como sucedió con el papá del reo que murió por golpes a finales de diciembre de 2011. Hay otros.

Otras privaciones de la vida —con base en los casos documentados en los últimos cinco años por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)— fueron producto de disparos a quemarropa, balas perdidas (por ejemplo, en la plaza de Poncitlán, un policía disparó al aire y una bala se incrustó en el rostro de un niño de 11 años) y un secuestro planeado por un policía investigador, quien terminó matando a los seis integrantes de la familia plagiada.

El abogado Francisco Macías Medina, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), cuestiona que la CEDHJ realice las recomendaciones con el enfoque del derecho a la vida, “pues lo que aquí tenemos son ejecuciones extrajudicial, ya que aquí está la problemática del uso de la fuerza de la policía”.

El informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, publicado el 30 de agosto de 2011, señala que el uso de la fuerza letal podría llegar a constituir una violación del derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a un juicio imparcial. Y por ello, uno de los temas recurrentes de la vigilancia de los derechos humanos en la esfera de las ejecuciones extrajudiciales es el uso excesivo de la fuerza, también en el contexto del arresto.

Y en el contexto de violencia que vive actualmente el país, a la ONU le preocupa esta situación, lo cual coincide con que hasta la fecha México no ha permitido la visita del relator.

Según el informe existen diversos estudios que intentan explicar el uso excesivo de la fuerza y, según se dice, resulta a veces que se da en un clima de atrocidades. Entre los factores que lo explican están: la impunidad y una cultura de anarquía, la presencia de unidades policiales pequeñas o selectas con independencia operacional ; una estructura policial excesivamente jerárquica y un Gobierno autocrático; estructuras de poder paralelas al Gobierno; los códigos de silencio de la policía; la renuencia de los fiscales a presentar cargos contra la Policía; la aprobación tácita de los políticos; la falta de supervisión; el consentimiento y el aliento del público; la peligrosa retórica pública (por ejemplo “guerra a las drogas”); la corrupción; la falta de confianza en el sistema de justicia penal.

Este diario solicitó entrevistas a la SSP, la PGJE, el ayuntamiento de Zapopan y la CEDHJ, para conocer qué sucedió con los policías involucrados en alguna de éstas muertes y para conocer su visión sobre el tema. En todos los casos comentaron que no alcanzaban a dar respuesta antes de que se publicara, pues había mucha información que analizar.

El responsable de Comunicación Social de la PGJE advirtió que el asesinato de una familia por parte de un policía investigador no es ejecución extrajudicial. Y tiene razón, con base en el Código Penal, sin embargo, podría entrar en la categoría de ejecución extrajudicial si se ve desde la perspectiva de los derechos humanos (especialmente por la reciente reforma constitucional), pues incluye la omisión del Estado para evitar este tipo de muertes.

Las lesiones

A un hombre le prendieron fuego policías de Zapopan y quedó con 23% de su cuerpo quemado. A un joven lo intentaron detener y perdió un ojo por una patada que le dio un elemento de seguridad de Guadalajara. Al conductor de un camión de carga al que le dispararon en las piernas y, así, hay decenas de historias de golpes y tortura que no terminaron en muerte, pero que sí dejaron lesiones en las personas por el excesivo uso de la fuerza.

El abogado Francisco Macías Medina considera que la cifra negra tanto de las muertes en las que participaron policías como de las lesiones y la tortura debe ser altísima. “Además de lo que no se denuncia por temor a estas corporaciones (de impartición de justicia), hay que considerar que de acuerdo a las Naciones Unidas en las ejecuciones extrajudiciales no siempre participa el Estado, sino que puede haber grupos auspiciados o permitidos por el propio Estado o por particulares que generan este tipo de amenazas, como paramilitares, de manera que la muerte de los 26 jóvenes que aparecieron en los Arcos del Milenio se circunscribe a esta dinámica de ejecución extrajudicial”.

Es decir, el mandato del relator sobre las ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas es investigar la violación del derecho a la vida, e incluye tanto la participación de elementos policiacos como ejecuciones perpetradas por paramilitares, grupos tolerados por el Estado, muertes por tortura, por escuadrones de la muerte, por conflictos armados, por el incumplimiento en el deber de investigar y juzgar, entre otros.

Con la reciente reforma constitucional de derechos humanos, las comisiones en esta materia deberían integrar esta perspectiva, ya que deben tener una visión de la legislación. “El problema es que no ven este problema con un contenido amplio. Es decir, tienen una visión de ministerio público y no adoptan los criterios internacionales de derechos humanos”.

De acuerdo con Naciones Unidas, la actuación torpe de la Policía puede tener consecuencias de gran alcance para la sociedad en su conjunto. La escalada del uso de fuerza por la Policía puede aumentar los niveles generales de violencia en la sociedad.

TELÓN DE FONDO
Vieja práctica de la “Procu”

En 2011 se emitieron cinco recomendaciones por tortura y en 2010, cuatro, a pesar de que el procurador Tomás Coronado ha señalado en dos ocasiones (2009 y 2010) que estas prácticas no existen en Jalisco.

Esto implica que el panorama no ha cambiado desde que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) emitió un informe en el que analiza esta práctica entre 2000 y 2009, ya que “no sólo daña la integridad física, psicológica y moral de la víctima, sino también su entorno familiar, laboral, intelectual y social”.

La razón por la que eligieron investigar esta situación es que, justifican, desde los años sesenta ha sido un secreto a voces que existían lugares para torturar a civiles inocentes como a integrantes de alguna guerrilla por parte de policías locales, federales y del Ejército mexicano.

La punta del iceberg y tal vez el caso que más se ha difundido a nivel internacional por su trascendencia, fue lo que sucedió el 28 de mayo de 2004, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, del Caribe y de la Unión Europea, en el que más de un centenar de jóvenes sufrieron detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, inhumanos y degradantes, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Allanamientos, en aumento
Carecen de cifras para determinar violaciones a los derechos humanos

El ombudsman estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ha señalado en recientes ruedas de prensa que percibe que con la “guerra contra el narco” se han intensificado los allanamientos y las detenciones ilegales en las que participan elementos policiacos con pasamontañas y con las placas de los vehículos ocultas, con la justificación de que no quieren que los reconozcan los “delincuentes”. Sin embargo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) normalmente acota que no tiene las cifras para hacer un análisis preciso.

En los años previos a 2007, la CEDHJ documentó menos muertes relacionadas con elementos de seguridad, aunque lo que sí ha sido una constante son las detenciones ilegales, las lesiones y la tortura. Solo con base en estas cifras, todo indica que la violencia por parte de autoridades policiacas se ha incrementado desde 2008, año en el que comenzó la fragmentación del cártel del Milenio con la detención del “Lobo” Valencia y que marcó el punto en el que comenzó la espiral de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en distintos municipios del interior del Estado, lo que puede ser un argumento que utilicen las corporaciones policiacas para justificar su actuación.

En 2011, de las 60 recomendaciones que se emitieron, en 18 (cinco de la Secretaría de Seguridad Pública y cinco de la Procuraduría, el resto de Tlaquepaque, Zapopan, Zapotlanejo, Tonalá, Juanacatlán, Tequila, el Arenal y Amatitán y Guadalajara) se acreditó allanamiento, la detención arbitraria y lesiones que en algunos casos provocaron el fallecimiento.

En 2010 fueron 20 recomendaciones que abarcan estos puntos, en las cuales hay ocho muertes.

Ese mismo año se repitió el modus operandi de las detenciones con unidades que tapan el número de la placa, vestidos de civil y que entran a las fincas sin orden de cateo. En esta ocasión fueron policías de Tonalá, quienes golpearon al “detenido” con la justificación de que habían recibido una llamada anónima de que ahí vendían droga.

También se pronunció el organismo porque policías de El Arenal y Tala dispararon a un vehículo en el que viajaban tres muchachos y uno de ellos murió. En Poncitlán, un policía sacó su arma de fuego y efectuó tres disparos y uno de ellos se impactó en el rostro de un niño, quien murió inmediatamente.

En 2009, alrededor de 20 recomendaciones fueron por tortura, privación ilegal de la vida, detenciones ilegales, allanamiento y lesiones. La cifra es más o menos similar en 2008 y 2007.

Del total de recomendaciones por este tipo de violaciones, la procuraduría Estatal es la más señalada por actos de tortura y allanamientos, mientras que de la Secretaría de Seguridad Pública, la CEDHJ explica su patrón de conducta en el documento 39/2009: “Con motivo de los operativos diseñados la dependencia, los  agentes participantes han llevado a cabo en los municipios del estado múltiples actos violatorios de derechos humanos consistentes en detenciones arbitrarias, irrupciones en domicilios particulares, lesiones, maltrato físico y de carácter sexual, robos, en general, abusos de autoridad. La mecánica de trabajo utilizada en la mayoría de las ocasiones inicia con las llamadas denuncias anónimas, que muchas veces no están sustentadas en hechos reales, sino en suposiciones o falsas denuncias, y el tratamiento y atención que se les da dista mucho del procedimiento legal previsto para cualquier denuncia de hechos”.

El abogado Francisco Macías Medina, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), explica la gravedad de todos incidentes, pues justo el problema radica en la impunidad. Un ejemplo es el tema de tortura: de acuerdo a una investigación del Cepad, hay más de mil casos de tortura documentados y no existe ninguna autoridad judicial investigada.

“Tenemos que ver esta impunidad porque justo en estos entornos es donde se dan los climas de atrocidades de los que habla el relator de las Naciones Unidas, pues tenemos anarquía de la Policía, un Gobierno autocrático, estructuras paralelas en la misma Policía, hermandades, abogados y médicos que colaboran para ocultar una ejecución, silencio de autoridad ante estos hechos. En términos generales hay una renuencia a presentar cargos”.

Otro elemento a analizar, señala, es que el Estado ha aumentado su capacidad de fuego. De todos las muertes que se han dado en enfrentamientos, especialmente en la zona Norte y Altos de Jalisco, no hay investigaciones ministeriales ni rendición de cuentas. Lo mismo en el resto de homicidios (mil 200 en 2011).

RECOMENDACIONES DE CEDHJ
Detención ilegal, lesiones, tortura o privación de la vida

2011: 18; en tres casos se violó el derecho a la vida, por parte de la SSP, elementos de Zapotlanejo y Guadalajara. También hubo una lesión por arma de fuego por parte de policías zapopanos.

2010: 20; ocho muertes en las que estuvieron involucrados los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Arenal y Tala y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

2009: 16; cinco privaciones de la vida. Las recomendaciones están dirigidas a Guadalajara, Jamay, Zapotlanejo, Lagos de Moreno, la SSP y la Procuraduría.

2008: 20; siete muertes. Estuvieron involucrados elementos de Guadalajara, Zapopan, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ayotlán, la SSP y la PGJE.

2007: nueve; dos casos por muerte en los que estuvo relacionada la Policía de Guadalajara y la Procuraduría estatal.

2006: siete; un policía de Zapopan provocó una muerte durante un intento de detención en una riña.

Privación de la vida

2011

SSP. Sacaron de un restaurante a una persona, la torturaron y murió días después por los golpes (54/2011).

Zapotlanejo. Le marcaron el alto, alzó las manos y le dispararon (48/201).

Guadalajara. Muerte por contusión de tórax (25/2011).

2010

PGR. Asesinato múltiple de seis personas (29/2010).

El Arenal y Tala. Disparan arma de fuego (13/2010).

Poncitlán. Bala perdida en rostro de niño (11/2010).

2009

Ocotlán. Muerte de un joven, en una persecución (25/2009).

Jamay. Muere después de que lo detienen, sin razón (09/2009).

Tlajomulco. Perforación en el intestino por golpes (08/2009).

Tepatitlán. Golpean a un mesero y dejan su cuerpo en un barranco, por golpes en el abdomen (05/2009).

SSP. En un operativo, uno intenta huir y le disparan por la espalda (03/2009).

2008

Ixtlahuacán. Suicido o agresión, pendiente (31/2008).

SSP. Dispararon y murió un niño y dejaron grave a otra persona (20/2008).

PGJ. Jugó vencidas y le ganó. Por eso le disparó (16/2008).

Zapopan. Policía responsable de un asesinato en Paraísos del Colli (4/2008).

PGJ. Muere detenido por contusión de tercer grado de abdomen y tórax. (2/2008).

2007

Guadalajara. Policía que asesina a un hombre en un negocio (14/2007).

PGJ. En Cuautitlán, un hombre intentó huir y le dispararon (10/2007).