Consideran necesario reformar Ley de Adolescentes del Estado

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2013).- "Sería importante considerar el tipo de delitos cometidos entre los 16 y menores de 18 años, porque no es lo mismo robarse un chocolate (considerado como un robo menor) que cometer un delito grave, como un secuestro u homicidio", indica Rogelio Barba Álvarez, profesor e investigador del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
 
Y es que el académico hace referencia al caso de Isaac, el menor que presuntamente participó en la desaparición y muerte de Luis Antonio y Andrés, y quien fue remitido ayer al Juzgado Segundo Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores.
 
El investigador está a favor de una reforma a la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco, en la cual se cambie la forma de evaluar la peligrosidad del menor y poner otro tipo de sanción que tenga que ver con su responsabilidad en el delito.
 
Comenta que a nivel nacional se tendría que valorar este tipo de conductas y hechos, puesto a que es alarmante cómo los menores de edad están participando en hechos criminales relacionados con la delincuencia organizada, por lo que también deberían de llevar un proceso especial parecido al de los adultos y no sólo un internamiento para su reinserción social.
 
"Dada la importancia, la connotación y la lesión a la sociedad se debe valorar que ya necesita un tratamiento como si fuera mayor de edad. Se deben tomar en cuenta los antecedentes criminales, la peligrosidad y todos los elementos que puedan indicar que el menor sabía que iba a ocurrir este hecho lamentable".
 
Asimismo, Barba Álvarez agrega que con una reforma a esta ley se atacaría la problemática de inmiscuir a los menores de edad en el crimen organizado. Además de crear oportunidades de estudio para los adolescentes.

La cárcel no es solución para menores infractores

Para que los menores de edad no sean enredados por el crimen organizado, "hace falta una reestructuración económica en el país por parte del gobierno para recuperar parte de la seguridad pública que está perdida, y que la ciudadanía haga conciencia para frenar este tipo de actos delictivos", señala Felipe de Jesús Garibay Valle, Presidente de la Academia de Derecho Procesal Penal de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
 
Por ello, propone, en el caso de los menores de edad, "que haya más oportunidades de estudiar o trabajar, ya que este sector de la población es blanco fácil de los grupos delictivos. Además de que los adolescentes son lo que le sale más baratos a los criminales, por la misma necesidad de obtener recursos".
 
Plantea que se debe ofrecer a los adolescentes que no estudien, una ocupación legal que les permita obtener recursos para subsistir, la cual se convierte en una necesidad de respeto hacia los demás.
 
Y es que considera que "las sentencias de cárcel, los internamientos, o el aumento de las penas no solucionan los problemas cuando se trata de adolescentes infractores, puesto que el país está inmerso en un problema de carácter económico y cultural, los menores buscan un tipo de escapatoria y una de sus opciones es el crimen organizado. En consecuencia, se pierde el respeto por la vida y derechos ajenos".
 
Añade que teniendo en cuenta todas las garantías de la ley a su favor, un muchacho no se va abstener de delinquir. Y reitera que la solución no es la cárcel, ya que tenerlos allí cuesta dinero a quienes pagan impuestos.