Consejo Ciudadano de Transparencia pide investigar Licencias de Zapopan

ZAPOPAN, JALISCO.-  El Consejo Ciudadano de Transparencia de Zapopan emitió una recomendación formal al presidente municipal, Juan Sánchez Aldana, para que se le instaure un procedimiento de responsabilidad administrativa a la titular de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, Guadalupe Castillo Novoa.

Esta recomendación es resultado de la queja que interpuso ante ese órgano Ana Lourdes Ramírez, quien pretende refrendar una licencia para operar el plantel de preescolar ubicado en la calle Eca Do Queiros 5031, en la colonia Jardines Universidad, y que pese a reunir todos los requisitos se les negó el trámite de forma infundada en la Oficialía, aseveró el Consejo Ciudadano de Transparencia.

Lo que se presume es una extralimitación por parte de Castillo Novoa en sus funciones, pues solicitó a la Secretaría de Vialidad y a la Secretaría de Educación Jalisco que no autorizaran ningún trámite para el citado centro escolar que promueven los particulares. Para el consejo, esto coarta derechos y garantías individuales a los peticionarios.

El consejo también solicita que se investigue el extravío del expediente correspondiente al plantel de preescolar, que cuenta con  la licencia 1006001231 y cuyos antecedentes documentales no fueron encontrados en la Dirección de Licencias ni en el Archivo Municipal.

En otros puntos de la recomendación, el organismo se refiere a varias propuestas para mejorar el servicio de la Oficialía y demás dependencias municipales, como la publicación y difusión permanente de las guías de requisitos y trámites de los servicios que prestan a la sociedad. También que los servidores públicos ofrezcan una atención respetuosa a los ciudadanos y que porten gafetes con nombre, cargo y fotografía. De igual forma, se le pide a la Contraloría Municipal que implemente y supervise el programa de usuario simulado para validar que se cumplan los procedimientos adecuados y se exijan los requisitos oficiales en la tramitación de licencias municipales.   

La consejera María Elena Sánchez Ruiz señaló que pretenden que impere el estado de derecho, y por ello también se le solicita a la autoridad municipal que entregue el refrendo de la licencia al particular. Además, dijo que están investigando otros ocho casos con presuntas inconsistencias de la Oficialía. Por su parte, el consejero Armando Villalvazo Aguilar dijo que no pretenden erigirse en jueces, sino en conciliadores entre la ciudadanía y la autoridad.


Un “no” para el alcalde

En la relatoría de los hechos que los peticionarios hicieron al Consejo Ciudadano de Transparencia, se menciona que el 25 de junio hubo una reunión en la oficina del regidor Gabriel Ramírez Ibarra, presidente de la Comisión de Transparencia, donde estuvieron presentes los particulares y la oficial mayor, Castillo Novoa, para tratar el asunto del preescolar.

Los ciudadanos aseveran que el alcalde Juan Sánchez Aldana se comunicó con la oficial por teléfono para indicarle que autorizara la licencia, a lo que ella habría respondido: “No, no, que no se la merecen… están totalmente ilegales, totalmente chuecos. Aquí hay cosas muy raras”.
Los particulares también afirman que la oficial mayor enfatizó que los trámites que habían obtenido en Obras Públicas se otorgaron a través de corruptelas, lo que ellos niegan y consideran ofensivo.  

Licencias contra ordenamientos

Ayer, EL INFORMADOR documentó siete licencias autorizadas por la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias que violentan los lineamientos de los planes parciales de desarrollo urbano, por tratarse de giros que resultan incompatibles con los usos de suelo donde se asentaron.

Estos casos confirman que bajo la gestión de Castillo Novoa al frente de la dependencia se adoptó un proceso de autorización irregular, pues se reconsideraron usos de suelo con su consentimiento, pese a ser éste un trámite sobre el que no tiene facultades la Oficialía Mayor, según el artículo 114 del Reglamento Interno del Ayuntamiento.  

Sin haber recurrido a la opinión técnica de la Dirección de Planeación de Obras Públicas, la Oficialía autorizó industrias y comercios en zonas habitacionales y una industria pesada y de alto riesgo en un área con uso de granja y huertos, por citar algunos ejemplos.  

Las sanciones del Código

El Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su artículo 373, señala que los servidores públicos incurren en responsabilidad y serán acreedores a sanciones cuando “realicen o autoricen actos en contra de lo dispuesto en los programas y planes de desarrollo urbano y su zonificación”, según la fracción IV.

El artículo 375 dice: “Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este código, los reglamentos, los planes o programas, la zonificación establecida y demás disposiciones que se expidan, serán sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes…”.