Congreso empantana caso SIAPA

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2013).- En tres meses más pasará a votación en el Poder Legislativo la petición de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), para fincar responsabilidades por “inconsistencias” detectadas en 2008, por 706 millones 449 mil 978 pesos de desvíos y “desaparición” de fondos en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), del empréstito contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la conclusión del programa Todos con Agua.

La decisión respecto al futuro que depara a los integrantes del Consejo de Administración de ese año en el organismo operador del agua y que, de acuerdo con la Auditoría Superior, permitieron las irregularidades detectadas, se harán después de que se desahoguen cerca de 100 informes previos, informó el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel Alatorre Franco.

No obstante, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Miguel Castro, expuso que se revisará la viabilidad de atender el asunto a la brevedad. “Nos parece importante que se atienda para que se puedan desahogar los elementos que están sobre la mesa”.

De acuerdo con Alatorre Franco, el informe que sugiere fincar responsabilidades de orden penal a César Coll Carabias, ex alcalde tapatío y anterior titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA); y a Juan Sánchez Aldana, el último presidente municipal de extracción panista en Zapopan, llegó al Congreso el pasado 2 de mayo; es decir, más de un mes antes que la información fuera pública. “La comisión (legislativa) tiene nueve meses para dictaminar si son correctas las aseveraciones de la Auditoría. Y las personas físicas y el ente (SIAPA/CEA) observado tiene un espacio para solventar los cargos y entregar documentos que demuestren lo contrario”, describe.

El proceso a seguir, luego de que el Congreso finque cargos formalmente, será la entrega, por medio de Auditoría, de una notificación para iniciar el procedimiento de cobro de las inconsistencias. “Si los cargos siguen así, se va a  pedir al director (César Coll Carabias) y al propio Consejo de Administración que regrese ese dinero. Se va a agravar su situación si no tienen la documentación que pruebe lo contrario”.

Indicó que no ha llegado ningún documento del SIAPA o de los inculpados que refute los señalamientos. “Si sigue así, en dos meses se puede emitir un documento donde se le imponen los cargos”. Puntualizó que este proceso es distinto a la orden de aprehensión contra el ex titular de la operadora metropolitana, Rodolfo Ocampo, caso por el cual se encuentran prófugos la entonces tesorera de la paramunicipal, Diana Julieta Rodríguez, y el gerente de finanzas en turno, Mario Alberto Juárez.