Congreso cancela su decreto en contra de Vizcarra

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2013).- La justicia federal “tumbó” el decreto del Congreso del Estado del 11 de noviembre de 2011, con el que había rechazado la cuenta pública del Ayuntamiento de Tonalá de 2009, y que fincaba un crédito fiscal por 97 millones 036 mil 762 pesos en contra de quienes consideró responsables de las irregularidades halladas, y que ascendieron a ese monto: los ex alcaldes Emanuel Agustín Ordoñez Hernández y Jorge Vizcarra Mayorga.

El decreto quedó sin validez debido al juicio de amparo que promovió otro de los señalados por el Congreso del Estado, Hugo Ricardo Salazar Silva, quien se desempeñó como secretario general del Ayuntamiento del 1 de enero al 17 de septiembre de 2009.

El juicio de Salazar Silva (480/2012) llegó hasta el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde los magistrados determinaron que el proceso seguido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en su contra tuvo vicios de inconstitucionalidad, pues le negó su derecho de audiencia y defensa.

Resulta que la ASEJ no le notificó personalmente a Salazar Silva del plazo que tenía para presentar sus alegatos a las irregularidades que se la achacaban, únicamente lo anunció en estrados, por lo que el quejoso aseveró que no estuvo enterado del proceso que se desahogaba.

Los magistrados concluyeron que los actos que se derivaron posteriormente de ese proceso inadecuado de la ASEJ debían quedar sin validez, entre estos, el decreto 23650/LIX/11, donde se rechazó la cuenta pública 2009 de ese municipio y se ordenó elevar el crédito fiscal millonario para los ex funcionarios tonaltecas.

Al confirmar la irregularidad del proceso de la ASEJ, dice la resolución, “por orden lógico trae como consecuencia que estos (actos posteriores) deban dejarse insubsistentes por derivar de un procedimiento viciado y no pueda analizarse su constitucionalidad”.  

Cuando los magistrados exponen que no pudo estudiarse “la constitucionalidad” del decreto (aunque sí la del proceso de la ASEJ), se refieren a que Salazar Silva también reclamaba que, aun si hubiera tenido derecho a audiencia, él no debía ser considerado sujeto auditable ni responsable solidario de los cargos, pues se desempeñó únicamente como secretario general. Esto, como puede verse, no fue valorado en su fondo por la justicia federal.

De esta manera, y acatando la resolución, el 13 de junio pasado se publicó un nuevo decreto del Congreso estatal (24422) que abroga el que se declaró insubsistente (23650), y donde los legisladores instruyen a la ASEJ para que repita el proceso, y ahora sí notifique personalmente a Salazar Silva del oficio que nunca conoció, para saldar la irregularidad puntualizada por el tribunal.

El punto 3 del nuevo decreto del Congreso refiere: “Una vez corregidos los vicios señalados por el Cuarto Tribunal de Circuito en el Estado de Jalisco, se ordena a la ASEJ para que en la brevedad posible emita un nuevo informe final de la cuenta pública del Ayuntamiento de Tonalá, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009”.

Otros ex funcionarios que estuvieron en 2009 en el Ayuntamiento, y que habían sido señalados como responsables en el decreto ahora abrogado, son Ramiro Suárez Nuño (tesorero del 1 de enero al 27 de agosto; y del 11 de septiembre al 31 de diciembre); José de Jesús Alcaraz Ayala (tesorero de 28 de agosto al 10 de septiembre); y Margarita Iñiguez Pajarito (secretaria general de 18 de septiembre al 31 de diciembre).

EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA