Congelan 600 empleos en Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2012).- Al volver a la actividad tras las vacaciones en el Congreso (donde oficialmente laboran alrededor de mil 300 trabajadores), 600 empleados se encontraron con la sorpresa de que su contrato no será renovado al menos durante la primera quincena.

El diputado presidente del Congreso, Salvador Barajas del Toro, confirmó que antes de concluir 2011 la Junta de Coordinación Política acordó reducir la nómina ante el problema económico al que se enfrentaron los actuales legisladores cuando se vieron en dificultades para pagar los salarios de los empleados, correspondientes a la primera y segunda quincenas de noviembre.

Para evitar una situación similar ayer se tomó la primera medida: los 600 empleados contratados bajo el esquema de supernumerarios —contratos que se renuevan por periodos, la mayoría cada tres meses— fueron notificados que no tenían nada seguro y su contrato puede no renovarse.

El martes, el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López, informó que en esta quincena pueden reducir hasta 300 trabajadores que son supernumerarios. En esa ocasión el diputado del PRD dijo que su partido no puede llevar a cabo este proceso de manera individual y recordó que deben aprobarlo las otras bancadas, del PAN, PRI y Partido Verde.

Entre los legisladores existe disparidad de cifras entre los empleados que podrían no tener renovación de contrato. El presidente de la Mesa Directiva, Salvador Barajas, estimó que el número podría ascender a 400. A finales de 2011, el coordinador parlamentario del PRI, Roberto Marrufo, aventuró que los despedidos podrían ser 600 o 700.

Para definir el número de empleados a los que se dará de baja de manera definitiva, la Secretaría General del Congreso, a cargo de José Manuel Correa Ceseña, llevó a cabo un análisis y presentó un diagnóstico de los perfiles y los empleados que cobran pero que no laboran.

Correa Ceseña descartó que esta medida (no renovar contrato a los supernumerarios) provoque consecuencias legales y el pago de onerosos laudos laborales, pues afirma que no existen argumentos de defensa para quienes queden sin trabajo, ante las pruebas de que la mayoría de ellos no acuden a trabajar. Además, el funcionario adelantó que una vez concluido el proceso, propondrá a la Junta de Coordinación Política que se lleve a cabo una auditoría administrativa humana externa.

Se prevé que a más tardar el 15 de enero, la Junta de Coordinación Política y el secretario general notifiquen definitivamente quiénes quedarán fuera de la nómina.