Concentra Sexta Sala del TAE resoluciones a favor de gasolineras

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2015).- En la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), presidida por el magistrado Alberto Barba Gómez, han “caído” las demandas interpuestas por gasolineros y empresarios que buscan ir contra los reglamentos municipales.

En el caso de Guadalajara, de las 22 estaciones de servicio que operan con una suspensión, sentencia o medida cautelar del TAE, 20 lo hacen con un recurso procedente de la Sexta Sala.

Pero en esta Sala también han caído las demandas de constructores y anunciantes. Barba Gómez es autor de la sentencia que condenó al Ayuntamiento tapatío a la autorización de 26 anuncios sobre puentes peatonales, pese a que en marzo de 2013, la Sindicatura afirmó que hubo irregularidades en la sentencia y que carecía de sustento.

Se buscó la postura del magistrado de la Sexta Sala, Alberto Barba, pero dará entrevista este miércoles.

Por su parte, el magistrado de la Cuarta Sala, Armando García Estrada, reconoció abusos en las resoluciones, aunque aclaró que lo que ha sucedido dentro del Tribunal no es su responsabilidad: “Yo no guardo ni escondo nada, un día vayan y revisen de las gasolineras nuevas quién firma la licencia, a ver si no están firmadas por la Sexta Sala… y luego platicamos. Si encuentran una con mi nombre les entregó mi renuncia de magistrado. Y todavía me quedan nueve años”.

Cuestionado respecto a qué hará el TAE para legitimarse luego de que este órgano se ha visto involucrado en distintos cuestionamientos al otorgar suspensiones provisionales polémicas, respondió que cada Sala debe juzgarse por separado en su manera de actuar.

García Estrada consideró que la situación que actualmente enfrenta el Tribunal, a raíz de las reformas para acotarlo, se derivó del abuso en las positivas fictas. Afirmó que se trató de una “degeneración” de la figura.
“Qué lamentable que una situación, que en esencia es de buena fe y que tutela un valor jurídico importante (…), qué triste si esto fue lo que motivó la reforma”, señaló el magistrado.

Ex alcaldes culpan al Tribunal

La apertura de nuevas gasolineras en la metrópoli está incontrolable. Durante 2013 y lo que va de 2015 han comenzado operaciones 64 estaciones en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, cifra que supera las 45 que iniciaron durante 2010-2012, confirman los ayuntamimentos.

En todo el Estado hay 863 gasolineras y el panorama no es distinto: de enero de 2009 a octubre de 2014, en Jalisco iniciaron operaciones 267 estaciones de servicio, con lo que encabezó las aperturas registradas en el país.

Desde 2013 a la fecha, la mayor cantidad de aperturas se ha dado en Tlajomulco, con 22, mientras que en Guadalajara suman 18, en Tlaquepaque, 10,  y siete en Tonalá y Zapopan, respectivamente.

Sin embargo, los ex alcaldes de la metrópoli, en particular Ramiro Hernández (Guadalajara) y Héctor Robles (Zapopan), reconocieron desde hace un año que muchas de estas gasolineras obtenían sus permisos mediante una afirmativa ficta en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), pese a que la autoridad municipal alerta porque no se cumplen con las medidas de seguridad o protección civil.

El ordenamiento más estricto de los cinco municipios de la metrópoli es el de Zapopan. La historia comenzó durante la alcaldía del panista Juan Sánchez Aldana, cuando se dio la cifra más alta en la apertura de gasolineras en la ciudad: en el trienio 2007-2009 comenzaron a operar 23 estaciones.

A raíz de ello, en la administración siguiente a cargo del priista Héctor Vielma se endureció el Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio de Zapopan. Además, el área de protección y amortiguamiento con respecto a otra gasolinera —es decir, la distancia entre una y otra— está fijada en mil 500 metros lineales en cualquier dirección en áreas urbanas y 12 mil metros en cualquier dirección en áreas rurales.

En contraste, Guadalajara marca en su reglamento una distancia de apenas 75 metros de los centros de concentración masiva, así como un área de protección y amortiguamiento entre una estación y otra de 500 metros de radio. Es la más baja considerando que en Tlaquepaque y Tonalá se exigen 150 metros entre los establecimientos y sitios como escuelas, centros comerciales, iglesias, restaurantes, etcétera.

El Salto y Puerto Vallarta ni siquiera cuentan con un reglamento específico.

A la baja, juicios contra estaciones irregulares

De acuerdo con una solicitud de información sobre el número de juicios interpuestos por los ayuntamientos contra estaciones de servicio irregulares en la última década, solamente Guadalajara y Zapopan han emprendido medidas para revertir una resolución emitida por las autoridades en favor de un particular, al ser considerada contraria a la ley.

Zapopan fue, en su momento, el más activo, aunque todos los juicios se interpusieron en el año 2011 (durante la administración de Héctor Vielma): “Se iniciaron 40 juicios de lesividad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), todos por contravenir leyes y reglamentos de aplicación municipal, autorizados previamente por el pleno del Ayuntamiento, de los cuales únicamente han concluido 18 y quedan 22 juicios vigentes”, responde la Dirección Jurídica a través de una solicitud de Transparencia.

El problema es que las pasadas administraciones (2012-2015) dejaron de utilizar este recurso para revertir irregularidades. La última vez que Guadalajara lo hizo fue en 2008, cuando el ex alcalde Alfonso Petersen interpuso 77 juicios de lesividad durante los dos primeros años de su administración para revocar autorizaciones de gasolineras, espectaculares, restaurantes, bares y otros giros otorgados en su pasado trienio. Al menos 13 de esos juicios correspondían a estaciones de servicio con anomalías.  

Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto no proporcionaron información sobre las medidas legales interpuestas en los últimos 10 años para revertir una resolución que causa perjuicio al Estado.

Laurentino Villaseñor, presidente del Tribunal Administrativo del Estado, ha señalado la omisión de los municipios al referir que no hay ningún procedimiento de impugnación de su parte para pelear sus fallos.

Tampoco hay estaciones clausuradas, licencias revocadas o en proceso de revocación. Solamente Zapopan y Tonalá respondieron afirmativamente: en el caso del primer municipio se llevó a cabo un procedimiento administrativo de revocación de licencia, en 2013, respecto de la estación de servicio ubicada en carretera a Nogales 4880, en San Juan de Ocotán. En Tonalá, la Dirección Jurídica reconoció que existe una gasolinera clausurada por mandato de la Cuarta Sala del TAE, ubicada en Avenida Patria. Aunque sobre los juicios de lesividad y gasolineras en proceso de revocación de sus licencias, respondió que “no se ha localizado información alguna, por ende, se encuentra en imposibilidad para responder por ser información inexistente”.

En tanto, la Dirección Jurídica de Tlajomulco informó que no existe ningún proceso de revocación de licencias a las empresas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos: “No se ha realizado trámite alguno para que se lleve a cabo la baja ordinaria de alguna licencia con el giro de estación de servicio de combustible”.

Un Poder opaco

La discrecionalidad en la forma en que “caen” los casos en las Salas y la casi falta de transparencia en las resoluciones de los magistrados han sido cuestionadas por alcaldes y diputados.

El problema es que no hay auditorías que evalúen la conducción del Tribunal.

Las auditorías le corresponde realizarlas a la Auditoría Superior del Estado, pero “en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se realizó auditoría alguna”, señala el TAE en su portal de internet y añade que el último antecedente data del año 2009.

Tampoco existen auditorías internas, pese a que el reglamento interno del TAE prevé una “Unidad de Contraloría, Auditoría Interna”, la cual, justifica el Tribunal, “no ha sido autorizada en la plantilla presupuestaria por el Congreso”.

Pero el Tribunal sí ha contratado la prestación de servicios de asesoría jurídica, con todo y que su nómina mantiene a especialistas y abogados en la materia. Un ejemplo es el pago de 650 mil pesos (durante 20 meses) al despacho AGD Consultores para representar en 17 juicios laborales al TAE.  

Sobre los procedimientos de responsabilidad administrativa, el Tribunal revela que “en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa”. En el portal de Transparencia solamente aparecen seis procedimientos emprendidos en 2011 por el pleno del Tribunal contra funcionarios, pero desde entonces se encuentran “en trámite”.

La lista sigue:
“En 2015 no se ha realizado ningún dictamen técnico de la actuación y desempeño de los magistrados” del TAE.

GUÍA
¿Cómo se aplica la afirmativa ficta?

La positiva o afirmativa ficta permite, entre otros aspectos, la autorización automática de licencias municipales sin el aval de los ayuntamientos. Se aplica cuando los municipios no responden en un lapso de tres meses a una solicitud de un particular para la construcción de edificios, hoteles o cualquier otro giro comercial.

Esta figura considera como una aprobación el “silencio administrativo” del Ayuntamiento y autoriza el permiso solicitado, sin posibilidad de que el municipio pueda apelar la resolución. Se otorga principalmente para licencias o permisos de desarrollos inmobiliarios, gasolineras, espectaculares y otros giros restringidos. Ante esto, la sociedad civil, Gobierno y la iniciativa privada han demandado un alto a lo que consideran abusos.

CRONOLOGÍA
Los casos de Alberto Barba Gómez

• Mayo de 2010.
Otorgó la suspensión del nuevo Reglamento de la Administración Pública de Guadalajara a Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica.

• Mayo de 2010.
Suspendió la compra de 200 patrullas en Zapopan, hasta que se resolviera un juicio que interpuso uno de los participantes de la licitación pública.

• Junio de 2010.
Se presentó un juicio político en el Congreso contra Alberto Barba Gómez por la supuesta protección a “aviadores”. Un año después fue desechada la solicitud.

• Octubre de 2011.
Se aprobó el desarrollo Dos Puntas un año después de que la licencia de construcción fuera declarada nula e impugnada por un particular. Al final, el Tribunal validó los permisos para ambas torres.

• Febrero de 2011.
Aprobó el cambio de uso de suelo a favor de la inmobiliaria Promociones Citadel para edificios sobre la Avenida Acueducto.

• Junio de 2013.
Falló a favor de la Villa Panamericana para que no pagara una multa de un millón 500 mil pesos a Zapopan por las descargas de aguas residuales en La Primavera. Más tarde el TAE revocó la sentencia.

• Septiembre de 2013.
Suspendió la medida cautelar que llevó Guadalajara para detener un motel en San Miguel de Mezquitán, que transgrede el plan parcial. La construcción continúa.

• Febrero de 2014.
Otorgó a la defensa de Rodolfo Ocampo, ex director del SIAPA, una suspensión ante los actos que emprendiera el Congreso por irregularidades millonarias.

SABER MÁS
El juicio de lesividad

Este recurso es el medio legal que tienen las autoridades administrativas para revertir una resolución emitida a favor de un particular y que se considere contraria a la ley y cause un perjuicio al Estado.

Los Ayuntamientos pueden interponer estos juicios bajo los fundamentos del Artículo 33 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo y el 33 de la Ley de Justicia Administrativa.

Van por otra reforma para el Tribunal

El mes pasado, el Tribunal de lo Administrativo fue acotado en sus facultades tras la reforma al Código Urbano para que no pueda emitir suspensiones a los planes parciales de desarrollo urbano, pero existen otras iniciativas en comisiones y en estudio para reducir aún más sus facultades.

El Gobierno estatal, por ejemplo, pretende quitar atribuciones al TAE: “Hay que ver qué tipo de penalidad se puede dar a algún funcionario, estamos evaluando si lo instrumentamos en el Código de Procedimientos Penales, para que también no sea una afirmativa ficta que se van por la libre, sino con controles administrativos y con responsabilidades muy claras”, dijo el secretario general, Roberto López Lara.

Este mes, la fracción de Movimiento Ciudadano indicó que promoverá una iniciativa que busque desarticular el TAE para que se adhiera a una Sala del Supremo Tribunal de Justicia. Mientras que el presidente del Congreso, Enrique Aubry, anunció que estudiarán las iniciativas para limitar los poderes del Tribunal: “Las vamos a discutir, a debatir, y las estaremos llevando al pleno del Congreso para poderlo votar, podemos platicarlo con el Poder Ejecutivo y Judicial para que nos den su punto de vista y poder sacar una ley que vaya fortalecida en conjunto con los tres poderes".

El diputado del Partido Verde adelantó que será un tema de estudio, pero de entrada “hoy lo festejaría por cómo se han venido desempeñando los magistrados, pero tenemos que verlo con los diversos Poderes para ver qué opinión merece centralizarlo al Poder Judicial”.

Hugo Contreras, líder de la bancada del PRI, coincidió: “Es un tema que sin duda tendrá que revisarse y atenderse, vamos a revisar cuáles son las atribuciones que se le tienen que dejar al Tribunal, cómo fortalecer a los municipios y al ciudadano”.

En tanto, Miguel Monraz, coordinador de la fracción panista, añadió que su bancada buscará fortalecer la Contraloría Interna del Tribunal para asegurar la legalidad de sus resoluciones y sancionar severamente cualquier síntoma de corrupción: “Promoveremos responsabilidad a los funcionarios públicos estatales y municipales que por inactividad propicien la afirmativa ficta, lesionando los intereses de la sociedad”.

Pedro Kumamoto ha manifestado que también presentará iniciativas para regular el actuar del Tribunal Administrativo.

ALTOS SALARIOS DE MAGISTRADOS
Ganan más que Aristóteles…  ¡Y que Enrique Peña Nieto!

El TAE se ha convertido en un Poder en el que sus magistrados gozan de altos salarios, prestaciones millonarias como el pago de seguros de gastos médicos privados (pese a que la Ley de Austeridad de Jalisco lo prohíbe) y recursos con notables incrementos anuales.

Para 2014, el TAE ejerció 95.8 millones de pesos (MDP), lo que significa 133% más que en 2007, cuando tuvo un presupuesto de 41.1 MDP. Pero el mayor incremento se ha dado en las transferencias extraordinarias realizadas por el Poder Ejecutivo: En el ejercicio 2007, por ejemplo, el Estado le transfirió 1.9 millones y para el año 2014, la gestión en beneficio del TAE fue de 33.3 millones.

Además, los magistrados y funcionarios del Tribunal se encuentran entre los mejor pagados del país. El magistrado Laurentino López Villaseñor gana más que el Presidente Enrique Peña Nieto. Como titular del TAE tiene percepciones totales mensuales por 235 mil 875 pesos (sin deducciones), mientras el Presidente de México recibe 208 mil 570.

Laurentino López es el funcionario con el mejor salario bruto mensual en Jalisco, de acuerdo con los tabuladores de las entidades públicas que transparentan sus nóminas: percibe 69 mil 680 pesos más que el mismo gobernador Aristóteles Sandoval (166 mil 195). También gana más que el fiscal general (155 mil 103 pesos) y los secretarios del gabinete (132 mil 526).

Los otros cinco magistrados de salas unitarias también ganan más que el gobernador y su tabulador marca percepciones totales por 221 mil 264 pesos, más que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes (182 mil 898) y que los magistrados de ese Tribunal (178 mil 171).

Pero estas percepciones totales no incluyen seguros de vida y gastos médicos, vehículos oficiales, escoltas, aguinaldo, viáticos y otros apoyos. Según la plantilla laboral, que suma el sueldo mensual bruto, apoyos en despensa, prima vacacional, aguinaldo y una compensación extraordinaria (treceavo mes) un magistrado del TAE recibe como total anual (sin deducciones) tres millones 418 mil pesos; mientras que el presidente Laurentino López se lleva a la bolsa, cada año, tres millones 695 mil pesos.

Sin embargo, los magistrados no son los únicos que corren con “suerte” en el Tribunal. Otros 34 funcionarios ganan más que los alcaldes de Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque. El secretario general de Acuerdos, Hugo Herrera Barba, percibe 100 mil pesos mensuales brutos; un director, 78 mil mensuales; seis secretarios relatores (70 mil pesos mensuales); otro director (66 mil 617); 18 secretarios de Sala (66 mil 361). Todos superan los salarios del alcalde tonalteca (62 mil 820) y de Tlajomulco (61 mil 681).

El alcalde de Tlaquepaque con un salario de 40 mil 790 pesos brutos al mes también es superado por otros cuatro jefes de sección (46 mil 692); un coordinador de secretaría general (61 mil 605) y dos jefes de oficina (61 mil 395).

Cuestionado sobre los parámetros considerados para designar la proporción de la retribución salarial, o incrementos de la misma, para cada uno de los tipos de plaza, el TAE respondió que el incremento se realiza de acuerdo con el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado.

Aumentos

El magistrado presidente del Tribunal de lo Administrativo (TAE) tenía percepciones totales mensuales por 205 mil pesos en 2013. Este año, la cifra rebasó los 235 mil pesos. Los otros cinco magistrados de Salas Unitarias del TAE también incrementaron sus ingresos: en 2013 su tabulador marcaba 189 mil 740 pesos, mientras que en 2015 recibieron hasta 221 mil pesos.

NUMERALIA
Radiografía

11,431 gasolineras están establecidas en todo el territorio nacional.

863 estaciones de servicio hay en los 125 municipios de Jalisco.

267 nuevas gasolineras se han abierto en los últimos seis años en Jalisco.

CLAVES
Instancia estratégica

Politización. El TAE de Jalisco es una instancia estratégica para los intereses políticos: interviene para definir la legalidad de los actos de la autoridad pública. Es un espacio codiciado por políticos, líderes partidistas y funcionarios gubernamentales.

Autonomía. A diferencia de 18 estados (entre ellos el DF o el Estado de México), la instancia administrativa en Jalisco sigue unido por un “cordón umbilical” al Poder Judicial, lo que limita la independencia de los jueces. Los magistrados, además, son nombrados por el Congreso del Estado, lo que también supone la politización de estas designaciones.

Cooperación. Para entender el TAE hay que analizar su origen y los equilibrios políticos del momento: debido a que los magistrados son elegidos por los diputados locales, su integración responde a las fuerzas políticas representativas. El partido que tenga más representantes en el Congreso logrará mejores posiciones en el tribunal.

Productividad. A pesar del presupuesto que recibe el TAE, los resultados no son los mejores. Mientras el presupuesto del TAE en Jalisco es 20% superior al de Nuevo León, éste último duplica en atención a demandas por magistrado al primero, según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).

Sueldos. Los salarios son altos en comparación con la media nacional. Solamente el Distrito Federal y Guanajuato se acercan a Jalisco, donde el salario promedio por magistrado rebasa los 186 mil pesos, según la nómina del propio TAE.

Dinero. El Tribunal de lo Administrativo resuelve sobre casos que implican una derrama económica considerable. También falla en materia vinculada con permisos para obras polémicas, como gasolineras, casinos o construcción vertical.

Reforma. Una reforma no puede excluir una serie de poderes que limiten la discrecionalidad con la que toma decisiones el TAE. Sin embargo, el combate a la impunidad, a través de transparencia máxima, es otro eje rector.

GASOLINERAS POR ESTADO
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