Con los juicios orales, Jalisco está por violar otro plazo federal

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2012).- Si el Presupuesto de Egresos que apruebe el Poder Legislativo en los próximos días no considera los recursos necesarios para la adopción de los juicios orales, se provocará un retraso en su implementación, que está regida por un plazo constitucional, y el Estado caerá en un nuevo incumplimiento legal, luego del proceso de la depuración policial.

Así lo advierte el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Homero Salas Torres. Esta institución funge en Jalisco como el órgano implementador de la reforma al sistema de justicia penal, por eso cuenta con un Plan Integral y oficial para ello, elaborado por el especialista Guillermo Zepeda Lecuona, donde se precisa que en 2013 se requieren 349 millones 178 mil 753 pesos para migrar hacia los juicios orales.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Salvador Rizo Castelo, ha confirmado que dicho monto no está previsto dentro del Presupuesto de Egresos del siguiente año, pues asevera que la modernización podrá hacerse con los recursos que lleguen de la Federación.

Sin embargo, el Gobierno de Jalisco no recibirá más de 15 millones de pesos del Gobierno federal en 2013, e incluso podría ser menos, aclara el secretario del CESP, Salas Torres.

“Calculo que podríamos tener alrededor de 12 o 15 millones de pesos para este fin, para temas de capacitación y demás, porque todavía en el Congreso están pendientes leyes que todavía no se promulgan; mientras que todo este tema (legislativo) sucede, nosotros tenemos que seguir avanzando con temas de capacitación (para el sistema acusatorio y oral)”.

Uno de las legislaciones fundamentales para la adopción de la reforma, el nuevo Código de Procedimientos Penales, está aprobado sólo en comisiones legislativas, pero aún no por el pleno del Congreso. Se le preguntó al secretario:

—El autor de su Plan de Implementación, Zepeda Lecuona, dice que, si no están los recursos necesarios para 2013, se imposibilita el cumplimiento de los plazos legales establecidos...

—Claro, como lo fue también el tema de control de confianza, que la ley salió bastante tarde aquí, casi tres años después.

El secretario del CESP se refiere a la Ley de Control de Confianza; su iniciativa se presentó al Congreso el 25 de marzo de 2009, no fue aprobada sino hasta junio de 2012, esto es, a medio año de que concluyera el plazo legal para concluir con la depuración (3 de enero de 2013).

DATOS CLAVE
Fechas y montos

19 de junio de 2016. Según la Constitución, este día ya deben operar los juicios orales en todo Jalisco.

Enero de 2014. Para este mes deben ejecutarse ya los primeros juicios orales; por eso es clave dirigirles recursos en 2013.

Tres mil 336.6 millones de pesos costará el proceso, hasta que concluya en 2016.

EL PROCURADOR DEL ESTADO IGNORA AVANCE DE SU DEPENDENCIA
Propondrán seis meses de prórroga para limpia policial

La solicitud de prórroga que presentará el Gobierno de Jalisco ante el Congreso de la Unión, para concluir con la evaluación de los cuerpos policiales, será de seis meses, precisa el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Homero Salas Torres.

“Estamos esperando una resolución que pueda darse en México (sobre la petición presentada por distintos gobernadores); si no, la próxima semana estaremos presentando (la solicitud de prórroga)”, dijo el secretario ejecutivo. El CESP —del cual depende el Centro Estatal de Evaluación— estima que en marzo quedará concluido el proceso.

Mientras tanto, el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE), Tomás Coronado Olmos, expuso ayer que desconoce el porcentaje de elementos dentro de esta dependencia que ha cumplido a cabalidad con la evaluación de control de confianza.

“Están por darme el ajuste pero considero que estamos avanzando muy rápidamente, puesto que hay algunos elementos (a los) que nomás les falta uno (de los cinco exámenes de cada prueba) y que la gran mayoría, casi en su totalidad, cuando menos tiene uno o dos”.

Esto es, de acuerdo con el procurador, 99% del personal a su cargo ha comenzado con el proceso de evaluación, pues tiene al menos uno de los exámenes practicados, pero cada prueba está compuesta por cinco de éstos (psicológico, médico, toxicológico, poligráfico y de entorno socioeconómico).

Cuántos elementos de la PGJEJ han pasado por pruebas integrales es lo que ignora su titular. El proceso de depuración es obligatorio para los cuerpos policiales y para todas las procuradurías del país; dentro de éstas, todo el personal que intervenga en el desarrollo de una averiguación previa: agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, secretarios y actuarios.

La PGJEJ tiene alrededor de 800 policías ministeriales.

LA CIFRA

67% es la meta de oficiales examinados al que aspira Jalisco, para cuando se llegue el plazo que marca la ley federal, del 3 de enero próximo. Esto significa que sólo se logrará evaluar a 12 mil 500 de los 18 mil 500 elementos en la Entidad.