Con la incógnita de Movimiento Ciudadano, comienza la renovación del IEPC

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2013).- Los órganos constitucionales autónomos fueron pieza clave en la transición democrática a  escala estatal. Llenos de legitimidad y divorciados de la órbita de los partidos políticos, estos órganos aseguraron la alternancia en el poder y construyeron un piso mínimo de rendición de cuentas en Jalisco.

Sin embargo, en la actualidad, los órganos autónomos bailan al ritmo de los equilibrios políticos del momento. Ahora es el turno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, tras casi dos décadas fuera del poder, impulsará a quien ocupará la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), como lo hizo en la elección intermedia de 2009. Tomás Figueroa, presidente del IEPC, reemplazó a David Gómez Álvarez en la Presidencia del IEPC, tras una serie de acuerdos con distintos actores políticos, donde el PRI fue la clave, pero no el único acompañante. Incluso Enrique Alfaro, líder de Movimiento Ciudadano (MC), estuvo de acuerdo en su llegada.

Ahora el escenario es aún más claro para el tricolor. En el IEPC las gestiones para la continuidad de Tomás Figueroa se encuentran muy avanzadas. El distanciamiento de Figueroa Padilla con el ex candidato a la gubernatura Enrique Alfaro Ramírez, y su buena interlocución con el líder del grupo de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, le dan una ventaja frente a cualquiera de los posibles contendientes.

En el contexto del recambio presidencial en el IEPC, solamente suena el nombre de Juan Alcalá como posible rival del actual presidente. Alcalá, quien es apoyado por los “experimentados” del PRI, y particularmente por Arturo Zamora, no ha manifestado públicamente su intención de ir por la cabeza del órgano electoral. Sin embargo, Alcalá no cuenta con el apoyo del gobernador Aristóteles Sandoval, algo que Figueroa Padilla ha cosechado desde la elección de 2009.

Actualmente, el reparto de posiciones en el IEPC no responde a los equilibrios políticos del Estado. El PRI cuenta con tres escaños: Tomás Figueroa, Juan Alcalá y Everardo Vargas. El Partido Acción Nacional (PAN) también tiene tres espacios: Víctor Hugo Bernal, Sergio Castañeda y Rubén Hernández. El séptimo pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD): Nauhcatzin Bravo Aguilar.

Si tomamos en cuenta las fuerzas en el Congreso y en el Gobierno del Estado, todo parece indicar que la negociación puede terminar así: tres para el PRI; dos para el PAN; uno para MC, y uno para el PRD. Sin embargo, la duda es la participación de MC en el proceso. Según Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Congreso, el objetivo es que se renueve la totalidad del Consejo y que lleguen nuevos perfiles que cumplan con criterios técnicos. Hasta el día de hoy, MC no ha decidido si participará activamente en el proceso de renovación o si preferirá la oposición completa, incluso considerando el riesgo de quedarse sin un consejero afín.

También está la incógnita de saber cuántos asientos del Consejo General se renovarán. En términos estrictamente jurídicos solamente Nauhcatzin Bravo Aguilar está obligado a dar un paso al costado. El resto de los consejeros, debido a la ley con la que entraron al IEPC, pueden optar por la reelección. Sin embargo, dejando de lado el ámbito legal, la dimensión política es la que pesará. Quitando a Rubén Hernández que cuenta con el apoyo del ex líder panista estatal Hernán Cortés, es difícil que los ex gobernadores Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez puedan intervenir a favor de algún consejero (Sergio Castañeda y Víctor Hugo Bernal, en estos casos). El PAN de Miguel Ángel Monraz y Gildardo Guerrero (presidente estatal y coordinador de los diputados) será el que tenga mayor posibilidad de impulsar a perfiles, para llenar las vacantes del Consejo. Por ello, prevalece el enigma de cuántos consejeros se renovarán.

SABER MÁS
Posiciones de los partidos políticos

PAN: Existe un ala al interior del partido comandada por Alberto Esquer que quieren la renovación total e incluso una reforma en la materia. La negociación la llevarán Miguel Ángel Monraz y Gildardo Guerrero.

PRI: Retendrá la presidencia y todo indica que apoyará a Tomás Figueroa para que continúe. El PRI aspira a tres o hasta cuatro consejeros.

PRD: Mantendrá su influencia histórica: un consejero. Sale Nauhcatzin Bravo Aguilar, por lo cual el PRD tendrá que proponer un perfil.

MC: No se sabe si entrará en las negociaciones. Ya declaró el presidente Hugo Luna y el coordinador parlamentario Clemente Castañeda, que es necesario renovar todo el Consejo.

EL DATO
Consejeros: ¿Quiénes son? Grupos políticos

    CONSEJERO    IMPULSADO POR    ¿SE PUEDE REELEGIR?    

    Tomás Figueroa    PRI / Aristóteles Sandoval    Sí

    Víctor H. Bernal    PAN / Emilio González    Sí

    Sergio Castañeda    PAN / Francisco Ramírez A.    Sí

    Juan Alcalá    PRI / Arturo Zamora    Sí

    Nauhcatzin Bravo    PRD / Tonatiuh Bravo    No

    Everardo Vargas    PRI / Javier Guizar    Sí

    Rubén Hernández    PAN / Hernán Cortés    Sí

AUTONOMÍA MERMADA
Aumenta la influencia de políticos sobre el Instituto

El IEPC nace de una serie de reformas al Instituto Electoral del Estado de Jalisco que se produjeron en 2008. En aquel momento, el Congreso local aprobó una serie de cambios que terminaron enfrentándolo con el entonces consejero presidente, José Luis Castellanos. Aunque en un primer momento la Suprema Corte declaró inconstitucionales las modificaciones, a la postre Castellanos terminó por negociar su renuncia. Otros consejeros, como el actual presidente Tomás Figueroa, optaron por amoldarse a los tiempos políticos y permanecieron en la institución.

Lo cierto es que la influencia de los partidos estatales sobre el Instituto Electoral no ha dejado de aumentar y la designación de consejeros  es la prueba de que su autonomía se queda en la letra.

Un ejemplo muy claro es el de la supervisión de las anomalías electorales. Mientras que algunos consejeros aseguran que no hay herramientas ni presupuesto para fiscalizar a fondo los procesos electorales del Estado, el propio presidente acepta que la fiscalización es un proceso “de buena fe” entre las partes y critica que se gasten millones de pesos en candados “de desconfianza”.