Código Urbano otorga más atribuciones a las alcaldías

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2015).- Con los cambios aprobados al Código Urbano de Jalisco, los 125 ayuntamientos tienen ahora 10 atribuciones más.  Si bien antes debían solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) los estudios y dictámenes de impacto ambiental necesarios para cualquier obra, ahora deben, por su propia cuenta, realizar estos diagnósticos que formarán parte de los planes y programas de desarrollo urbano. Serán de observancia obligatoria para la ejecución de proyectos en todo el Estado.

Por otra parte, las direcciones de Patrimonio Municipal deberán conformar un registro de las áreas de cesión para destinos y equipamiento correspondientes; mientras que la autoridad local debe realizar las acciones necesarias para el acondicionamiento de accesibilidad, movilidad y ausencia de barreras en los espacios y servicios públicos, así como prever en sus reglamentos las disposiciones de accesibilidad necesarias para las personas con discapacidad.

En lo que refiere a nuevas responsabilidades presupuestales tienen tres atribuciones más, pero dependen de la disponibilidad de recursos: considerar durante el último año del ejercicio constitucional del Ayuntamiento una partida correspondiente al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, mientras que la instalación de ciclopuertos en espacios públicos, medida que exige el nuevo Código, se realizará con cargo al municipio. En ese tenor, los alcaldes deberán aplicar recursos para el mejoramiento de vivienda de interés social, con el fin de mantener servicios y obras, además de realizar las reparaciones en áreas y bienes de uso común en casos urgentes.

También están facultados para aprovechar los subsidios de programas estatales y federales destinados a la infraestructura urbana, con el fin de obtener recursos para mejorar y reparar las áreas comunes de la vivienda de interés social, así como proporcionar los servicios de seguridad y vigilancia en las áreas de uso común.

En otros temas, los alcaldes deberán promover las declaratorias de patrimonio cultural del municipio, fomentar la participación social en la solución de problemas de infraestructura urbana y conformar una Comisión de directores responsables de proyectos y obras integrada por funcionarios y representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros civiles.

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Dan plazo

A partir de este mes, los ayuntamientos tienen un plazo de 90 días para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes al nuevo Código Urbano.

Los alcaldes también están obligados a promover, durante el primer año del ejercicio constitucional del Ayuntamiento que el municipio cuente con un  Programa Municipal de Desarrollo Urbano,  supervisar su elaboración, ejecución, control, evaluación y revisión.

Evaden respuestas

Los responsables de implementar las modificaciones al Código Urbano evitaron tomar una postura sobre el impacto de la reforma urbana.

Guadalajara pidió esperar hasta hoy, cuando se presente en sesión de Ayuntamiento la propuesta del presupuesto 2016, para opinar si considerarán recursos para rescatar las viviendas de interés social.

La Dirección de Comunicación Social de Zapopan respondió: “Respecto al Código Urbano es tema del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan)… están trabajando en eso”.

El Ayuntamiento de Tonalá justificó que el director de Obras Públicas se encuentra fuera de la ciudad, por lo que no podía ofrecer una entrevista.

Tlaquepaque contestó que están analizando la reforma y emitió un posicionamiento: “La Dirección de Obras Públicas solicitó una capacitación a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para 25 integrantes para que les dé información detallada y puedan tener una perspectiva técnica y práctica de la reforma… (también) se está analizando el anteproyecto del presupuesto (2016)”.

La oficina de medios de Tlajomulco subrayó: “Aún estamos revisando la reforma, no queremos establecer una posición todavía… es una reforma bastante amplia. Sí hay algunas cosas que se deben checar incluso de repercusiones constitucionales”.

La Procuraduría de Desarrollo Urbano, el Instituto Jalisciense de la Vivienda y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública evadieron una entrevista. Lo mismo ocurrió con el Infonavit.

SIOP REALIZA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS

Con las reformas al Código Urbano, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) tiene ahora la responsabilidad de realizar estudios de impacto ambiental necesarios para la ejecución de obra pública estatal.

Ahora, dice el jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente, Omar Córdova Soltero, la SIOP tendrá que presentar, además del proyecto ejecutivo de toda obra que promueva, la manifestación de impacto ambiental.

Sobre Semadet, sigue en sus manos la responsabilidad de evaluar el impacto para la ejecución de la obra estatal, pero “se clarificó un poco más, pues algunos procedimientos que se tendrían que estar llevando a cabo, a veces no se realizaban”.

Uno de los cambios más sustanciales para esta dependencia es que ahora será su responsabilidad el secretariado técnico del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano (antes estaba en la SIOP). “Es un reto importante porque es el órgano en donde confluye el sector inmobiliario y donde aportaremos la versión de sustentabilidad dentro del esquema de desarrollo inmobiliario”.  

El nuevo instrumento legal prevé que la SIOP pueda proponer al gobernador y a los ayuntamientos acciones para conservar y mejorar el patrimonio cultural del Estado.

Mientras que la Semadet podrá emprender acciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con la Secretaría de Cultura para promover la constitución de asociaciones para la conservación y mejoramiento del patrimonio cultural.

Endurecen sanciones

Funcionarios públicos, constructores, promotores de vivienda, directores de obra, abogados y propietarios de construcción que de manera dolosa contravengan los planes de desarrollo o violen la zonificación primaria establecida, serán castigados con un periodo de cárcel que va de los dos a cuatro años y una multa hasta de 210 mil pesos.

Los funcionarios que aprueben modificaciones de zonificación primaria o autoricen licencias que excedan el número máximo de niveles, entre otras violaciones, serán inhabilitados hasta por tres años para desempeñarse en otro cargo, incluso podrán ser destituidos del empleo y recibir una multa.

La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, a su representante legal y al constructor que, teniendo conocimiento de la ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente ante la autoridad, permita la edificación sin sujetarse a la licencia o permiso de construcción o urbanización.

Se incluyen en los castigos la demolición o clausura de la construcción irregular,  así como la ejecución de obras propias de la edificación o accesorias a ellas en beneficio de la comunidad.

Para Fernando Valdez Ángulo, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas, las sanciones se quedaron cortas: “Eso y nada es lo mismo… todo se resuelve con una fianza. El monto de la multa (210 mil pesos) es muy bajo y no corresponde a un delito urbano que puede favorecer a un particular con millones de pesos”.

SECTOR INMOBILIARIO

Exigen donar más espacio público

La reforma aprobada establece, en el Artículo 176, nuevos porcentajes de las áreas de cesión para destinos que los particulares deberán contemplar al hacer uso del suelo urbano. Se determinó que en zonas habitacionales, las áreas serán de 16% como mínimo y un máximo de 24%, excepto en densidades mayores a 137 viviendas por hectárea en suelo urbanizable, en donde se calculará por tres metros cuadrados por habitante.

En el caso de las zonas comerciales y de servicio, el área de cesión corresponderá al 13% de la superficie bruta; 8% en zonas industriales; 11% en zonas turísticas y 6% en zonas de granjas, huertos y campestres.

Para Gustavo Núñez, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la extensión de las áreas de cesión aumenta hasta 28% el precio final de las viviendas, por lo que el más afectado será el trabajador, “que tendrá que ir más lejos para acceder a una vivienda que pueda pagar”.

Considera que existen ambigüedades en la donación de vialidades, “en un apartado se comenta que ya no podrán ser objeto de donación, pero hay diferentes tipos de vialidades… cuando son vialidades colectoras se trata de vías importantes que siempre se pueden dar en donación, pero dice que no y luego que sí”.

COLEGIO DE ARQUITECTOS Y URBANISTAS

Se oponen a la reforma

El Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Occidente no están conformes con las modificaciones a la legislación urbanística. Coinciden en que la Legislatura LX dejó ir la oportunidad histórica de dar un paso adelante en la planeación de la zona metropolitana.

Para Sergio Fernando Valdez Ángulo, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas, la reforma dejó en el olvido la generación de nuevas áreas verdes, “no hay ningún cambio para elevar los metros cuadrados de áreas verdes, tenemos menos de tres metros cuadrados, pero la recomendación internacional es de nueve metros cuadrados (por habitante)”.

Tampoco se tomó en cuenta la opinión de los especialistas, agremiados y colegios de profesionistas, “continuamos favoreciendo principalmente la construcción de vivienda horizontal expansiva, en lugar de vertical, no hay un límite que demarque la expansión urbana ni políticas para redensificar los centros históricos”.

Gustavo Núñez, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, prevé una “cascada de amparos de todos los constructores, desarrolladores, arquitectos y personas físicas”. Indica que los ex diputados cometieron excesos en el apartado de delitos inmobiliarios, que impone penas de dos a cuatro años de prisión y multas por 210 mil pesos a los constructores y propietarios que llevan a cabo obras que violen la zonificación primaria o el índice de edificación de los planes parciales.

“Con esto, cualquiera puede ser delincuente… los cambios son ambiguos, limitantes y podrían reducir hasta 70% la inversión inmobiliaria”.

¿Por qué van a invertir menos?, se le cuestiona: “Si nos van a criminalizar por cualquier cosa y sin derecho a voz ni a juicios con una nulidad, mejor nos vamos a otros estados. Allá no nos criminalizan por eso”.

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios también está en contra de que desaparezca el juicio de nulidad en el Tribunal de lo Administrativo del Estado ( TAE) porque “se viola el Artículo 17 de la Constitución y a los ciudadanos nos deja indefensos, porque el Tribunal es el único recurso que tenemos contra abusos de autoridad y al cooptarlo nos vamos a quedar ya sin nada”.

Hacen “maravillas” para sostener condominio

Mientras la reforma al Código Urbano proyecta que los ayuntamientos rescaten las unidades multifamiliares, en la Colonia FOVISSSTE Estadio hacen “maravillas” para sostener los servicios públicos. La luz la instalaron los vecinos, las tuberías son compuestas por ellos, los jardines y árboles son podados por los representantes de cada condominio y hasta la seguridad depende de ellos. La colonia es un núcleo de condominios donde viven dos mil 600 personas, pero para el Ayuntamiento es una zona privada, donde no puede intervenir: “Dicen que es privado. Nunca nos han querido apoyar”, se queja Irene Valenzuela, quien vive allí desde hace más de 20 años.

En las últimas semanas la inseguridad se ha incrementado por robos, vandalismo y narcomenudeo. Según los vecinos, algunos policías sí se acercan, pero se limitan a vigilar y no detienen a nadie.

El tesorero del multifamiliar Fidel Nolasco platica que, por si fuera poco, varios residentes ni cooperan con sus cuotas de mantenimiento. Por ello el evidente deterioro.

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