Certificación y reforma penal, antídoto contra los 'talibanes'

GUADALAJARA, JALISCO (12/AGO/2015).- En 2013, la Secretaría del Trabajo de Jalisco estimó que en sólo 650 juicios laborales, encabezados por abogados “talibanes”, había afectaciones por más de mil millones de pesos contra empresarios, asociaciones civiles y organismos públicos descentralizados. La estrategia de éstos, según la autoridad, consiste en falsear información, “inflar” los salarios de los trabajadores demandantes y retrasar los litigios para obtener mayores recursos. La misma dependencia entregó un resumen de los despachos en los que trabajan estos “talibanes” y, en resumen, ocho personas representan ocho mil 538 juicios. La cifra es alta si consideramos que en Jalisco hay 62 mil casos activos.

“En todas las entidades (federativas) están sucediendo los mismos abusos”, indica José Mario de la Garza Marroquín, primer vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.


— ¿Qué se debe hacer para combatir a estos abogados?, se le cuestiona.

— Vale la pena reflexionar sobre los delitos que comenten esos abogados, como la falsedad de declaraciones, entonces allí se deben reforzar los Códigos Penales estatales para tipificar esas conductas —en Jalisco está pendiente una reforma que aumenta estos ilícitos hasta seis años de cárcel—. Las actuales sanciones son obsoletas, deben reformarse porque no inhiben las irregularidades.


— ¿Qué cambios legislativos se deben aplicar de fondo?

— Nosotros hemos pugnando por un marco normativo que obligue a un colegio o gremio a que pueda sancionar a los abogados que violen los códigos de ética; por otra lado, estamos empujando la certificación obligatoria, es decir, que para conservar la cédula profesional que otorga la Secretaría de Educación Pública debes estar acreditado, con cursos de educación continua y actualizándote continuamente.

— ¿Se requiere de una reforma a la Constitución Mexicana?

— Si no se reforma el Artículo 5 de la Constitución Mexicana, la interpretación que puede haber es que el ejercicio de las profesiones es libre teniendo una cédula profesional; es decir, si no se reforma ese artículo y sólo los estados legislan y obligan a la colegiación y certificación, pudieran promoverse amparos argumentando que están en el ejercicio libre de las profesiones con base en el Artículo 5, por eso para fortalecer estos dos esquemas es preferible reformar la Constitución (federal), incluso con una ley general y para ello se requiere reformar el Artículo 73 y darle al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre el ejercicio de las profesiones.


— Con Fox y Calderón se intentó esta reforma. ¿Quién la frena?

— Nosotros participamos en la redacción de la propuesta en el Senado junto con los tres principales partidos políticos, pero no se logró porque incluía a otras profesiones y era muy amplia porque estaban médicos, ingenieros y otros importantes que deben ser colegiados y certificados. Se tornó complicado el tema porque cada quien tiene que proteger sus intereses y se hizo complejo. Hay gremios de abogados que se oponen porque no quieren estar vigilados por cualquier colegio; por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) también publicó un desplegado el año pasado oponiéndose a la propuesta porque se interpreta que podrían perder este nicho de negocios en sus cursos, diplomados o maestrías. Pensaron que sólo los colegios podrían certificar al gremio y se limitaría la oferta de las universidades. Pero no es así, las universidades pueden seguir igual.

— ¿En qué va la iniciativa?

— Lo que estamos haciendo es sacar a las demás profesiones de la reforma e irnos con la profesión de abogados para ser más contundentes. Me informan que en el mes de septiembre el Senado realizará unos foros de consulta para analizar el tema de la colegiación.

BARRA MEXICANA
Las propuestas

El contenido de las iniciativas para introducir la colegiación y certificación obligatorias de los profesionistas en México, consiste en modificar los artículos 5°, 28° y 73° de la Constitución Política de México en los siguientes términos:

Artículo 5°: El Congreso de la Unión determinará los casos en que, para el ejercicio profesional, se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquiera otra condición especial, así como las modalidades y términos de cumplimiento de dichos requisitos. Los colegios de profesionistas serán entidades privadas de interés público que coadyuvarán en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional; se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por las leyes, con autonomía para tomar sus decisiones y no podrán realizar actividades religiosas o políticas. La afiliación de los profesionistas será individual.

Artículo 28°: No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses, los colegios de profesionistas a que se refiere el Artículo 5 de esta Constitución ni las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales.

Artículo 73°: Se adiciona un nuevo inciso a la Fracción XXIX, para quedar como sigue: Para expedir las leyes a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del Artículo 5 y para establecer la concurrencia y bases de coordinación entre la federación, los estados y el Distrito Federal en estas materias.

Clave para combatir corruptelas

No es sólo uno sino tres los beneficios de obligar a la colegiación de abogados. El primero es la certificación y actualización constantes a las que deberán someterse; el segundo es el conocimiento adquirido de los procesos que siguen los otros participantes en el proceso de justicia, como los tribunales; el tercero y más importante: estarían cernidos a un código de ética. Esto, en la óptica del coordinador del área de Derecho Fundamental del ITESO, José de Jesús Bailón Cabrera, incidiría en eliminar las malas prácticas en las que incurren ciertos representantes del gremio, como los llamados “talibanes”.

“Obligarlos a pertenecer a un colegio es importante porque los actualiza constantemente. Lo más importante es que los colegios emitan la certificación”.

Para el presidente del Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia de Jalisco, Jesús Alejandro Cárdenas Magdaleno, la meta de la colegiación es cambiar la percepción de la opinión pública y lograr la confianza de la ciudadanía: que abogados realmente capacitados trabajen para su beneficio. “La autoridad jurídica de cada colegio depende de, por ejemplo, el presidente y su solvencia moral. Pero al final esa es la idea: que (los abogados) estén certificados. Nos daría a todos los gobernados una seguridad jurídica”.

Entretanto, el especialista en derecho laboral de la UdeG, Rosendo Fregoso Castro, expone que sí debería existir una colegiación obligada, pues sólo así se exigiría, incluso, que los litigantes contaran con nivel posgrado. “Que realmente sean profesionales del derecho. Una colegiación obligatoria es lo más saludable”. Calcula que ocho de cada 10 trabajan de manera independiente. Por eso, concluye que las malas prácticas, como las que se adjudican a los llamados “talibanes”, no son privativas de Jalisco sino que suceden en todos los estados.

GUÍA
El debate

¿Qué es la colegiación obligatoria?

Es el vínculo jurídico entre los individuos que se dedican al ejercicio de una profesión que implica la incorporación a una asociación gremial para su ejercicio, conforme a la Constitución y a las leyes aplicables. Es la forma idónea para propiciar la plena identificación de quienes ejercen una profesión, garantizar una ética profesional uniforme, la actualización profesional continua adecuada y la respuesta profesional eficiente.

¿Qué es la certificación obligatoria?

Es el procedimiento de constatación de que un profesionista cuenta con los conocimientos, experiencia y comportamiento profesional ético mínimos para su área de ejercicio.

VOCES

Herramienta sólida

La imagen del abogado debe reivindicarse, asegura Adalberto Ortega Solís, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Por ello afirma que la colegiación sería una herramienta sólida para consolidar el estado de Derecho porque impactaría en mejores servicios jurídicos.

Asevera que la certificación eliminaría casos que defienden los “talibanes”, ya que atacaría el ejercicio indebido y establecería una ética profesional: “La colegiación salvaguarda la ética y dignidad de la profesión, promueve la cooperación y la asistencia social de los mismos abogados. Beneficiaría el actuar del Poder Judicial cuando los jueces y abogados tengan prácticas corruptas”.

Adalberto Ortega Solís, maestro emérito de la UdeG.

Buscarían negocio

La certificación y colegiación de abogados podría resultar en un negocio para quienes la llevarán a cabo, prevé el notario Carlos Enrigue Zuloaga: “En Jalisco hay mil asociaciones de abogados dirigidas por las mismas personas. Tendrían un voto de varios. Sería un negocio”.

Pone como ejemplo los exámenes de control y confianza que se aplicaron a los cuerpos de seguridad, que sólo resultaron en un “negocio de millones de pesos”.

Pero se pronuncia a favor de la certificación, aunque sería más efectivo para combatir a los malos abogados mediante la persecución directa.

Carlos Enrigue Zuloaga, doctor en Derecho.

Un grandísimo problema

Los procesos de certificación para los abogados son una oportunidad para regularlos y que no se presenten “coyotes” que demeritan la profesión, apunta el abogado penalista Marco del Toro: “Eso es un grandísimo problema”.

Comenta que la falta de colegiación también va en perjuicio de las personas que en ocasiones encuentran a falsos abogados. Aclara que los organismos que se encargarán de los procesos de certificación deben ser independientes y estar libres de tintes políticos para evitar enfrentamientos entre grupos de abogados: “Serían fáciles de eliminar los abogados incómodos que toman asuntos contra el Gobierno”.

Marco del Toro, abogado penalista.

ESTAMOS TRABAJANDO EN LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA; ZAMORA JIMÉNEZ
“Cocinan” reforma federal

El senador Arturo Zamora Jiménez adelanta que desde el Senado de la República se impulsa una iniciativa de reforma constitucional, con la finalidad de que, por fin, se apruebe a nivel nacional la colegiación que contenga derechos y obligaciones para todos los profesionistas.

“Estamos trabajando y haciendo el mejor esfuerzo para tener una ley que plantee la colegiación obligatoria y en su caso la certificación permanente de los profesionistas”.

Entre las obligaciones, los profesionistas deberán apegarse a normas éticas en el desempeño de sus actividades profesionales, prevé Zamora Jiménez: “Los obligaría a una actualización de conocimientos, a evaluaciones permanentes y a mantener certificaciones”.

Con la creación de la Ley General para el Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias, “evitamos abogados que utilizan ciertos conocimientos de la ley para cometer fraudes y llegar a generar demandas laborales exorbitantes contra empresarios… evitamos que médicos que se digan especialistas en estética estén dañando a la salud”.

Para Arturo Zamora, las universidades deben ser las entidades responsables de llevar a cabo la certificación y evaluación: “Son quienes tienen la posibilidad de llevar a cabo los cursos de actualización, manejan los sistemas de especialidades, de maestrías y doctorados, esencialmente ya tenemos una infraestructura educativa y creemos que puede ser este el camino”. Pero aclara que no está definido.

¿Cuándo se aprobará la reforma?, se le cuestiona: “Al inicio del siguiente periodo estará poniéndose en la mesa y, a finales de año, tendremos un acuerdo de los grupos parlamentarios para tomar una decisión”.

Por su parte, Felipe de Jesús Oceguera Barragán, director de Profesiones de Jalisco, recuerda que en agosto pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval remitió una iniciativa al Congreso del Estado para que exista una certificación periódica y la colegiación sea obligatoria.

De entrada, se plantea que la certificación aplique de manera obligatoria a los abogados, médicos, contadores, ingenieros y arquitectos. “Estaríamos contribuyendo en un espacio de mayor transparencia de quienes están ejerciendo en el Estado para ir cerrando las puertas a personas que no tienen conocimientos, espacios legalmente identificables para ejercer o que lo hacen fuera de las agrupaciones”.

¿Será una realidad la certificación?, se le pregunta: “Así es… la iniciativa es muy firme con respecto a la certificación y los avances en el Congreso van en ese sentido, espero que regresando del receso sea una de las que suban al pleno”.

Detalla que para el caso de los abogados se deberá constituir una comisión interinstitucional, conformada por las instancias educativas, el Poder Judicial y Ejecutivo, los colegios de profesionistas y sector privado para hacer un diseño de las competencias profesionales que deba tener el abogado.

Luego, podrán registrarse entres evaluadores y expertos en la materia que propongan y apliquen un instrumento de evaluación. “Son procesos que en Jalisco hemos decidido caminar a la par del esfuerzo del Senado… En este momento la Comisión de Puntos Constitucionales se encuentra analizando esta iniciativa”.

Con reservas

Dado que hay “cientos” de colegios de abogados en México, resulta poco confiable delegar en cada uno de ellos la responsabilidad de evaluar y certificar al gremio.

En la opinión del secretario del Trabajo, Héctor Pizano, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es una institución que ha mantenido un perfil óptimo para desempeñar esa función, pero tendría que analizarse si sería la única.

Recuerda que en la legislación americana, cada Estado debe certificar que los abogados están preparados para permitirles desempeñar su función, una condición que bien podría ponerse en marcha para Jalisco. “Que cualquiera que venga se certifique (…) para ver si lo dejamos trabajar”.

Por lo pronto, advierte, sería un tema que se abordaría bajo “muchas reservas”, pues “la colegiación en los términos que existe no te genera grandes beneficios”.

LA VOZ DEL EXPERTO
Competitividad

Alfonso Ponce Varela (del Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos).

La certificación y colegiación garantizarán una mejora en la competitividad que obligaría a los colegios a elevar su estándar de membresía. “Al buscar la certificación habría una mejora en los precios si cada colegio establece un estándar de lo que cuesta el servicio”.

Lo más importante es que éstas medidas darán una garantía a la sociedad de que los profesionistas continúan capacitándose y demuestran tener vigencia en sus conocimientos.

Entre las ventajas, menciona, nadie podrá ejercer si no pertenece a un colegio, pero “a cambio estará obligado a observar un código de ética, a vigilar y cumplir los estatutos de su colegio”.

Lo que hace falta es que se apruebe la ley y que los colegios se organicen para la certificación.

LA VOZ DEL EXPERTO
Certeza

Jaime Flores Medina (del Colegio Nacional de Abogados por el Derecho Prospectivo).

La colegiación es necesaria para que los ciudadanos tengan la certeza de que sus asuntos son llevados profesionalmente apegados a una forma de trabajo adecuada, “es la única manera de obligar a un abogado de prácticas inadecuadas de que trabaje con una ética”.

Con esta herramienta se tendrá la oportunidad de actualizarse y evitar que “se ‘amafien’ ciertos grupos de abogados que tendrían que enfrentarse a comisiones de vigilancia, de justicia, a una disciplina colegiada”.

Los propios colegios de abogados deben encargarse de la certificación, “como abogados somos los únicos que sabemos cuál es la naturaleza de nuestra profesión, los estándares e indicadores que debemos cubrir”.

LA VOZ DEL EXPERTO
Solución

Rodrigo Lazo (del Colegio de Abogados Capítulo Jalisco).

La colegiación y certificación de los abogados podrá, sin duda, evitar las conductas de los “talibanes”, “primero que nada porque se va a establecer un método de control para el ejercicio ético de la profesión, cualquier persona o entidad que se vea afectada por la corrupción de un abogado va a poder acceder a medios de impugnación y sanción”.

La reforma que impulsa el Senado propiciará que los ciudadanos recurran a profesionistas mejor preparados y con un estándar ético más alto, pero también a los abogados que incurran en un ejercicio antiético e indebido se les podrá retirar la certificación, suspender el ejercicio de su profesión o sancionar económicamente.

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