Centros de reinserción para menores requieren más personal

TLAQUEPAQUE, JALISCO (20/MAY/2013).- Aunque hoy funcionan de manera "óptima", pues a diferencia de los complejos carcelarios para adultos, la sobrepoblación no existe en los centros de reinserción social para menores infractores de Jalisco, estos operarían con mayor eficiencia si el personal y los recursos incrementan en un 20 por ciento.

Tanto para adquirir insumos, como para incrementar las áreas de vigilancia, trabajo social, psicología y enfermería, los recursos adicionales para tratar a los adolescentes y jóvenes que, por algún delito cometido, reciben tratamiento bajo cobijo del Estado, significarían una notable mejora, de acuerdo con el comisario de ejecución de medidas de prevención especial y adaptación social, Roberto Lares Gil. 

Actualmente, el Centro de Atención Integral Juvenil (conocido anteriormente como la "Granja" de menores infractores) mantiene internados a 221 jóvenes infractores; el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco (COCyDEJ, antes Tutelar) cuenta con un listado de 186, y la Unidad de Diagnóstico Social (con sede en Puerto Vallarta), tiene a nueve procesados. 

En el primer centro de reinserción (donde se encuentran los menores sentenciados) hay 102 personas, tanto en áreas administrativas como de custodia. Pero además de los profesionistas que laboran en la función pública, diversas organizaciones no gubernamentales acuden constantemente al complejo para auxiliar, ya sea con terapia psicológica, capacitación de personal y organización de eventos tanto culturales como religiosos.

Regularmente, son entre 65 y 70 personas capacitadas por turno las que prestan atención a los jóvenes. Los delitos que mayoritariamente obran en los expedientes de la dependencia son: robo (56 por ciento); homicidio calificado (20 por ciento) y secuestro (8 por ciento).

A decir del funcionario, una de las claves del éxito en la atención de menores que han cometido algún delito es la "atención personalizada" que estos reciben desde que ingresan al centro de observación y clasificación. "El Consejo Interdisciplinario, en donde participan trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas y pedagogos, entre otros, hace la debida clasificación respecto a su edad, sexo y si son primodelincuentes".

Además, los jóvenes no tienen contacto alguno con dinero. Si bien reciben un sueldo (el salario mínimo, aunque sólo si desean trabajar o están obligados a hacerlo por el juez), el monto de su ganancia llega a una "tarjeta" de la cual se descuentan los gastos que hagan en la tienda del complejo. También, asegura, se ha aplicado un "fondo de ahorro" con el 10% de su sueldo, que al final de su internado se le entregará íntegro; una orden girada por la titular de penales, Marisela Gómez Cobos.

"Tampoco se mezclan con más adultos ni quienes tienen más antecedentes, o son reincidentes. (El Consejo Interdisciplinario) elabora estudios de personalidad  que son allegados al juez para emitir la sentencia que corresponde a cada uno de ellos (...) Estudios psicológicos, psiquiatría si es necesario. Hablamos con familiares e interactuamos para que sea una verdadera reinserción social".

Los núcleos de atención a menores infractores ofrecen educación primaria y secundaria. Lares Gil asegura que en breve se estará habilitando la preparatoria, y que también hay convenios con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), "para que saliendo los adolescentes puedan seguir estudiando una profesión y se puedan meter a la vida laboral".

Para saber:

¿Cómo es un proceso penal con menores infractores?

Cualquier menor de entre 12 y 17 años que cometa un delito tipificado como tal en el Código Penal del Estado es susceptible de ser detenido, y sometido a un proceso de reinserción. Para tal procedimiento, considerado como "especial", el Estado cuenta con agentes del Ministerio Público, y de igual forma ocurre en el Poder Judicial, donde existen jueces capacitados en este tenor.

Es el juez quien decide la remisión, bajo qué términos se dará, y el tiempo y las obligaciones que tendrá el menor una vez internado. También define si éste tendrá que estudiar, trabajar y recibir atención psicológica. Pero los menores que no tengan esta obligatoriedad podrán acceder al beneficio, sólo con el ánimo propio.

Si el menor fue detenido y procesado a los 17 años, y recibió una sentencia superior al año (cuando cumpla su mayoría de edad), seguirá internado en los complejos para menores. En Jalisco hay menores con hasta 24 años en los centros especializados, pues la sentencia impuesta puede llegar hasta los siete años. Tal es la "pena máxima".

El juez de la causa podrá decidir si hay un internamiento definitivo, en tiempo libre o domiciliario, con permisos especiales únicamente para salir a la escuela o al trabajo.

Fuente:

Comisaría de Ejecución de Medidas de Prevención Especial y Adaptación Social de la Fiscalía General



EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA