Centro de Justicia para Mujeres fue ''inviable'' en 2012

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUN/2012).- La prioridad presupuestal del Gobierno de Jalisco para 2012 es concluir los proyectos que se encuentran en marcha, por lo que no hubo condiciones para comenzar una nueva obra, como el Centro de Justicia de las Mujeres (CJM) que promueve el Gobierno federal a través de un subsidio para las entidades federativas.

Así explica María Elena Cruz Muñoz, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), que Jalisco haya dejado ir los 28.7 millones de pesos que habrían servido para comenzar la construcción de este centro, un edificio que concentra a todas las dependencias y servicios que requiere una mujer violentada y que evitaría que sufriera el viacrucis burocrático que comporta, actualmente, la búsqueda de justicia en estos casos.

El CJM “no tenía viabilidad financiera” en 2012, según la funcionaria del Gobierno estatal: “La política en todos los Estados que están al final de sus administraciones ya no es iniciar inversión pública, porque no se tendría el tiempo para concluirla, pero, más importante que eso, se tiene que concluir la inversión pública que ya está en curso, y que en esta administración ha sido del orden de los poco más de 40 mil millones de pesos”.

Ésa es la versión del Gobierno estatal pero no satisface al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco, una de las principales organizaciones no gubernamentales en la atención a mujeres violentadas. El organismo hace un énfasis clave: la creación de un CJM habría representado una vía para prevenir eso que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) llama la “doble victimización” que está presente en las entidades federativas que no cuentan con un CJM. Ese tipo de violencia institucionalizada que se expresa de muy distintas formas: desde el agente del Ministerio Público que responsabiliza a la víctima del ataque sexual porque se vistió de tal manera, hasta la terapia psicológica que la autoridad no ofrece sino hasta meses después de la agresión.

Alejandra Maritza Cartagena López es la abogada del Cladem encargada de representar legalmente a las mujeres que han sido violentadas. Camina junto a ellas por los senderos del laberinto burocrático y ha comprobado cuán graves obstáculos presentan a la búsqueda de justicia: no son pocos los casos de mujeres violentadas que terminaron perdiendo la vida a manos de sus agresores, aunque pidieron ayuda a instituciones que sólo les dieron respuestas desarticuladas.

Un CJM es, precisamente, una respuesta oficial contra la doble victimización, la propiciada por instituciones mal organizadas o por funcionarios insensibles: es un Ministerio Público para denunciar al agresor y solicitar de inmediato una orden de protección; un refugio para no tener que regresar al sitio donde se dio el ataque; una guardería para dejar a los niños bajo cuidado profesional; un consultorio médico y psicológico para madre e hijos; una oficina del Poder Judicial para tramitar pensiones alimenticias o divorcios, y una ventanilla para acceder ágilmente a programas de apoyo o para obtener empleo.

Por eso, Cartagena López, conocedora de primera mano del sistema penal estatal y de la cara que éste le da a una mujer violentada, no puede más que calificar la pérdida del subsidio federal como una “omisión grave” por parte del Gobierno de Jalisco. Y espera que lo resarza en 2013… aunque con los riesgos de continuidad implícitos en los cambios de gobierno.

La tenencia

María Elena Cruz Muñoz sabe de lo que habla: hasta el 14 de marzo de 2012 fue la directora general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin) y hoy puede afirmar que, si el Ejecutivo y el Congreso del Estado no hubieran eliminado el impuesto de la tenencia a partir de 2012, como lo hicieron, habría habido dinero para el CJM.

La desaparición de dicho impuesto, dice la presidenta del Instituto de las Mujeres, significó a Jalisco la pérdida de mil 600 millones de pesos que se dirigían justamente a infraestructura: “Si uno se va a renglones de 2011 y ve cuánto tenía el Estado para invertir en obra pública, tenía curiosamente mil 600 millones de pesos”.

La alternativa que le queda entonces a Jalisco es que, durante la elaboración del Presupuesto de Egresos para 2013, que será ejercido ya por una nueva administración estatal, se acepte el planteamiento de etiquetar los recursos que exige el Gobierno federal como aportación para recibir este subsidio. Sólo se requieren 12.3 millones de pesos, es decir, 30% de la inversión total, pues el Gobierno federal puede poner hasta 70% de lo requerido.

La construcción de uno de estos centros para las mujeres de Jalisco debe ser una prioridad para el Poder Ejecutivo, considera la presidenta del IJM, quien además ha sido legisladora federal y senadora de la República: “Es un modelo que impulsa la Conavim, que es la que dicta aquí la política a seguir, y creo que está siendo muy acertada esta estrategia. A la brevedad posible, los diferentes Estados tendrán que interesarse en adquirir el modelo para su entidad”.

Recibimos mil 600 millones de pesos menos porque el Estado no puso la tenencia; si uno ve cuánto había para obra pública en 2011, eran, curiosamente, mil 600 millones de pesos

María Elena Cruz Muñoz, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres y ex funcionaria de la Secretaría de Finanzas.

FRASES

"El modelo se basa en la premisa de que los asesinatos podrían prevenirse si se brinda atención al momento en el que solicitan ayuda "

Alejandra Maritza Cartagena López,
abogada del Cladem.

CIFRAS

2.1 Homicidios por cada 100 mil mujeres: estado actual de los feminicidios en Jalisco

63% Aumentaron las denuncias por el delito de violencia intrafamiliar en Jalisco en este sexenio

EL MODELO ACTUAL, LLENO DE FALLAS
El Ministerio Público acusa insensibilidad e ignorancia jurídica, señala el Cladem

Las deficiencias que sigue presentando el Ministerio Público (MP) estatal en la atención de mujeres que han sufrido agresiones, y la falta de una estructura gubernamental más amplia, eficiente y con componentes bien articulados para acompañarlas en la superación de su trance, llevan a que muchas veces el trato que reciben de la autoridad devenga “violencia institucionalizada” en medio de su condición de vulnerabilidad.

La ausencia de un Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) evidencia el fracaso del modelo actual de atención a víctimas, sostiene la abogada Alejandra Maritza Cartagena López, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco: “La atención que se le da a la mujer víctima de violencia física, sexual, psicológica y económica no es la apropiada: las mujeres son expuestas, no son tratadas con sensibilidad, son obligadas al desistimiento (de la denuncia), son amenazadas, incluso, para que otorguen el desistimiento hacia la persona que han denunciado”.

En un CJM todo el personal está capacitado para brindar un trato especializado a las mujeres vulneradas en sus derechos. Hasta su diseño arquitectónico es regulado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Esto es muy importante, comenta la abogada, pues se carece de espacios idóneos que garanticen la privacidad que requieren las mujeres que han pasado por situaciones extremas, como una violación, y que se han decidido a presentar una denuncia penal.

Alejandra Cartagena ha visto cómo los agentes del MP interrogan en cualquier lugar a las mujeres que denuncian una violación. Ha representado a mujeres que sufrieron un ataque sexual y a quienes la autoridad estatal ofreció terapia psicológica hasta cinco meses después del incidente. “Incluso nos ha tocado que en el primer contacto, cuando se levanta la denuncia, no nos dejan acercarnos porque comentan que no necesitan abogado (…) Cuando ya pasa a una averiguación previa y está con el MP, es lo mismo. Todo este tipo de situaciones de cómo ibas vestida, en qué horario, toda esta forma de echarle la culpa a la mujer de haber sido violentada sexualmente. Es una violencia institucional muy fuerte”.

El machismo implícito

A eso hay que sumar la insensibilidad del personal oficial: “Muchos son machos que casi dicen: ‘Pero es que él es hombre’ o ‘Es que es su marido’. Sí creo que este modelo que presenta la Conavim habría sido apropiado si realmente hay personal capacitado”

El problema, puntualiza Cartagena López, es que la Procuraduría de Justicia estatal no sólo requiere de personal mejor sensibilizado para que trabaje con una perspectiva de género (el reconocimiento de las condiciones sociales que crean entornos de mayor vulnerabilidad y discriminación para las mujeres), sino que también llega a mostrar desconocimiento sobre la existencia y funcionamiento de instrumentos legales, como las órdenes de protección para resguardar a la víctima del agresor.

Un CJM también es un refugio para las mujeres violentadas, pues cuenta con un espacio definido para esta función; tiene incluso una guardería por si la agredida tiene niños. En contraste con los poco accesibles refugios que hoy mantiene la autoridad estatal. El Cladem ha buscado que se ofrezca este servicio de protección para mujeres en riesgo, pero los espacios son manejados con tal confidencialidad que se vuelven simplemente inexpugnables. Sólo saben, comenta Cartagena López, que en los refugios de la autoridad las estadías son por tres meses. Un CJM, en cambio, está a la vista de todos, pero debidamente resguardado.

Como el modelo de un CJM —aún inexistente en Jalisco— integra, además, oficinas del Poder Judicial, debe resultar muy útil, desde la lectura de la abogada, para que la mujer pueda ir superando su vida de violencia, pues no todo acaba al momento de decidirse por denunciar al agresor: es probable que después deba buscar el divorcio a través de la vía contenciosa y la manutención de los hijos para poder terminar con el círculo de agresiones que puede establecerse dentro del hogar.

Pero nada de esto opera así en Jalisco. Aquí todo está desagregado. Una mujer agredida tendrá que buscar la primera atención en algún instituto de las mujeres, ya sea municipal o en el estatal; luego deberá trasladarse al MP para presentar una denuncia; después, si su voluntad no amaina ante un trato inadecuado o demorado, podría intentar divorciarse del agresor, pero ahora ante el Poder Judicial; si quisiera algún tipo de apoyo social extraordinario, podría solicitarlo nuevamente a la autoridad municipal, donde tendrá que volver a exponer todo su caso; si requiere de una guardería, tendrá que obtener el servicio por su cuenta…

En un CJM, todo ese recorrido interinstitucional se da dentro del mismo espacio y con personal que va acompañando a la mujer agredida de una fase a otra hasta darle una respuesta integral. Por eso, opina el Cladem, que el Gobierno de Jalisco no se haya interesado por el subsidio federal para traer este modelo durante 2012 indica que mejorar el acceso a la justicia para las mujeres no es una prioridad para el Poder Ejecutivo.

DIAGNÓSTICO
Problemas a resolver

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó resolver los siguientes problemas en las investigaciones de violencia contra mujeres en México:

Retrasos injustificados y falta de investigación de los hechos denunciados.

Falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas.

Ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres.

Patrones socioculturales discriminatorios en las instituciones.

Descalificación a las víctimas y estimación de sus casos como no prioritarios.

Carencia de abogados de oficio para las víctimas de violencia.

Falta de impacto en los programas de capacitación para los funcionarios que atienden a víctimas de violencia.

Falta de unidades especiales de fiscales y de la policía con los conocimientos técnicos.

CONTRASTE
Seis CJM en el país y otros tres en camino

El más reciente

El 26 de marzo pasado comenzó a trabajar el más reciente Centro de Justicia para las Mujeres del país, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya apertura sirvió para albergar, además, a la naciente Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género y para que autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometieran a ajustar todos los trámites de la entidad con tratados internacionales como el Protocolo de Estambul.

Cinco entidades tienen un CJM

Campeche, Campeche.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Amecameca, Estado de México.

Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Monterrey, Nuevo León.

Hay tres más en construcción

Oaxaca.

Distrito Federal.

Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Fuente: Datos de la Conavim y de su página web.