Centralizar elecciones es un paso atrás: Tomás Figueroa

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2013).- La creación de un instituto nacional que se encargue de la organización todas las elecciones del país, desapareciendo antes a los organismos de los Estados, traerá complicaciones técnicas que pueden hacer retroceder al país en términos democráticos, concluye el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ( IEPC), Tomás Figueroa Padilla.
 
El día de mañana habrá un nuevo encuentro entre representantes de los institutos electorales estatales con los legisladores federales, para continuar con el estudio de este planteamiento que, dice Figueroa Padilla, ya había hallado el consenso entre las distintas fuerzas políticas a nivel nacional, pero que ahora han decidido hacer un alto para reparar en los pormenores de una determinación como ésta.
 
"Creo que pudiéramos dar algunos pasos hacia atrás que pudieran complicar la forma de elegir a nuestras autoridades, creo que es una reforma de gran envergadura que requiere una discusión muy amplia y espero -y siento- que las autoridades, el Poder Legislativo, están tomando decisiones correctas de estar escuchando a las distintas opiniones".
 
El presidente del IEPC prefiere no fijar una postura con respecto a si un instituto nacional vendría a vulnerar el federalismo de México, pero sí se adentra en las repercusiones operativas que tendría dicha decisión:
 
"Hay muchas inconveniencias y muchos riesgos que se presentan (en los procesos electorales), las autoridades somos las encargadas de disminuir esos riesgos al máximo posible, y parte de las cuestiones que estamos argumentando que sería muy complejo con un órgano nacional tiene que ver con la parte técnica: fiscalizar (a los partidos), repartir los tiempos que tienen los candidatos y partidos en radio y televisión, es bastante complejo, y en nuestro país se realizan más de cuatro mil 200 elecciones".
 
En todo este debate, sin embargo, no se ha mostrado ningún estudio técnico que demuestre que la centralización de la organización electoral en un sólo instituto, reducirá el costo económico de esta tarea, la cual es una de las aseveraciones que se esgrimen a su favor, por el contrario, dice el presidente del IEPC, más bien podría incrementar.
 
"Tenemos datos donde esto aumentaría la carga de un ' IFE (Instituto Federal Electoral) nacional' porque se tendría que llevar a cabo una infinidad de actividades que actualmente las autoridades federales no realizan, como la fiscalización y los procesos sancionadores cuando son los procesos electorales, y todas las quejas de candidatos, partidos y ciudadanos que son procesos muy complejos".
 
Dado que otro de los argumentos detrás de este proyecto de centralización es que los gobernadores de las entidades ejercen una gran influencia sobre las decisiones de los institutos electorales locales, el presidente expone que hay otras alternativas que pueden fortalecerlos en su gestión y autonomía, como la armonización a nivel nacional de ciertos parámetros sobre la selección de los consejeros electorales, y del funcionamiento mismo de los órganos estatales, sin desaparecerlos, por tanto.
 
"Podría desde la Constitución incorporase o que fueran incorporadas por todas las legislaturas y por todos los órganos locales la manera de elegir a los consejeros, el periodo que deben durar para evitar lo que se ha argumentado -sin ningún argumento- que los partidos influyen en las decisiones de los órganos electorales. Es un remedio que se puede resolver de manera puntual desde que se puedan elegir los consejeros con examen de oposición, incluso pensar en la insaculación una vez que se reúnan los requisitos".
 
"Se debe llegar a una armonización donde se garantice estabilidad a los consejeros electorales, un periodo que trascienda las administraciones que se eligen, y se tendría que ver una remuneración que sea adecuada, no digo mucha o poca, pero que garantice que los consejeros electorales tengan certeza y trasciendan (el periodo de gobierno)".
 
Dio ejemplos  de la diversidad que actualmente existe en esta materia. En Jalisco los consejeros son elegidos por periodos de tres años con posibilidad de repetir una ocasión (los del IFE son por nueve años), su salario es similar al de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, que ronda los 140 mil pesos mensuales (aunque determinaron bajarlo a 85 mil pesos). En Nuevo León, en cambio, sus consejeros son seleccionados por periodos de seis años, pero su salario bruto es de apenas 19 mil 687 pesos.
 
Hay, además, este antecedente histórico en el dilema del federalismo y la centralización. En la Constitución Política de México de 1857, narra el presidente, los legisladores decidieron centralizar el Poder Judicial, aseverando que los jueces estatales eran influidos por los gobernadores, pero esto llevó a que la justicia no fuera expedita, lo que afectaba seriamente al juicio de amparo y sus suspensiones para los actos gubernamentales, por eso, continúa Figueroa Padilla, fue en la Constitución de 1917 cuando se decidió dar marcha atrás y descentralizar a los juzgadores en las entidades federativas.
 
Actualmente el Instituto local tiene un presupuesto de 120 millones de pesos y una plantilla de 170 empleados, más otros 214 millones que se entregan como prerrogativas a los partidos políticos.
 
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA