Catean despacho relacionado con presunto tráfico de menores

ZAPOPAN, JALISCO (19/ENE/2012).-Tras continuar con las investigaciones en relación al caso de la presunta red de adopciones ilegales o hasta el posible tráfico de niños, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) cateó durante la noche de este miércoles y la madrugada de hoy, en calles de la colonia Providencia, las oficinas del despacho de los abogados que al parecer se encargaban de realizar los trámites.

El despacho se encuentra ubicado sobre la calle Florencia, entre Quebéc y la Avenida Terranova.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la PGJEJ, el principal abogado del despacho responde a nombre Carlos López Valenzuela, quien al igual que su hijo, un ex agente del del Ministerio Publico de la PGJEJ, continúan sin ser encontrados por la fiscalía estatal.

Aunque también se realizaron diversos cateos en otros puntos de la metrópoli, la dependencia aún no ha revelado los resultados.

¿Cómo operaban?

De acuerdo con información proporcionada por el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, los presuntos miembros de la red de adopciones operaban "acaparando la atención de mujeres embarazadas, cuyos anuncios los publicaban en periódicos locales".

Posteriormente, a cada mujer embarazada les daban mil 200 pesos a la semana para sus gastos durante el embarazo, para que se compraran vitaminas, medicinas y recibieran atención médica.

Luego de que nacían los bebés, los indiciados les decían a sus madres que se iban a llevar a sus hijos durante 15 días para realizar campañas publicitarias conta el aborto, pero realmente los infantes eran enviados con parejas de irlandeses radicados en Ajijic, para que convivieran con los menores y se dieran cuenta si había química entre ellos y el bebé para poder adoptarlo.

Por este caso, hasta el momento hay nueve personas arraigadas, de las cuales siete son mujeres y los otros dos son del sexo masculino.

Además, la PGJEJ ha rescatado y asegurado a 10 niños, de los cuales cuatro presentan síntomas de abuso sexual.

De acuerdo con los datos aportados y por la dimensión del caso, Coronado Olmos indicó que ya envió una solicitud a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) de la PGR, para que analice el caso y vea si lo podrían atraer por el delito de trata de personas, ya que ese es un delito federal considerado como grave.

EL INFORMADOR / MARTÍN PATIÑO