Cardenal en gallinero

Las manifestaciones de apoyo al cardenal Juan Sandoval, igual que los plantones en su contra, son muestras que ilustran nuestra pobre tradición democrática y la torpeza con que mezclamos temas cuando en apariencia hay una discusión civilizada.

Aunque el asunto se convirtió en un griterío chillón como el que vimos sábado y domingo frente a Catedral, con dos plantones paralelos de aparente apoyo y repudio, a la vez, al derecho de adopción para parejas de homosexuales, es conveniente deshacer la madeja de juicios y opiniones por el puro interés práctico de hallar un principio de orden en este capítulo de la historia local que le da otra vez la razón a Álvaro Obregón, aquel ex presidente posrevolucionario que calificó a Jalisco como “el gallinero nacional”.

Primero que nada, las movilizaciones son válidas y resultan de un derecho garantizado para todos. Pero las que ocurrieron el fin de semana sólo evidenciaron ramplonería y falta de contribución a un debate de altura mínima que interese a otros ciudadanos para que la manifestación de ideas no se pierda en la famosa apatía que tanto nos recriminamos.

Después hay que notar cómo se mezclan dos categorías: moralidad y legalidad, que no son compatibles. Y el primero en hacerlo es el mismo cardenal Juan Sandoval.

La Iglesia Católica, una autoridad aceptada por millones en el ámbito moral, rechaza y desconoce el concepto del matrimonio entre personas del mismo sexo y naturalmente, la posibilidad de que una pareja así conformada pueda, mediante la figura de la adopción, ser una familia. Esta postura es más antigua que el arzobispo de Guadalajara y además, está óptimamente argumentada en la doctrina teológica. Nada que ver con sus expresiones voluntariosas y rupestres.

Hasta aquí, un ángulo nítido en la polémica.

La Suprema Corte de Justicia, una autoridad legal que es un cuerpo colegiado de notables, obligado a actuar en el marco del Derecho, teniendo como norma suprema la Constitución de esta nación (nación que es, por cierto, una república heredera del movimiento ideológico del Siglo de las Luces que culminó el alumbramiento de una comunidad humana idealizada y regida no por creencias religiosas, sino por la razón y las leyes), aprobó en un procedimiento totalmente reglamentado, que en este país los homosexuales son individuos con iguales derechos que los heterosexuales, de manera que si otra autoridad civil llegara a permitirles adoptar a un menor de edad, no existe ahí un acto de inconstitucionalidad.

Hasta aquí, otra arista clara de la controversia.

Luego entonces, ¿pretende la Suprema Corte imponer a la Iglesia Católica sus normas legales? No. Ni siquiera existen una y otra en el mismo plano ideológico; son entes diferentes.

Algunos creyentes aspiran a igualar todo y a todos en las normas morales de la Iglesia; la autoridad civil está forzada a velar porque las reglas se apliquen para todos, resguardando y aún protegiendo las diferencias que sustentan lo que somos, aunque a veces esto parezca un gallinero.