GUADALAJARA, JALISCO (07/ABR/2017).- Tras revelarse que la funcionaria de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Karla Melissa López Grajeda, es hermana de Vanessa Paola López Grajeda, socia de la empresa Cinco Contemporánea, la coordinadora ejecutiva presentó su renuncia ayer. Dicha constructora, en la que Rodrigo Ramos Garibi es socio, recibió 107 millones de pesos en siete contratos entre los años 2014 y 2016.El secretario Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia informó que aceptó su dimisión, pero negó que exista conflicto de interés. “No tiene el más mínimo conflicto de interés en este tema dado que no participa en ninguno de los procesos o momentos de la asignación de obra”. Sin embargo, López Grajeda fungía como coordinadora de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría, un área que sí tiene relación con la adjudicación de contratos.Ornelas precisó que, la ahora ex funcionaria, laboraba desde 2013 como comisionada en la Dirección Administrativa y, desde diciembre pasado, fue nombrada coordinadora. Por eso insistió en que no hay anomalías.Tras la polémica, la Contraloría de Jalisco abrió una investigación para determinar si hubo conflicto de interés. Lo anterior, según los términos del Artículo 43 de la Ley de Obra Pública de Jalisco, que prohíbe la contratación de obra a empresas en las que participe algún servidor público que intervenga en el procedimiento de adjudicación, así como sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado. “Yo abro esa línea de revisión… vamos a interiorizar en ese tema y vamos a proceder en consecuencia”, respondió la contralora Teresa Brito.El año pasado, tras los cuestionamientos de empresarios sobre el presunto cobro de “moches” a cambio de la asignación de contratos, Brito señaló que se emitió una serie de recomendaciones para el Comité de Adjudicación de Obra Pública y se inició una auditoría que arrojó 17 observaciones por su funcionamiento.Hasta la fecha, la SIOP ha solventado 10 observaciones, pero están pendientes otras siete en torno a los procesos de asignación de obra. “De no solventar procederemos a llevar a cabo las sanciones correspondientes”. La Secretaría tiene hasta el 27 de abril para aclarar las inconsistencias.Al respecto, Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), opinó que la función de un contralor debe ser enérgica. “La Contraloría debe ser muy transparente y enérgica en hacer el cumplimiento de la ley para evitar estos casos (cuando hay corrupción)”.
