CEDHJ emite recomendaciones por muertes en separos

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2010).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián emitió dos recomendaciones, dirigidas a los presidentes municipales de Casimiro Castillo y Lagos de Moreno, respectivamente, por una serie de omisiones cometidas por autoridades de sus ministerios públicos, y personal de los separos, mismas que ocasionaron la muerte de dos personas, que luego de ser detenidas por la Policía Municipal se quitaron la vida ante la poca vigilancia de los custodios.

La primera recomendación está dirigida al presidente municipal de Casimiro Castillo, Víctor Manuel Olguín Flores, ya que en agosto del 2008, una persona que en notable estado de ebriedad había sido responsable de un accidente de tránsito, se ahorcó una vez instalada en los separos.

El segundo documento, va a nombre del alcalde de Lagos de Moreno, José Brizuela López, indica que en octubre de 2008, un hombre detenido por alterar el orden público y agresión, también se quitó la vida una vez que fue recluido.

"Las investigaciones realizadas en los dos casos revelan que el personal encargado de custodia no tomó las medidas adecuadas por falta de capacitación básica sobre su tarea y cómo intervenir en situaciones de crisis", declaró el ombudsman en el Estado, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Entre las recomendaciones para la modificación de infraestructura y fortalecimiento de mejores prácticas administrativas, la CEDHJ pide se instalen equipos de video que permitan observar y proteger la integridad física de los detenidos.

A partir de hoy, las autoridades involucradas cuentan con 10 días hábiles para pronunciarse sobre las recomendaciones realizadas por la Comisión.

De acuerdo con datos de la dependencia, de las 23 cárceles municipales que existen en Jalisco, sólo nueve, es decir, menos del 40 por ciento operan sistemas de circuito cerrado de televisión.

"En los separos municipales no hay equipo de videograbación y que la infraestructura es inadecuada para que los alcaides y custodios vigilen la seguridad, salud y protección de la integridad física y la vida de los detenidos", señaló.

EL INFORMADOR / LILIANA NAVARRO