¿Basta con una disculpa?

El jueves 7 de abril la polémica estaba en todo su apogeo, por todos lados llovían críticas y cuestionamientos: los diarios locales registraron 16 notas, columnas o cartones aludiendo al tema. El viernes 8 la tormenta no amainaba: en los periódicos tapatíos fueron 15 las menciones sobre lo mismo. El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), Tomás Figueroa, quien junto con el consejero Víctor Hugo Bernal acompañó al alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro, a La Habana para comer con el cantante Silvio Rodríguez, decidió enmendar su errático y retador discurso exculpatorio con el que respondió a las primeras críticas, y emitió un comunicado con lenguaje compungido.

“Entiendo que mi decisión de viajar al extranjero tuvo implicaciones que en ese momento no dimensioné. Entiendo ahora y justifico las dudas que puedan despertarse de una actividad del ámbito privado. Por eso, deseo ofrecer a la ciudadanía una disculpa pública por un acto absolutamente legal que, sin embargo, generó una mala percepción”.

El presidente del IEPCJ reitera que “los días durante los que realicé mi viaje, corresponden a vacaciones, y no a una licencia”,  sostiene que todas las críticas han sido escuchadas y acaba por admitir: “Mi cargo es público y en razón de ello debe anteponerse a cualquier amistad o animosidad personal”.

No parece tener asidero un cuestionamiento al hecho de que los consejeros electorales y los políticos tengan afectos y los hagan públicos, ¿quién no los tiene? Si el alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro, cuyo cargo, desde su registro como candidato, estuvo envuelto en la polémica hasta que se dirimió a su favor en el organismo electoral, tiene entre sus mejores amistades las de los consejeros Figueroa y Bernal, eso no debe mover a sospecha por el hecho en sí mismo. Hacia atrás no hay nada qué hacer, lo que ha sido y lo que es no se puede negar y nadie está obligado a renunciar a sus afectos por su condición de servidor público.

El problema, ya lo han dicho otros, se presenta hacia adelante. Ignoro si en un descuido o en un arrebato de sinceridad, el presidente del IEPCJ —cuyo nombramiento también estuvo vinculado a sus relaciones personales con políticos en activo— reconoce en su comunicado que están plenamente justificadas “las dudas que puedan despertarse de una actividad del ámbito privado”, y se dice consciente de que sus actos “alimentan sospechas sobre la responsabilidad pública que me ha sido conferida”.

Si el árbitro electoral admite que su labor está bajo sospecha, mala señal para lo que viene. Tal vez no haya sanción jurídica, pero ¿cómo se quitará de encima la desconfianza de quienes son actores y sustento de la elección de las legítimas autoridades? Figueroa ha expuesto su posición, pero la polémica no se ha zanjado y penosamente revivirá en cualquier momento. Del consejero Víctor Hugo Bernal qué decir, si ni siquiera ha sido capaz de dar la cara y responder por sus actos.