Ayuntamiento de Unión de Tula y Gobierno del Estado logran acuerdos

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2015).- A una semana del desarme de la policía municipal de Unión de Tula y después de que 11 elementos de esta corporación fueron retenidos por parte de la Procuraduría General de la República para ser investigados, el Ayuntamiento de este municipio y la Secretaría General de Gobierno se reunieron para trabajar de manera coordinada.

Este encuentro se llevó a cabo en la casa de la cultura de Unión de Tula y estuvieron presentes los familiares de los policías retenidos, ejidatarios, autoridades municipales, el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, y el Comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga.

El Alcalde de Unión de Tula, Ignacio Ramos Lozano, informó que mientras sus elementos estuvieron recluidos, el Ayuntamiento presentó un juicio de amparo por presuntas violaciones a la libertad de los propios efectivos, quienes estuvieron en calidad de presentados. Dijo que tras esta reunión, la autoridad estatal se comprometió a garantizar los derechos de los policías.

"Fue promovido por parte de nosotros, para apoyarnos con recurso económico. Siempre y cuando, para que se viera si tenían responsabilidad o no tenían"

En estos momentos, los 30 elementos que conforman la policía municipal serán sometidos a exámenes de control y confianza. De acuerdo con el presidente Ramos Lozano, a los 11 elementos recluidos en la PGR se les practicó estas pruebas. Sin embargo, desconocía la fecha en que serán entregados los resultados.

Luego de que en días pasados cientos de habitantes de ese municipio se manifestaran exigiendo paz a las autoridades federales y estatales, los que participaron en esta audiencia aprovecharon para esclarecer sus dudas respecto a cómo se desarrollará la seguridad en Unión de Tula. El Gobierno del Estado garantizó que los operativos estarán a cargo de 40 elementos de la Fuerza Única enviados desde el 15 de mayo y la comunicación será permanente entre el municipio y el Poder Ejecutivo.


EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ