Autogobernados

El 5 de febrero, que por comodidad celebramos en el lunes más cercano, no sólo es el día de La Constitución, sino el día de dos de nuestras constituciones.

Aunque no es de las celebradas, la primera Constitución propiamente mexicana surgió en 1824, donde se descartó todo tipo de legislación extranjera y se proclamó el ejercicio absoluto de la soberanía. Existieron varios documentos claramente anticipatorios: la Constitución norteamericana de Filadelfia (1787), la francesa (1791) y la de Cádiz (1812), así como los “Sentimientos de la Nación”, de José María Morelos (1813), y el “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana” (Apatzingán 1814).

Tras años de inconsistencia política y hartos pleitos que remataron con el “Plan de Ayutla” desconociendo al Gobierno vigente, se convocó a un congreso extraordinario en 1856. El 5 de febrero de 1857 fue aprobada una nueva Constitución por el Congreso Constituyente, cuya paz resultante subsistió únicamente algunos meses, pues el propio presidente la desconoció. Se desató luego la Guerra de Reforma, entre quienes la desconocían y quienes la defendían.

En el curso mismo de la guerra, se emitieron una serie de ordenamientos conocidos como Leyes de Reforma. La Constitución de 1857 fue fundamental en la defensa nacional ante la invasión del imperio de Habsburgo. Tuvo supuesta vigencia tras la expulsión de los extranjeros y permaneció en vigor simulado hasta el 5 de febrero de 1917, cuando en plena revolución se pactó un proyecto de reformas a la propia Constitución de 1857 para retener el sangrado excesivo de los conflictos revolucionarios.

Desde su aparición, la Constitución de 1917 ha sufrido muchísimas modificaciones de distintos modos. Algunas son muy significativas, como cuando se otorgó derecho de voto a las mujeres en 1953; y en 1969 que se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años. Otras no tanto.

Toda democracia se sustenta principalmente en un pacto social sobre cómo decide convivir un conjunto de personas y cómo se arreglarán los temas de discusión y diferencia. Pero antes que nada tienen que acordar en cómo se pondrán de acuerdo. Aunque parezca un sencillo juego de palabras, en la práctica no lo es tal. Cuidar la consistencia de este acuerdo se vuelve entonces la mayor preocupación de quienes buscan evitar traspasar esa línea fina que divide entre una vida social que se expresa contando cabezas, de aquella otra donde se rige quebrándolas. Ésta es la idea detrás de la Constitución que celebramos; que ningún poder deberá ser arbitrario y que tenemos el derecho universal de autogobernarnos; establece que las decisiones se toman por medio de votaciones, y cuyos cambios deberían seguir un procedimiento ordenado. Ése es el sentido de República que los mexicanos hemos decidido, por razones de sangre y desencuentro, adoptar ya en tres distintas ocasiones, formulada en tres distintas constituciones.

Donde más apremia el proceso de transición política que vivimos es en la postergada Reforma del Estado, lo cual significaría nada menos que reconsiderar la vigencia del contrato social y el tejido de lo único que nos hace mexicanos, nuestra Constitución Política. Para quienes siguen la cuenta de nuestra historia, equivaldría a crear una nueva República por cuarta vez.