Arraigo en Jalisco, un instrumento 'intimidatorio': AJJ

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2013).- Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE) compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el pasado 23 de octubre, para rendir el segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en México, se exaltó el ejemplo de entidades federativas como Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal, que han eliminado la figura del arraigo.

En Jalisco, en cambio, la utilización del arraigo además de haber crecido nueve veces  en el periodo 2006-2012, se ha vuelto hoy en día una herramienta común y cotidiana para la Fiscalía General, que la considera, incluso, indispensable para tener el tiempo suficiente para la integración de sus averiguaciones previas.

Aquel día el titular de la SRE, José Antonio Meade Kuribreña, presentó a nombre del Estado mexicano el informe de la Segunda Evaluación por el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU), donde se puntualiza que el Congreso de la Unión estudia una reforma para reducir el uso del arraigo, y precisa:

"La iniciativa surgió a partir de haber advertido que esta medida (el arraigo) se había utilizado para cometer abusos al no haber sido aplicada en forma excepcional.  Existe la convicción de limitar su uso a casos verdaderamente excepcionales, como una medida cautelar que proteja el interés superior de la vida, y se considera importante que los organismos autónomos de derechos humanos en el país realicen una revisión en la aplicación de esta medida. Cabe destacar que, a nivel local, las legislaturas de los Estados de Chiapas y Oaxaca, y del Distrito Federal, han aprobado la eliminación del arraigo".

En Jalisco ya existe formalmente un planteamiento para excluir el arraigo del marco jurídico vigente, presentada por el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, y que igualaría al Estado con aquellas entidades federativas puestas como referentes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El arraigo es una medida cautelar que permite en Jalisco tener recluida a una persona hasta por 60 días, sólo por sospechas, sin que el Ministerio Público (MP) haya tenido que comprobar antes la probable responsabilidad del individuo en la comisión de un ilícito, y aunque debe ser autorizada por un juez, se considera una violación a los derechos de la libertad y presunción de inocencia, y por eso ha sido recomendada su supresión del marco legal federal y estatal por la Organización de las Naciones Unidas ( ONU).

El presidente de la Asociación Jurídica Jalisciense, José Antonio Pérez Juárez, coincide en esta necesidad por dejar de utilizar esta medida en Jalisco, lo que a su vez, obligaría al MP -a la Fiscalía General- a volverse más eficiente, y a tener que desarrollar investigaciones sólidas antes de detener a una persona, y no al revés, encerrarla para luego indagarla.

"Concretamente es una figura que, en realidad, sólo ha servido para intimidar, para coaccionar a los detenidos a confesar, porque hemos visto en la práctica que en un arraigo hasta de 60 días se realiza sin que el MP desahogue ninguna diligencia. No son más que respuestas de la incapacidad del Estado, es decir, el Estado busca reducir las garantías de los gobernados para justificar su incapacidad. Si una agencia del MP es floja, es incapaz, no integra debidamente la averiguación previa, no hace ninguna investigación dentro del término constitucional que puede ampliarse hasta 96 horas, pues tampoco lo hará en 60 días, estoy seguro que si le dieran un año tampoco lo hacía".

Un análisis muy similar al que hace el diputado autor de la iniciativa en estudio: "Se debe de acabar el arraigo. Esto obligará, sin duda, a que las autoridades busquen otros mecanismos para eficientar (sic) sus investigaciones, para trabajar lo que es la inteligencia para que entonces tengamos una investigación preventiva, y pueda haber más resultados en contra de la delincuencia; ahora vemos que vamos un paso atrás en este sentido, porque vemos que diario que se detiene a una persona  es apenas para investigarla, cuando se tiene que investigar y luego lanzar una detención o un operativo.  Necesitamos focalizar una investigación científica y preventiva".

Las estadísticas de la Fiscalía General de Jalisco transparentadas en esta administración -en la anterior se afirmaban inexistentes-, muestran que en el periodo 2006-2013 (a mayo) se arraigaron a 654 personas, pero la base no es tan detallada como para saber cuántas terminaron siendo consignadas, sólo se confirmó este paso con 102 de ellas (menos de una quinta parte).

El abogado Pérez Juárez, quien ha litigado en casos con personas que pasaron por un arraigo, advierte: "Constitucionalmente y procesalmente no existe ningún impedimento para que una persona arraigada tenga una defensa privada, que tenga contacto con su abogado particular, y sin embargo, en la práctica jamás se nos permite a los abogados particulares asesorar a una persona sujeta a arraigo, difícilmente le permiten ver a su familia, pero a un abogado no, entonces son aspectos que nosotros vemos que nomás lo que buscaron fue justificar su incapacidad".

Esto que señala también está plasmado en el Informe sobre México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, del 20 de diciembre de 2011, que dice "Apartados de la reforma constitucional de 2008 destinada, entre otros, a combatir el crimen organizado socavan la protección en contra de las desapariciones forzadas. La reforma consagró la figura del arraigo cuando una persona es investigada por delitos graves o por crimen organizado (...) sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares".

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibe cada año entre 50 y 60 quejas de personas arraigadas que señalan violaciones a sus garantías. A decir del abogado, las condiciones que crea el arraigo son propicias para obtener la confesión del detenido, de ahí que lo utilice tanto el MP, pues le permite paliar así sus deficiencias en la investigación científica (donde los servicios periciales son fundamentales).

"No es más que una estrategia intimidatoria para obligarlo (al detenido), para debilitarlo mental y físicamente, porque son mal alimentados, son incomunicados, y esto les permite reducir la capacidad de la persona, y entonces ya cuando llegan ante un juez ya confesaron un montón de delitos que no cometieron, e hicieron lo que el fiscal dijo, por eso se viene dando tan recurrentemente esa situación de que los jueces los tienen que liberar. Si queremos que se aplique la ley y queremos vivir en un estado de derecho, tenemos que respetar las normas y si un juez ve que un detenido en el arraigo fue incomunicado, le fue impedida su defensa, pues obviamente que por ley tiene que decretar que fue un proceso violatorio y que tiene que exonerarlo, liberarlo, aun siendo un delincuente.  Te llevo a una casa de seguridad donde no vas a tener posibilidades de tener contacto con tu familia, con tu abogado, donde vas a mal comer, a mal dormir, y donde te voy a estar insistiendo que confieses, que te declares confeso de lo que cometiste o no".

El diputado Sánchez Orozco añade: "Sabemos que tenemos un gran problema con lo que es la tortura, ese tipo de prisión preventiva -llamémosle así- en tanto tiempo y con las facultades que el MP tiene,  pues se corre el riesgo de incomunicaciones, de tortura y entonces que haya confesiones, y al final de cuentas, violación de derechos humanos".

El presidente de la Asociación Jurídica Jalisciense recuerda un caso en el que participó en la parte defensora, y en el que un hombre fue arraigado por sospechas de haber estado involucrado en un enfrentamiento que se registró en 2010, en Yahualica:

"Una persona estuvo arraigada por un enfrentamiento, hubo muertos, y después de que declaró ante el MP confesando lo que no cometió -porque después se demostró que no cometió el delito, lo confesó en el arraigo-, resulta que a los 15 días el propio arraigado le dice al MP 'que se le olvidó confesar unos crímenes'", el entrevistado ríe, "mire, me da risa, ya no me da coraje, ofende la inteligencia. Fíjese que él se acordó, ya cuando no le preguntaba el MP -así aparece en actuaciones- que en una ampliación de confesión dice fulanito que se le olvidó decirle al MP de otros ocho muertos que debía, óigame, ¡por favor! Tuvieron que exonerarlo.  Es que ya cuando usted está ante el juez tiene que demostrar no con la confesión, sino con qué arma, en qué lugar, quiénes fueron testigos, si se hicieron las pruebas, una serie de aspectos técnicos. Lo defendí en una etapa, estudié y me di cuenta del arraigo solicitado y en los 60 días no hubo ninguna investigación, ninguna actuación, nomás ese ridículo de que la persona cuando ya había confesado, y cuando ya no le estaban investigando, fíjese que él se acordó que se le habían olvidado ocho homicidios y le mandó decir al MP que por favor le dejara confesar ocho homicidios, así de ridículo es el arraigo y esos son los resultados. Y después dicen -jueces corruptos, lo soltaron-, pues es que los jueces tienen que actuar técnicamente".

En Jalisco el arraigo puede utilizarse contra todos los delitos graves en el Código Penal, es decir, más de 36 tipos distintos, en tanto se adopta el nuevo sistema de justicia penal, cuyo comienzo sigue sin definirse en el Estado.


EL INFORMADOR / LUIS HERRERA