Arraigan a cinco sicarios que traían explosivos tipo C–4

CIUDAD DE MÉXICO (16/SEP/2010).- Por su presunta responsabilidad en las comisiones de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Terrorismo y lo que resulte, cinco sujetos que dijeron ser del cártel de “La Familia Michoacana”, fueron arraigados por 40 días por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ( SIEDO) en la Ciudad de México.

Fue el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien obtuvo de un juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, la medida cautelar de arraigo por 40 días contra de José Antonio Cajigal Guizar, de 35 años de edad, con domicilio en el Estado de México, quien dijo haber sido militar; Jorge Carlos Hurtado Castelazo, de 34 años, del Distrito Federal; Rafael de Jesús Rodríguez Martínez, de 40, con residencia en la Ciudad de México; José Manuel García Saucedo, de 19, oriundo de Zacatecas y Juan Manuel Romero Anaya, de 20, vecino del Estado de Nayarit.

Los indiciados fueron detenidos el pasado 10 de septiembre, en el municipio de Tonalá, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Al momento de su aseguramiento portaban siete armas largas, seis cortas, equipo táctico y gran cantidad de cartuchos útiles, poco más de cuatro kilos del explosivo conocido como C–4, el cual sirve para demoler edificios, además de material y herramientas electrónicas para confeccionar artefactos explosivos y cordón detonante.

En sus declaraciones, los detenidos dijeron haber sido contratados por un hombre al que le apodan “El Chacal”, quien les pagaría la cantidad de 50 mil pesos a cada uno por trasladar y hacer detonar los artefactos explosivos en sedes policiales, como la del Estado, El Salto y Tonalá.

La Procuraduría General de la República (PGR), señaló que con motivo de la indagatoria se continúan realizando investigaciones con la finalidad de identificar a otras personas que pudieran resultar con responsabilidad por sus vínculos con los arraigados.