Aristóteles advierte movilizaciones y plantón contra Finanzas

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAR/2011).- Si la Secretaría de Finanzas ( Sefin) persiste en su postura de negar el registro ante el Gobierno federal de la deuda tapatía por mil 100 millones de pesos, habrá movilizaciones sociales e, inclusive, un plantón del propio presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, en esa dependencia del Gobierno del Estado.

Estas acciones, dijo Sandoval Díaz, vendrán después de agotar la vía judicial actualmente en proceso a través de dos recursos ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE):

“Los mismos vecinos están exigiéndome que a la brevedad se destrabe el crédito, yo ya les dije que quien lo tiene trabado es el gobernador (Emilio González Márquez) y ellos van a empezar a hacer las movilizaciones pertinentes. Y si no (...) acudiré a la Secretaría de Finanzas y no me voy a mover de ahí hasta que destraben el crédito”.

Por la mañana, los integrantes de la fracción del PRI se reunieron con el secretario de Finanzas, Martín Mendoza López, en las instalaciones de la dependencia estatal, para solicitarle el registro de la deuda. En este encuentro, no obstante, el funcionario y su equipo sostuvieron que la autoridad municipal seguía sin precisar debidamente el destino del recurso, como lo prevé la Ley de Deuda Pública.

Posteriormente, ya en el Palacio Municipal y como resultado de una reunión interna entre los ediles del PRI y los funcionarios de la Tesorería, el coordinador edilicio Javier Galván Guerrero afirmó ante los medios que la información sí había sido entregada en su totalidad por la dependencia municipal, y hasta cuestionó:

“Están aplicando (en la Secretaría de Finanzas) un criterio personalísimo que raya un poquito en lo partidista, es la impresión que nos deja”.

Ganan pleito por tablas catastrales

Sandoval Díaz aseguró que el Ayuntamiento de Guadalajara sí podrá hacer efectivas las tablas de valores catastrales que aprobó para el año 2011, mismas que establecen cambios en los criterios para considerar si una casa es nueva, seminueva o antigua —afectando los cargos por impuesto predial— y que habían sido vetadas por el Poder Ejecutivo. Esto se logró luego de haber obtenido resultados favorables en los procesos judiciales que el Ayuntamiento promovió.

La autoridad municipal había previsto que el veto del Poder Ejecutivo, de no haberse combatido legalmente, habría representado una afectación económica en sus arcas cercana a los 40 millones de pesos.