GUADALAJARA, JALISCO (08/ABR/2017).- Para inhibir las prácticas irregulares en los procesos de contratación de los gobiernos, la Comisión de Desarrollo Urbano presentará un dictamen conformado por dos iniciativas elaboradas por la diputada Rocío Corona y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que contemplan la participación ciudadana en la asignación de obra pública.La figura del testigo social está prevista en la iniciativa de los constructores, mientras que la diputada Corona impulsa la conformación de un comité ciudadano de contratación de obra pública, integrado por tres ciudadanos designados por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.Luego de que esta semana una ex funcionaria de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública renunciara tras exhibirse que el despacho Cinco Contemporánea, del cual es accionista su hermana Vanessa López Grajeda, recibió 107 millones de pesos en siete contratos, la presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales del Congreso espera que la reforma a la Ley de Obras se apruebe este año.La iniciativa sanciona el conflicto de interés y contempla la inhabilitación del servidor público que se aproveche de su cargo para beneficiar a alguna constructora, mientras que al despacho se le prohibirá concursar en proyectos de obra posteriores.Los moches también serán sancionados con la inhabilitación del cargo y hasta con 12 años de cárcel.En tanto, la propuesta de los constructores plantea la creación de un padrón único de contratistas, un banco de proyectos y un catálogo oficial de precios unitarios, mientras que en los procesos de licitación se prevé un modelo matemático basado en la “evaluación binaria” y en un procedimiento, creado por la CMIC, denominado “tasación aritmética”.
