Jueves, 02 de Enero 2025
Jalisco | La metrópoli registra más de 47 mil faltas del fuero común entre enero y agosto

Apuestan a la Agencia Metropolitana de Seguridad para abatir los delitos

La metrópoli registra más de 47 mil faltas del fuero común entre enero y agosto de este año, principalmente robos en todas sus modalidades

Por: EL INFORMADOR

Alcaldes emecistas denunciaron que el Gobierno de Jalisco retrasa la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad. EL INFORMADOR / R. Tamayo

Alcaldes emecistas denunciaron que el Gobierno de Jalisco retrasa la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad. EL INFORMADOR / R. Tamayo

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Sólo en los nueve municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara se han cometido 47 mil 178 delitos del fuero común entre enero y agosto de este año (principalmente robos y homicidios), que representan siete de cada 10 ilícitos ocurridos en todo el Estado en ese periodo (70 mil 516).

La cifra da cuenta de que en la segunda ciudad más grande en el país ocurren 194 hechos delictivos en promedio cada 24 horas.

La Agencia Metropolitana de Seguridad, dicen los alcaldes del Partido Movimiento Ciudadano que gobiernan los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapotlanejo y Juanacatlán, tiene como meta revertir los indicadores a la alza. Y los hay, pues aunque entre 2013 y 2014 hubo una disminución en la incidencia, para el año pasado la cantidad de delitos aumentó. Y este año todo indica que será récord en ilícitos.

“Prevención, antes que reacción”. Ésa es la estrategia con la que arrancará el Organismo Público Descentralizado que los alcaldes desean poner en funciones desde el primer día de 2017. “Ante la realidad no podemos quedarnos de brazos cruzados”, indica el primer edil zapopano, Pablo Lemus Navarro. “Estamos todos reprobados en seguridad: la metrópoli, el Estado y el país”, reconoce su homólogo de Tlajomulco, Alberto Uribe.

Refugio Velázquez, alcalde de Juanacatlán, reconoce que “el beneficio más grande es que nuestra Policía sería capacitada igual que cualquiera de la zona metropolitana. La esperanza es que los salarios sean homologados. Un policía de mi municipio actualmente gana un promedio de seis mil pesos mensuales. El de Zapopan gana 100% más”.

Los robos a casa-habitación y el abigeato destacan entre los delitos en el municipio. Juanacatlán tiene 30 policías y 20 mil habitantes. La ONU recomienda 2.8 policías por cada mil habitantes, o sea, necesita 48 policías, 18 más de los que tiene para cumplir con esa recomendación.

Por su parte, Zapopan reforzó su corporación de Policía con dos compras. La primera: una de 65 patrullas y nueve cuatrimotos; la segunda: 250 unidades y 60 motocicletas.

“El 4 de noviembre, cuando culmina la entrega, habremos de cuadruplicar la fuerza que tenemos en calle”, dice Pablo Lemus.

Según el primer edil, para el próximo año habrá dos mil 400 oficiales en las calles del municipio. “Recibimos mil 720 elementos. Contratamos 186 y estamos en proceso de 282 más. La idea es iniciar el 2017 con una fuerza de dos mil 400 elementos”.

GOBIERNO DEL ESTADO

Detectan inconsistencias en proyecto

El Gobierno del Estado respondió así a la postura de los alcaldes sobre la creación de la Agencia.

Sobre las inconsistencias del proyecto, detalla que en las mesas de trabajo que se conformaron con autoridades de todos los municipios se recogieron 40 comentarios y dudas sobre el modelo. Las más destacadas son:

1.- Se pretende que posterior a su creación ésta se “auto-regule”; es decir, no cuenta con alcances definidos.

2.-  No considera el impedimento de destinar fondos de programas federales al financiamiento de sus acciones (las reglas de operación de estos fondos establecen la obligatoriedad de los municipios de comprobar erogaciones; no puede hacerse a través de un ente intermunicipal).

3.-  Carece de un proyecto financiero que permita su funcionamiento.

4.-  Es endeble el mecanismo que se plantea para realizar las transferencias de las obligaciones patronales de los municipios a la agencia.

5.-  Carece de un esquema de operación territorial y líneas de mando.

El Ejecutivo indica que no se opone a la conformación de la agencia. Por el contrario, ha trabajado junto a los ayuntamientos para que el modelo pueda aplicarse con un entramado jurídico-institucional sólido. Lo que pide a los ayuntamientos es que se dé seguimiento a las mesas de discusión y se respondan las dudas e inconsistencias presentadas ante el Instituto Metropolitano de Planeación para evitar que la Agencia obstaculice en lugar de ayudar a solventar los problemas de seguridad.

En caso de que no se corrijan las inconsistencias, añade que se podrían generar problemas jurídicos y administrativos que compliquen el cumplimiento de las responsabilidades de los ayuntamientos en materia de seguridad. Además, podría resultar que la propuesta resulte inoperante debido a la imposibilidad de asignarle recursos federales que son etiquetados para los ayuntamientos. Abunda que el Estado no pretende aletargar la conformación de la Agencia. “Es preciso señalar que en la sesión del 30 de agosto del Imeplan se acordó por los nueve municipios y el Gobierno del Estado, que sería hasta 1 de julio de 2017 la fecha en que entraría en operación. Una vez atendidas las dudas y subsanadas las inconsistencias”.

También aclara que el Gobierno nunca firmó el aval para la creación de la Agencia.

GUÍA

Los pasos para la Agencia

1.- La Agencia Metropolitana de Seguridad debe constituirse este mes e iniciar el proceso para su entrada en operación en enero de 2017. Los alcaldes afirman: “Vale la pena aclarar de una vez por todas que lo que planteamos tiene soporte en la Constitución Política de nuestro país y en la Constitución Política del Estado”.

2.- En paralelo, con la Agencia creada, se instalará la mesa técnica para preparar la entrada en operación y creación del mando metropolitano, su nueva estrategia operativa, la definición de criterios para la programación presupuestal de 2017 y los ajustes administrativos que se requieran.

3.- La Agencia será creada bajo la figura de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal. El 17 de octubre será la aprobación en el pleno de los ayuntamientos y el 25 de octubre la presentación a la Junta de Coordinación Metropolitana. Para el 26  será la firma del convenio específico para la creación de dicha figura de asociación.

4.- Antes de que termine el año tendrá que estar constituido el Consejo Ciudadano por la Seguridad.

5.- La meta en el corto plazo es que el andamiaje administrativo, financiero, jurídico e institucional de la Agencia quede listo a finales de este año y entre en operaciones en enero del próximo.

6.- La meta a mediano plazo es lograr que la Policía Metropolitana y el Mando Policial Metropolitano estén operando a mediados de 2017 con los diseños administrativo, financiero y operativo listos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Replicarán modelos exitosos en ciudades

Guillermo Zepeda Lecuona (investigador del Colegio de Jalisco)

Para el investigador, la Agencia de Seguridad puede reducir los problemas de inseguridad en la ciudad, tal como sucedió en metrópolis colombianas y estadounidenses.

Destaca que este modelo permitirá a los municipios que preparen a sus policías en una sola academia, que se estandaricen los protocolos y que se brinde apoyo a las administraciones que tienen menor capacidad operativa.

Resalta que la propuesta que defendieron los alcaldes es sólida, pues se analizó en términos jurídicos, financieros y operativos. Según él, “representa una solución metropolitana para un problema metropolitano”, pero necesita de la participación del Estado y de los municipios.

Acentúa que una medida como ésta le daría a colonias como Miravalle (que está en Guadalajara y en Tlaquepaque) la oportunidad de obtener recursos de un sólo programa para atender una misma problemática.

“Lo que ahora se podrá recibir es una política totalmente de coordinación, diagnósticos metropolitanos, el esquema de cuadrantes donde se ve la problemática local, intensa participación ciudadana y, en la medida que tengamos diagnósticos muy concretos, van a ser más profundas la políticas”.

No deben exceder las funciones

Francisco Jiménez Reynoso (investigador de la UdeG)

En su artículo 115, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que los municipios, en beneficio de su respectiva población, puede generar convenios para beneficio de las diferentes áreas y materias, entre éstas la seguridad. Así también lo refiere el Artículo 80 de la Constitución de Jalisco.

Sin embargo, Francisco Jiménez Reynoso advierte que los convenios no deben invadir el poder de la Fiscalía General ni del Ejército.

“Todos tienen una delimitación muy clara. En virtud de ello, los convenios deben de observar el aspecto de la territorialidad, en el que no deben excederse en cuanto a atribuciones y en cuanto a territorio”.

Afirma que no habría ningún problema si las corporaciones respetan la Constitución y las leyes referentes al tema de la seguridad.

“Además, van a tener que hacerse ajustes en cuanto a los recursos financieros. Estos deben quedar perfectamente delimitados en los convenios intermunicipales que se generen. Si cuidan todos estos aspectos, no van a tener problemas a futuro. De lo contrario, si asumen atribuciones que no les corresponden, se exceden en sus funciones o se quedan cortos en éstas, estarían incurriendo en problemas jurídicos”.

TELÓN DE FONDO

Los proyectos y presupuestos

En el sexenio estatal de Enrique Álvarez del Castillo (1983-1988) se creó una Policía Metropolitana de Guadalajara, pero el modelo fracasó.

Por otra parte, en los primeros meses de 2006, como candidato a la gubernatura, el panista Emilio González Márquez prometió la conformación de una Policía Metropolitana para abatir la delincuencia, pero en 2013 terminó su sexenio y jamás cumplió, mientras los indicadores de violencia e inseguridad literalmente se dispararon.  

En ese periodo gubernamental, Emilio González aumentó los presupuestos de la entonces Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría, exigió al Congreso de Jalisco reformas en materia de seguridad y justicia, así como un crédito bancario, pero de nada sirvieron y los números lo evidencian: en 2007 se documentaron 73 mil 622 averiguaciones previas por delitos del fuero común, principalmente robos y homicidios, mientras en el último año de González Márquez (2013) se registró la cifra más alta en la historia del Estado: 101 mil 974.

En presupuestos, la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría erogaron más de 2 mil 408 millones de pesos en 2007, mientras en 2013, la bolsa aumentó a 2 mil 977 millones, sin contar el crédito bancario que le autorizó el Congreso de Jalisco al Gobierno por mil 500 millones de pesos, que se invirtió entre los años 2012 y 2013 para un mayor equipamiento ante las embestidas y narcobloqueos del crimen organizado.

En el ámbito legislativo, el Congreso de Jalisco autorizó varias reformas, entre las que destacan la Ley del sistema estatal de seguridad pública (que incluía depurar a los malos o corruptos policías y para que las corporaciones fueran más efectivas en el combate de la delincuencia) y la Ley de extinción de dominio (para facilitar los procesos y atacar las finanzas de la delincuencia, con la intención de desarticularla de fondo), entre otras.

Todo lo anterior de poco sirvió para abatir a la delincuencia. ¿Por qué aumentaron los delitos y la percepción de inseguridad? La respuesta de la pasada autoridad fue “simple”: las matanzas entre delincuentes por las disputas de los territorios y porque los narcotraficantes o el crimen organizado se habían diversificado, sumándose a los robos, extorsiones y asesinatos de personas inocentes.

En la presente administración de Aristóteles Sandoval se impulsó una reforma “estructural” y se fusionó a la Secretaría de Seguridad con la Procuraduría, replicando modelos priistas en estados como Chihuahua, creando a la Fiscalía General con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Estado.

Aunque el entonces fiscal Luis Carlos Nájera siempre reprobó el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (Mide), que “transparenta” las estadísticas de las averiguaciones previas, por ejemplo, entre 2013 y 2014 se reportó una reducción de los delitos del fuero común: bajaron de 101 mil 974 a 91 mil 577 averiguaciones, respectivamente. El problema es que el año pasado se incrementó la inseguridad a 95 mil 329 averiguaciones —hay que remarcar que cada averiguación puede incluir varios delitos, por lo que la incidencia delictiva podría ser mayor—.

También se creó la Fuerza Única Metropolitana, integrada por policías estatales y municipales, pero las nuevas administraciones emecistas retiraron el apoyo para impulsar su nuevo proyecto.

¿Cuál es el escenario de este año? Entre enero y agosto suman 70 mil 516 averiguaciones o carpetas de investigación (el nuevo nombre tras la reforma al sistema de justicia penal). La tendencia es precisa y este año podría ser récord en delitos.

Por otra parte, si en 2007 la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría tuvieron un presupuesto de 2 mil 408 millones de pesos, este año, la Fiscalía cuenta con 6 mil 410 millones de pesos, pero sin considerar el nuevo crédito por mil 115 millones de pesos para el llamado C5 (695 millones para el nuevo sistema de videovigilancia), la construcción de tres bases regionales para la Fuerza Única (200 millones), además del mantenimiento y la rehabilitación de penales del complejo penitenciario de Puente Grade” y las cárce les regionales (220 millones).

Con el triple del presupuesto en el comparativo anual 2007-2016, hay incrementos en algunos delitos, pero la responsabilidad es compartida con las principales Policías de la metrópoli; es decir, las corporaciones que encabezan Enrique Alfaro (Guadalajara), Pablo Lemus (Zapopan) o Tlaquepaque (María Elena Limón), entre otras. Por eso los presidentes municipales solicitan el apoyo del Gobierno de Jalisco para la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad.

A la espera

Hoy, las promesas para que reduzca la inseguridad son dos: la implementación del C5 por parte de la Fiscalía y la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad por parte de los ayuntamientos.

CLAVES

La última encuesta

Sondeo. El Inegi recientemente publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016, que revela cifras preocupantes.

Denuncias. A pesar de los nuevos canales de denuncia, la “cifra negra” de delitos aumentó a 94.2 en Jalisco. Esto significa que sólo seis de cada 100 víctimas denuncian ante el Ministerio Público. Del total de las averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 45.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

Argumentos. Entre las razones para “no” denunciar los delitos destaca la “pérdida de tiempo con 33%” y la “desconfianza en la autoridad con 16.6%”.

Delitos. Según la población, los cinco principales delitos en Jalisco son robo total o parcial de vehículo, robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, fraude y robo en casa habitación.  Por su parte, las cinco conductas delictivas o antisociales más frecuentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara son: se consume droga, se consume alcohol en la calle, existen robos o asaltos frecuentes, existe pandillerismo o bandas violentas, además se vende droga.

Diferencias. En Jalisco, la percepción de inseguridad afecta al 69.1% de la población. En el Área Metropolitana de Guadalajara el porcentaje asciende ligeramente a 70.1%.

Ejemplos. En Yucatán como Estado (sólo 31% de la población tiene una percepción de inseguridad) y Mérida como ciudad es donde hay mayor paz o tranquilidad (33%). Por su parte, Chiapas es la Entidad donde menos delitos se cometen.

Zonas. En el cajero automático, en el transporte público, en la calle, en el banco, en el mercado, en la carretera, en el parque o centro recreativo, en el automóvil, en el centro comercial, en la escuela, en el trabajo o en la casa es donde la población manifiesta sentirse más insegura.

Reprobada. Sólo 53.3% de la población en Jalisco confía en la Policía.

Pérdida. En promedio, cada víctima de la delincuencia o inseguridad perdió el año pasado cinco mil 905 pesos.

Población. En Jalisco se estima que un millón 815 mil 211 personas fueron víctimas del delito el año pasado.

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