Apoyarán a indígenas en procesos legales

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2013).- El Consejo Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CNI) otorgará dos millones de pesos en labores de representación y orientación legal a indígenas que atraviesan procesos penales, y que por falta de recursos se encuentran recluidos.

A través de un convenio que firmó esta mañana el delegado federal del CNI con la Procuraduría Social de Jalisco, ambas instituciones acordaron recibir los casos de los indígenas que se encuentran en estos casos, para apoyar a cada uno con un monto máximo de 74 mil pesos.

Según Francisco Santos Salas, delegado de Jalisco y Colima del CNI, en el estado existen 105 integrantes de grupos étnicos recluidos en penales acusados de agresión y violencia intrafamiliar, de los cuales, por tratarse de delitos menores, 30 podrían salir con el apoyo de la institución una vez que ésta pague su fianza.

"Ellos (los indígenas) su cultura es trabajar y vivir al día, no es como el resto de nosotros que queremos atesorar y prevenir cosas al futuro. Ellos viven al día y no cuentan con cuentas bancarias (para hacer un pago de fianza)", generalizó Santos Salas en referencia a la precariedad de estos grupos vulnerables.

Por otra parte, el convenio firmado también incluye orientación a indígenas en su lengua sobre conflictos mercantiles y familiares, quedando excluidos los agrarios. Sin embargo, la procuradora Social, Felícitas Velázquez Serrano, reconoció que el personal con que cuentan para realizar ese trabajo no será suficiente para las comunidades objetivo, pues hay 12 mil indígenas en Jalisco y 95 defensores sociales, de los cuales sólo 40 son foráneos.

"Sí tenemos un poquito de defensa, pero la petición para el señor gobernador es un incremento de agentes sociales sobre todo especializados en la materia penal, que es en lo que más se observan las necesidades de estos grupos", dijo la funcionaria.

Además, aseguró que las campañas de difusión de este apoyo comenzarán en la zona norte del estado en diversas lenguas.

EL INFORMADOR / VIOLETA MELÉNDEZ