Anomalías envuelven la gestión del auditor

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2013).- Una gestión polémica es la que ha tenido Alonso Godoy Pelayo al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Su desempeño al frente de la unidad de fiscalización más importante de la Entidad  se ha caracterizado por varios escándalos.

Alonso Godoy fue electo auditor superior de Jalisco en julio de 2004, apoyado por el PRI (liderado por el entonces diputado Ramiro Hernández).

Uno de los escándalos más sonados fue cuando en 2011 recibió entre 9.8  y 10.7 millones de pesos de sobresueldo.

Su patrimonio en 2010 alcanzó los 37 millones 010 mil 416 pesos. Esa cantidad representa más del triple de lo que declaró en 2008.

En 2008 el funcionario reportó que tenía inversiones financieras por 11 millones 786 mil 298 pesos. Un año después, las aumentó en su declaración a 30 millones 899 mil 503 pesos.

El proveedor de las formas de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ( ASEJ) es su suegro y compadre, Alfredo Vargas Padilla, quien por ese concepto cobró cuatro millones de pesos de recursos públicos.

En 2006 el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) lo acusó de opaco y de provocar que la ASEJ se negara consistentemente a dar información pública.

Un año después se acusó a Godoy Pelayo de contratar 68 empleados sin los respectivos concursos de ley, y por recomendación de diputados.

En 2009 la Universidad de Guadalajara le compró al auditor un terreno de 6.3 hectáreas en 28 millones de pesos, aunque su valor catastral era de 344 mil 499 pesos.

Vivía durante años en una casa dúplex de ocho metros de frente. Se mudó de allí a una casa del fraccionamiento residencial Los Gavilanes, en Zapopan.

En 2013 se dio a conocer que cobra quincenas por adelantado, compra monederos electrónicos para sus empleados y ha autorizado plazas, sin tener la autorización del Congreso.

EL DATO
Libra juicio político

El auditor Alonso Godoy Pelayo, junto con otros ex funcionarios, que en total suman 30 personas, libró el proceso de juicio político que ciudadanos solicitaron en su contra por faltas a la ley o excederse en sus funciones, después de que en el Congreso fueran desechadas las solicitudes.