Andares demanda a Zapopan restitución de 92 MDP

GUADALAJARA, JALISCO.- El equipo jurídico de la Desarrolladora Mexicana de Inmuebles (DMI), propietaria del Centro Comercial Andares, elaboró un paquete de acciones jurídicas para demandarle al Ayuntamiento de Zapopan la restitución de 92 millones de pesos que fueron invertidos, “sin estar obligada a ello”.

La empresa DMI recurrió en tres ocasiones a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para distintos conceptos. El primero, para recuperar los 53 millones de pesos que invirtieron en el paso a desnivel que sirve de acceso a la plaza y a Bulevar Puerta de Hierro. El segundo, para exigir un pago de 35 millones de pesos para compensar los incrementos en el costo de los insumos y de la construcción del inmueble que, aseguran los abogados, les ocasionó el retraso en la expedición de la licencia de urbanización en 2006.  El tercero, por otro retraso en la licencia del estacionamiento donde contabilizan una pérdida de cuatro millones. La cuarta acción es una demanda de nulidad para aminorar los valores de cobro asignados para su predial. 

El fundamento legal que juega un papel toral en la postura que expone la desarrolladora del Centro Comercial Andares para exigir la restitución de la inversión que hizo en obras viales, es que el dictamen de trazos, usos y destinos que le otorgó el Ayuntamiento de Zapopan no las tiene contempladas como parte de su proyecto.

De ahí que el equipo jurídico de la Desarrolladora Mexicana de Inmuebles (DMI) cuestione la validez del convenio que suscribieron de manera posterior con el Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Vialidad el 12 de abril de 2006, en el que se hace referencia a esas adecuaciones viales.

“En el dictamen de trazos, usos y destinos no se le impuso ninguna carga u obligación adicional a Andares, más que el obtener sus licencias y pagar los derechos correspondientes. Con el paso del tiempo y dadas las exigencias de Zapopan, que no nos daba licencias de urbanización y construcción, la manera de chantajearnos  o forzarnos para expedirnos esas licencias y poder continuar con la obra, fue que celebráramos un convenio donde se le impuso (a DMI) un plan de solución vial para la zona que va desde Andares hasta el cruce con Avenida Universidad”, apuntó Óscar Hernández Hernández, director jurídico corporativo de la empresa.

Los primeros 53 millones de pesos que exigen por el paso a desnivel de ingreso en Bulevar Puerta de Hierro, están contemplados en el convenio citado 0530/2/2.8/254/06, donde dice: “Que tomando en cuenta que la primera etapa del proyecto señalado (el paso a desnivel), tiene relación directa con la acción urbanística Andares, el promotor se obliga a llevar a cabo la ejecución de la primera etapa del proyecto a su costa, al considerarse tales trabajos como obras de infraestructura básica inherentes a su acción urbanística”.

Se le preguntó a Hernández Hernández cómo argumentarán la firma de ese convenio cuando el Ayuntamiento lo use en su defensa, a lo que respondió: “El municipio puede defenderse y ya le tocará al TAE (Tribunal de lo Administrativo del Estado) determinar si es procedente o no. Lo que pasa es que hubo un error de derecho o de hecho de parte de nosotros, y es parte de lo que estamos argumentando para solicitar que se nos restituya la cantidad que pagamos sin tener obligación”.

Habla del TAE pues si las acciones de reclamación que presentaron ante la Sindicatura no tienen una resolución que les satisfaga, entonces recurrirán al TAE.

Jessica García de la Paz, parte del equipo jurídico de la empresa, abonó: “Además, estaba ‘supercondicionado’. Si no firmábamos el convenio no nos daban las licencias, no nos daban ninguna autorización para comenzar la obra, y nosotros ya teníamos contratado prácticamente todo; el no hacer las obras nos implicaba penas convencionales muy altas y realmente fue un acto muy impositivo por parte de la autoridad, siendo que no existía fundamento legal para exigírnoslo”.

La autoridad recurría al artículo 185 de la Ley de Desarrollo Urbano (en ese entonces vigente), que dice: “Los urbanizadores aportarán, realizando las obras o mediante convenio con el Ayuntamiento, a la construcción o mejoramiento de la vialidad, de la infraestructura, del equipamiento y de las instalaciones, que estando localizadas fuera de la zona a urbanizar, en forma directa se requieran para su integración a la estructura urbana del centro de población para su adecuado funcionamiento”.

En abril de 2009, el presidente municipal Juan Sánchez Aldana y Álvaro Leaño Espinosa, de DMI, anunciaron que acordaron las adecuaciones viales que se implementarían. Entre éstas se incluyó la habilitación de vueltas a nivel a la izquierda en Bulevar Puerta de Hierro y Paseo Royal Country, las cuales serían costeadas por el inversionista, a diferencia de un sistema de semáforos inteligentes que pagaría la autoridad municipal. Estos acuerdos generaron convenios; no obstante, también están en entredicho.

El abogado Hernández Hernández explicó: “Nos impusieron la obligación de realizar otras obras viales, una ya se terminó y está recibida, que es la vuelta izquierda por Puerta de Hierro, que tampoco estábamos obligados a hacer”. Se le preguntó si también demandarán el pago de esta adecuación, a lo que respondió García de la Paz: “Tal vez sí. Realmente esa obra tuvo un costo de cuatro millones de pesos adicionales, entonces pues todo eso ha ido desgastando todo un proyecto de inversión previsto”.

Estado de las acciones legales

El reclamo de 54 millones de pesos como responsabilidad patrimonial fue recibido por la Sindicatura de Zapopan y está en análisis en estos momentos; en cambio, la solicitud de los 35 millones de pesos por el incremento en los costos de los insumos y contratos con los ejecutores de la obra —que se atribuye a la tardanza de nueve meses en la entrega de la licencia de urbanización en 2006, aunque debió emitirse con la firma del convenio—, no fue aceptada por el área jurídica del Ayuntamiento.

Por ello, el equipo jurídico de DMI recurrió al TAE, para que a través de éste se le notifique a la Sindicatura de la exigencia de esos recursos.

El tercer reclamo de responsabilidad patrimonial referente a los cuatro millones que, aseveran, perdieron por la falta de licencia para su estacionamiento cuando comenzaron las operaciones (el 18 de noviembre de 2008), está por presentarse formalmente a la Sindicatura. De éste, los abogados informaron que el estacionamiento opera con la resolución de afirmativa ficta que emitió el TAE y que hace las veces de licencia municipal, pues aunque contaban con el visto bueno de la Dirección de Protección Civil, la autoridad se rehusó a entregar la licencia definitiva.

Es la misma situación que guarda la licencia de giro de la plaza, pues fue emitida el 12 de noviembre de 2008 a través de otra afirmativa ficta por la magistrada Patricia Campos González de la Quinta Sala Unitaria del TAE. Los establecimientos de la plaza, por lo tanto, tienen que estar tramitando permisos provisionales para sus giros.

La empresa solicitó la licencia definitiva a la autoridad municipal, pues todas las obras fueron recibidas y cuentan con certificado de habitabilidad.

Con respecto a la demanda de nulidad ante el TAE para reducir el valor del predial, los abogados aseveran que legalmente debe cobrarse cinco mil 500 pesos por metro cuadrado, y no los 26 mil que pretende la autoridad en sus 13 hectáreas.