GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- La Mesa legislativa de Gobernanza del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), integrada por diputados, representantes de organizaciones civiles, organismos empresariales y funcionarios de dependencias públicas que formarán parte del SEA; revisó planteamientos del proyecto de dictamen de las reformas constitucionales, que definirán la conformación y funcionamiento del nuevo sistema, que votarán en el pleno del Congreso esta semana.Se analizaron puntos relacionados con fiscalización superior, el Tribunal de Justicia Administrativa, el régimen de responsabilidades y órganos de internos de control (OIC). Además de los cambios para la autonomía de la Fiscalía General y la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En el paquete se considera la emisión de la Ley del SEA. En materia de fiscalización superior, se definió eliminar el principio de anualidad para que la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) pueda revisar ejercicios fiscales sin concluir, o reabrir alguno ya auditado. Augusto Chacón Benavides, integrante de la organización Jalisco Cómo Vamos, propuso se considere que la ASEJ pueda actuar de oficio e iniciar una revisión especial, aunque no exista una denuncia. También se planteó especificar la obligación de la ASEJ de realizar auditorías de desempeño, para supervisar los resultados de programas o acciones de las dependencias. Jesús Ibarra, académico del Iteso, sugirió que se den facultades a la ASEJ para sancionar faltas administrativas no graves y las que resulten graves turnarlas al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Aspecto considerado en la reforma federal Respecto a la conformación del Tribunal de Justicia Administrativa, la diputada Rocío Corona, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que no hay acuerdo sobre cómo quedará integrado, nombramientos y temporalidad. El planteamiento, que está en revisión, es que las seis salas del Tribunal Administrativo se conviertan en una primera instancia y crear una sala superior de segunda instancia, con tres magistrados. Se reiteró que nuevo tribunal será autónomo y no formará parte del Poder Judicial del Estado, como está especificado en la reforma federal anticorrupción. Sobre el régimen de responsabilidades, las organizaciones civiles pidieron que los delitos por corrupción no prescriban, mientras que las faltas administrativas si tendrían una temporalidad de siete años. Se explicó que los órganos de control interno sustituirán las funciones de las actuales contralorías en dependencias públicas, tendrán faculta para sancionar faltas no graves. Finalmente, respecto a los cambios en la Fiscalía General se recordó que incluyen modificaciones para establecer la autonomía y crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, junto con los cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la dependencia para separar el área de investigación del manejo de seguridad pública y mando de policías. También está pendiente definir mecanismo de elección y la duración en el cargo de los titulares Los representantes de organizaciones civiles y empresariales fueron insistentes en que se garantice que en todos los nombramientos del SEA serán abiertos, valorando a los mejores perfiles y alejados de reparto entre partidos. EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
