Alza delictiva satura a jueces

-Aumentan detenciones, pero bajan
cifras de personas sentenciadas

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2011).- Jalisco destaca como uno de los estados con menor número de jueces, lo que se demuestra en la saturación de los juzgados. Mientras un juez local se responsabiliza de mil 200 casos anualmente, el promedio nacional se encuentra entre 600 y 650 casos. “La carga significativa de un juzgador en la Entidad es prácticamente del doble a la normalidad del país”, reconoce el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González.

El escenario en Jalisco es que el número de personas indagadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado presenta un incremento de 18 mil 978  a 26 mil 864 casos entre 2007 y 2010; sin embargo, en el Poder Judicial se redujo el porcentaje de investigados por la comisión de un delito y que, al final del proceso, recibieron una sentencia condenatoria. En el mismo periodo, la cifra pasó de 42% a 31 por ciento.

Para Rodríguez González, lo anterior se fundamenta en una problemática estructural originada por el reducido número de jueces (104 en Jalisco), que provoca una saturación para la atención de los casos que se les presentan, pero otra deficiencia es que la Procuraduría mantiene fallas en la integración de averiguaciones previas.

Para el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona, la reducción en el porcentaje de sentencias condenatorias, más que apuntar a las deficiencias existentes en el Poder Judicial, confirma la saturación que también presenta la Procuraduría, que la volvió un “cuello de botella” con poca eficacia en la integración de sus investigaciones.

Los dos entrevistados coinciden en que la reforma al sistema de justicia penal y a la utilización de los mecanismos de justicia alternativa son la mejor vía para disminuir la carga del Poder Judicial, que a su vez permitiría concentrar los recursos humanos en la resolución de casos de mayor dificultad y gravedad.

Por ello, Celso Rodríguez González propone la instalación de una mesa donde participen la Procuraduría, el Poder Judicial y el Poder Legislativo para el análisis del proceso criminal, desde la cual se podrían detectar los puntos débiles que podrían atacarse de manera conjunta, desde la falta de capacitación y formación de la primera instancia, la aplicación de distintas interpretaciones de la ley en la segunda, hasta la existencia de leyes y disposiciones que no beneficien al sistema penal jalisciense.