Alistan iniciativa para dar autonomía a la Contraloría

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2016).- De cara a la discusión del Sistema Estatal Anticorrupción en el Congreso del Estado, la contralora Teresa Brito Serrano propone modificaciones legales para dar más atribuciones jurídicas a la Contraloría, que la doten de mayor autonomía.

“Estamos trabajando en la propuesta, los órganos de control deben de tener independencia procedimental, deben manejarse de manera independiente, con el Sistema Estatal Anticorrupción ésta reforma tendrá que ser obligada en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo… estamos desarrollando una iniciativa que en su momento entregaremos a la Secretaría General de Gobierno”, adelantó.

La idea es fortalecer las atribuciones del organismo fiscalizador porque la Contraloría será un actor principal en el nuevo sistema y, según Teresa Brito, necesita una “mayor cobertura legal”.

Mientras las adecuaciones están listas, la Contraloría del Estado confirma que ya concluyó la capacitación de los 150 auditores, “tenemos que estar capacitados porque la Contraloría será un actor principal, tendrá que reforzar su área de quejas porque ya viene la figura de denuncia ciudadana y también la obligación de darles un seguimiento puntual, incluso, trabajar de oficio para calificar las faltas administrativas”.

Explicó que la capacitación de los auditores en contabilidad, armonización contable, impuestos y desarrollo de auditorías ha sido permanente con el apoyo del Colegio de Contadores, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y de la Secretaría de la Función Pública, “hace 22 días generamos capacitación para los órganos de control de los municipios… vamos a necesitar más recursos”.

Desde la Contraloría lanzó un llamado a trabajar en coordinación para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado y recordó como un acto de buena voluntad la firma del pacto contra la corrupción, de parte de diputados, representantes de los tres poderes, funcionarios estatales, empresarios y sociedad civil.

Entre los retos que se enfrentan con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción destaca la dignificación de la credibilidad de las contralorías y unificar los protocolos de auditorías.

Diagnóstico sobre auditorías

Secretarías estatales

Año	Auditorías	En proceso	Concluidas
2013	19	0	19
2014	19	0	19
2015	23	6	17
2016	7	6	1
Total	68	12	56

Organismos paraestatales

Año	Auditorías	En proceso	Concluidas
2013	51	30	21
2014	55	31	24
2015	77	70	7
2016	38	38	0
Total	221	169	52

Fuente: Contraloría del Estado.

SABER MÁS

Elaboran manual

Teresa Brito adelantó que trabaja en la elaboración de un Manual de Auditoría que defina la concurrencia y colaboración de los órganos de control internos de los organismos y dependencias auditadas, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y la Secretaría de la Función Pública, “queremos unificar criterios, necesitamos un manual acorde a los tiempos actuales y tenemos que trabajar en coordinación”.

LANZAN ULTIMÁTUM A DEPENDENCIAS AUDITADAS

Tras dos meses de haber sido nombrada por el Congreso de Jalisco como contralora del Estado, Teresa Brito Serrano ha finalizado el diagnóstico situacional para analizar todas las auditorías que están en curso, fortalecerlas y darles seguimiento, incluidas aquellas que tienen implicaciones penales.

Al llegar a la dependencia encontró, sin concluir, 139 auditorías a organismos públicos descentralizados realizadas entre 2013 y 2015, a las que se suman 28 a secretarías del Ejecutivo en la misma situación.

Desde entonces se han concluido 30 procesos de auditorías y el compromiso de la contralora es concluir en agosto las 137 de años anteriores que siguen abiertas: “70% (de las auditorías) las tenemos avanzadas, espero haber concluido para finales de agosto y luego seguir con el plan de trabajo de 2016”.

El atraso en la conclusión de las investigaciones, lo atribuyó a dos razones: “Ya sea porque la Contraloría en el exceso de trabajo nunca les corrió traslado o porque las dependencias nunca le contestaron pese a la insistencia… tengo expedientes donde se les requería y no me solventaron”.

Para cerrar los procesos pendientes de 2013, 2014 y 2015, detalló que se les concedió a las dependencias y organismos de la administración estatal un plazo de 10 días para solventar las observaciones más una prórroga de 10 días con el mismo fin, “si no solventan, las declaro firmes”.

Entre las auditorías en proceso destacó los casos del Code Jalisco, Instituto de Pensiones del Estado y el Hospital Civil, aunque evitó abundar en las observaciones hasta que no sean solventadas por los responsables.

En el primer caso detalló que hace 20 días se reunió con el titular del Code Jalisco “para hacer una revisión de todas las observaciones y auditorías pendientes de años atrás… tienen un término perentorio de 30 días para solventarlas, estamos en eso”.

El Hospital Civil es otro de los organismos paraestatales que enfrentan una auditoría en proceso, “actualmente estamos haciendo auditoría y estamos trabajando coordinadamente con el Gobierno federal, están transitando los documentos y están requiriendo mayor información”.

Sobre el programa para este año, la Contraloría del Estado ha iniciado 38 nuevas auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y seis más a secretarías del Ejecutivo. Uno de los objetivos es fortalecer la revisión a los organismos paraestatales.

Las cifras publicadas en el portal de Transparencia revelan que los ejercicios de supervisión a los OPD han disminuido, al pasar de 43 organismos auditados en 2013 (que derivaron en mil 184 observaciones) a tres organismos investigados en 2015 (con 51 observaciones).

Aumentan los inhabilitados en el último año

En los últimos dos años, aumentaron los burócratas sancionados que aparecen en el registro estatal de inhabilitados, al pasar de 53, en 2015; a 86, en lo que va de este año. En contraste con los ayuntamientos, las dependencias del Ejecutivo lideran la lista.

La Secretaría de Movilidad aparece en primer lugar con 15 funcionarios inhabilitados, seguida por  las secretarías de Salud y de Infraestructura y Obra Pública, con siete inhabilitados cada una, y el DIF Jalisco con seis burócratas sancionados.   

Sin embargo, los poderes Judicial y Legislativo, así como 123 ayuntamientos, incumplen con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. Todos transgreden la legislación e ignoran desde hace dos años a la Contraloría: no le informan ni actualizan los datos sobre los burócratas sancionados.

Esto provoca que no se tenga conocimiento de los malos servidores públicos en total. Según la ley, tienen 10 días hábiles para informarle a la Contraloría cuando imponen una inhabilitación. En conclusión, sólo los ayuntamientos de Tlajomulco y Zapopan, así como el Consejo de la Judicatura Federal, actualizan la estadística.

El otro problema es que la Contraloría dificulta el acceso al registro existente, pues no existe el listado completo de inhabilitados en su página de internet. Se cuenta con el sitio http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/ pero se debe conocer el nombre completo del implicado para acceder a la información (la Secretaría de la Función Pública sí transparenta el listado total de funcionarios sancionados, por ejemplo).

El Instituto de Transparencia (Itei) ya había advertido a la Contraloría en 2014 sobre los problemas de accesibilidad en el registro electrónico. En esa fecha, la dependencia estatal respondió: “Se está trabajando en una herramienta a través de la cual se pueda consultar la información de manera amigable y de fácil acceso”. Dos años después sigue sin facilitar el acceso.

Entre los exburócratas que a partir de este año aparecen en el registro figuran Álvaro Córdoba Pérez, exdirector administrativo del Seguro Popular, quien acreditó una sanción de 9.4 millones de pesos y cinco años de inhabilitación por desvío de recursos del programa Pasos por la Salud. También está Jorge Sánchez Martínez, exdirector de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público, por el desvío de 50 millones de pesos destinados a la compra de un predio en Zacolaco de Torres con la finalidad de acrecentar la reserva territorial del Iprovipe. También Raúl Torres Pino, entrenador del Code Jalisco, que permitió el abuso sexual contra un menor.

Álvaro Sánchez Guerrero, exdirector general del Instituto de Pensiones, se suma.

La sanción

La inhabilitación es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco.

Impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo o cargo dentro del servicio público federal, estatal o municipal durante no menos de tres meses ni más de seis años.

GUÍA

¿Qué dice la Ley?

—¿Qué tipo de sanciones se aplican con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos?

—Apercibimiento, amonestación por escrito, sanción pecuniaria, suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a 30 días laborables. También la inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

—¿Qué es una inhabilitación?

—Es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco, que impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo, cargo u omisión dentro del servicio público (federal, estatal o municipal).

—¿Quién aplica la sanción de la inhabilitación?

—Es aplicable por la resolución que emita el titular de la entidad pública correspondiente.

—¿Qué es el Registro Estatal de Inhabilitados?

—Fue instituido por la Contraloría del Estado de forma física y electrónica de manera anual, con la finalidad de asentar las inhabilitaciones impuestas por las autoridades.

—¿Qué dice el Artículo 80?

—Establece la obligación de las entidades públicas de informar a la Contraloría las inhabilitaciones que hubiesen impuesto para lo cual deben remitir copias certificadas de la resolución, lo que debe hacerse en un término no mayor de 10 días hábiles contados; es decir, cuando la sentencia sea firme, lo que puede ser porque el servidor público no la impugnó o, en su caso, cuando es confirmada por el órgano jurisdiccional correspondiente.

Registro estatal de inhabilitados

Año	Burócratas
2013	131
2014	107
2015	53
2016	86

“Sí hay enfermedad en el Sistecozome”

El 21 de junio pasado, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, giró la instrucción de que se realizara una auditoría en el Sistecozome, ante el paro de unidades de rutas del transporte público: “No vamos a seguir sosteniendo organismos que son inviables para el Gobierno y las finanzas del Estado, y en ese sentido estaremos actuando con firmeza”, declaró.

Dos meses más tarde, el resultado preliminar de la auditoría, en manos de la Contraloría del Estado, arroja deficiencias en materia administrativa y financiera.

“Financiera y administrativamente hay muchos puntos rojos que tendrán que analizar… la Contraloría detectó que sí hay enfermedad del Sistecozome en materia financiera y administrativa, hay focos rojos que acusan la necesidad de tomar una decisión en relación a la viabilidad o extinción de ese organismo”, anticipó la contralora Teresa Brito Serrano tras revisar el funcionamiento e ingresos del paraestatal.

Entre los focos rojos encontrados del análisis de la gestión 2015-2016, la Contraloría detectó que la nómina se incrementó 37%, mientras la deuda también creció, “esto no sería malo si la productividad y el servicio también hubieran ido en aumento; sin embargo, por cada peso que entra pagan tres de deuda”.

Javier Contreras Gutiérrez, director del organismo estatal, ya reconoció que se encontraba en una situación difícil por las deudas que arrastra el Sistecozome y adelantó que, con los resultados de la auditoría, se tomará una decisión sobre la viabilidad del organismo.

Sistecozome cerró 2015 con una deuda de 510.9 millones de pesos, que incluyen pasivos heredados con el Instituto de Pensiones de Jalisco por 30.9 millones de pesos, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros.

Además, en la actual administración el organismo ha aumentado la deuda con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) por 40.3 millones de pesos para pago de aguinaldos e incrementos salariales.

Una muestra de los problemas financieros que prevalecen es el paro del servicio realizado el mes pasado por choferes de las rutas 200, 500, 19 y 51-C, debido a los adeudos en los aumentos salariales de los trabajadores de 2014 a 2016.

En este contexto, la contralora pide analizar cómo impactó el incremento en la nómina en beneficio de los trabajadores y del servicio público, “son temas que tendrán que hilvanar los responsables”.

Una vez terminada la auditoría, este lunes se entregaron los resultados preliminares a la Secretaría de Movilidad.

AMPLÍAN INVESTIGACIÓN AL IPEJAL

Uno de los organismos de la administración pública estatal que ha enfrentado mayores cuestionamientos en los últimos meses es el Instituto de Pensiones del Estado. En mayo pasado, decenas de burócratas se manifestaron contra los presuntos malos manejos financieros en el Ipejal.

Tras la controversia, el organismo solicitó a la Contraloría del Estado una auditoría, que todavía no concluye, pero que ya revela “inconsistencias”, según la contralora Teresa Brito.

“Iniciamos una auditoría con algunos antecedentes de años anteriores (de la pasada administración), sobre lo que son las inversiones y fideicomisos, pero estando dentro solicité ampliar la auditoría a lo que tiene que ver con temas administrativos y financieros del propio organismo”.

Se le preguntó si solicitó ampliar la auditoría tras encontrar irregularidades, respondió: “Pedí ampliarla porque en el proceso diario vi una serie de inconsistencias que me hacen pensar que tenemos que reforzar los controles administrativos… encontré varias inconsistencias, por eso amplíe la auditoría”.

Entre los puntos que están siendo analizados y que se deben considerar para su corrección son los temas del control interno y la organización administrativa, dijo la contralora sin precisar una fecha de conclusión del proceso.

La investigación se suma una auditoría externa, un análisis por parte de calificadoras de deuda y un nuevo estudio actuarial sobre las finanzas del Ipejal que serán realizados en los próximos meses, según se acordó en la última sesión celebrada por el Consejo de Administración del organismo.

Hace más de un mes, el gobernador Aristóteles Sandoval anticipó la creación de una comisión integrada por sindicatos, legisladores y funcionarios del Ejecutivo para vigilar qué destino han tenido los fondos del Instituto.

El Ipejal invirtió 344 millones de pesos en las Villas Panamericanas que no han sido recuperados, mientras que otorgó mil 333 millones de pesos en 2009 al proyecto turístico Chalacatepec, sin estudios de impacto ambiental. Todos son proyectos heredados por la administración de Emilio González Márquez.

Los bienes

Según el Instituto de Pensiones, las reservas del organismo son de 30 mil 906 millones de pesos. El 43 por ciento de este recurso está destinado a la bolsa de créditos para burócratas, que asciende a 13 mil 567 millones de pesos.

En tanto, se cuenta con cuatro mil 368 millones invertidos en bienes inmuebles (hoteles, terrenos, centros deportivos, departamentos y salones de eventos) y 12 mil 451 millones en inversiones en el mercado.

Actualmente, el Ipejal cuenta con 110 mil afiliados, de los cuales alrededor de 27 mil son pensionados.

No descartan más denuncias penales

Aunque hasta la fecha la Contraloría del Estado ha presentado 12 denuncias penales contra exfuncionarios de la pasada administración, la contralora Teresa Brito advirtió que la dependencia está revisando todas las observaciones derivadas de procesos de auditoría 2013-2015 y no descartó la posibilidad “de llegar a esquemas penales… si existen los elementos lo voy a hacer”.

Sin embargo, el primer paso es consolidar el trabajo técnico de la Contraloría, “una auditoría le debe dar al sujeto obligado el derecho a solventar (las observaciones)”.

Las declaraciones de la contralora coinciden con los señalamientos del fiscal Eduardo Almaguer, quien recientemente señaló que podrían sumarse otros señalamientos contra exburócratas de la administración estatal anterior y de las administraciones municipales salientes de Guadalajara, Zapopan y del interior del Estado. El último recuento informa que han sido presentadas denuncias contra exfuncionarios de la Secretaría de Cultura, Finanzas, Capece, Secretaría de Salud, Comisión Estatal del Agua e Iprovipe.

Sobre la integración de nuevos expedientes contra el Code y contra el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), que dio a conocer el excontralor este año, la contralora señaló que continúan revisando los pendientes que dejó el excontralor José Bañuelos Guardado, “documento que nos han solicitado lo hemos entregado a la Fiscalía… (con la intención de) coadyuvar y agregar información para el fortalecimiento de las denuncias”.

Desde septiembre de 2014, la Contraloría del Estado afirmó que trabajaba en la integración de un expediente del Code sin que hasta el momento se haya concluido, pese a que en marzo pasado el excontralor advirtió que se presentaría otra denuncia por el tema de los Juegos Panamericanos realizados en 2011.

Con relación a este caso, entre las observaciones están que no se cumple con los requisitos, o al menos no tienen los documentos que acrediten el cumplimiento de la ley, en temas como la asignación de obra.

Por otra parte, en marzo de este año el organismo aseguró que también presentaría una denuncia relacionada con la compra a sobreprecio de Casa Jalisco en Chicago; sin embargo, Teresa Brito descartó emitir una opinión al respecto: “Ya se establecerán por parte del gobernador y el titular de la Secretaría General de Gobierno los avances que llevamos”.

Para la adquisición de Casa Jalisco en Chicago se erogaron más de 40 millones de pesos, y se gastaron otros casi 20 millones de pesos para su remodelación y equipamiento en la pasada administración estatal.

Casa Jalisco en Chicago comenzó a funcionar en febrero de 2011, con el fin de “fortalecer el contacto con los jaliscienses” que residen en esa ciudad, así como “ofrecerles apoyos y servicios”. Pero en la práctica, la finca servía como “un centro de reunión social” en donde se realizaban hasta fiestas de XV años.

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