¿Alguna vez hubo acuerdos?

El último gran proyecto motivado por, y generador de, consensos que ha dejado indiscutibles beneficios para la gran metrópoli se llama Expo Guadalajara, y se gestó a partir del diálogo en el que no hubo (al menos al principio) quien pretendiera sacar ventaja ni obstruir al adversario.

Señalado por sus detractores como un político desconocedor de la realidad del Estado que iba a gobernar, don Enrique Álvarez del Castillo convocó a una reunión a un pequeño grupo de empresarios tapatíos y los sentó a la mesa con los entonces alcaldes electos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que le habrían de acompañar en el primer trienio de su sexenio (1983-1989).

Eran menos de 15 personas que cenaron y dialogaron en un salón de un hotel junto a la glorieta de La Minerva. De ahí salieron con un acuerdo: dotar al Estado de un recinto ferial de gran magnitud y categoría, capaz de albergar congresos, convenciones y exposiciones que promovieran la actividad turística y económica, a la vez que colocaban a Guadalajara como la marca de una ciudad cosmopolita, atractiva para cualquier tipo de visitante.

Gobernador y alcaldes metropolitanos pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Probablemente algunos de los empresarios convocados tenían afinidad con ese partido, o simpatizaban con el adversario que una década después se haría del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos metropolitanos por la vía del voto democrático.

En lo personal tengo la impresión de que en aquellas fechas la ascendencia de la figura del gobernador, sus vínculos con el aparato gubernamental federal, la disciplina que imperaba en el priismo en torno a los jefes nacional y estatales, fueron factores determinantes para que se aceitara la maquinaria jurídica y presupuestal y se diera cobijo a los acuerdos políticos y económicos entre sectores para darle vida a la Expo.

La lección que está dejando la frustrada continuidad de un proyecto de movilidad para la metrópoli nos indica que, al menos entre jaliscienses, cada vez resulta más difícil que los actores políticos y económicos establezcan acuerdos, porque ni hay liderazgos ni hay buenos vínculos con el poder federal (que dista mucho de ser monolítico), ni hay la visión y la generosidad hacia la sociedad que, aunque fuera en dosis pequeñas, deberían mostrar los gobernantes en turno.

Es increíble que haya sido tan larga y engorrosa una discusión sobre si “es mejor” el Macrobús o el Tren Ligero. Lo que algunos ciudadanos comenzaron como un ejercicio de buena voluntad, luego se enquistó en un debate mercantil que parecía más una junta de postores mercantiles que de expertos en movilidad y transporte. Degradar la discusión a niveles de si el BRT es “tercermundista” y el tren “lo que Guadalajara merece”, de que lo barato cuesta caro, de que por donde pasan las unidades articuladas se pierde la plusvalía (¿y por donde pasa el tren no?) y otras lindezas por el estilo, dichas incluso desde la palestra de los doctorados, sólo generó más confusión en mucha gente a la que le urge un mejor transporte público y no lo tendrá a corto plazo.

Tal vez los tapatíos muy jóvenes se pregunten por qué los políticos de estas tierras nunca se ponen de acuerdo. Los de antes lo hicieron; los actuales ni eso han aprendido.