Alcalde tapatío defiende sanciones contra funcionarios

GUADALAJARA, JALISCO.- El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, defendió la suspensión de ocho días sin goce de sueldo impuesta por la Dirección de Recursos Humanos a Carlos Salinas Osornio y Carlos Arturo López Flores, titulares del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ) durante 2006 y 2007, respectivamente.

Aseguró que la resolución de la dependencia se apegó a derecho, “toda vez que se siguió el procedimiento que corresponde”, el cual derivó en la sanción más alta que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuando no se comprueban daños al erario.

“No es una conformidad o una inconformidad, es lo que establece la Ley de Servidores Públicos y así lo hicimos. Aquí, al no haberse documentado daño patrimonial, no se lleva a cabo una sanción económica”.
En su afán por defender la suspensión de los servidores públicos, incluso reconoció que la nómina de la Dirección de Cultura fue utilizada para fines partidistas, al hacer un comparativo entre la sanción impuesta a los hermanos Solano Muñoz y a los funcionarios del IMAJ.

-- En el caso de los hermanos Solano solamente se les identificó una cinta que para efectos jurídicos no tiene validez, pero se les despidió. ¿Cuál es la comparación que se hace?
-- Es un caso muy diferente. En el caso de los hermanos Solano fue una pérdida de confianza por haber abusado de la confianza otorgada por el presidente municipal, en este caso yo, al momento en que ellos utilizaron la nómina de Cultura para fines ajenos a lo que debe ser el trabajo municipal, como en este caso fue una actividad partidista.

-- ¿Estuvo acreditado que usaron la nómina?
-- Estuvo acreditado.

Dijo que los informes de la Contraloría están sujetos al análisis de la Dirección de Recursos Humanos para darle la oportunidad a las dependencias o funcionarios investigados, de que entreguen documentos probatorios a su favor.

“Los dictámenes de la Contraloría, que sin duda tienen un gran fundamento, son sujetos precisamente a un análisis de parte de las áreas correspondientes para darle la oportunidad a los funcionarios públicos que lleven a cabo la presentación de información.

“Los procedimientos administrativos tienen una tendencia muy clara, así está establecido en la ley… perdón que sea tan insistente en esos términos, en donde la Contraloría lleva a cabo el análisis de la documentación y determina posibles afectaciones, y las áreas responsables son las que se encargan de revisar el cumplimiento de las mismas”.

Y descartó de manera tajante que su administración esté “protegiendo” a Salinas Osornio, quien actualmente se desempeña como su secretario particular.

Regidores de todas las fracciones edilicias se han mostrado contra las sanciones, al considerar que se protegió a los funcionarios. Incluso, solicitarán una auditoría externa.