Alcalde tapatío atribuye al TAE responsabilidad del paro

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2012).- El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, atribuyó al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) la responsabilidad por las afectaciones que sufrieron ayer dos millones de usuarios que se encontraron con una ciudad sin camiones en los cuales trasladarse a sus trabajos o compromisos diversos.

Al referirse a la medida cautelar que otorgó la magistrada del TAE, Patricia Campos González, para dejar sin validez momentáneamente la nueva tarifa del transporte público –la que hasta hoy persiste-, dentro de un juicio de nulidad promovido por la Federación de Estudiantes Universitarios, puntualizó el presidente municipal tapatío lo siguiente:

“Creo que el criterio jurídico no puede desligarse de los efectos de carácter social. Éste es un ejemplo muy claro, el TAE toma una resolución que lastima de una manera muy severa la movilidad de mucha gente que el día de ayer se vio trastocada por el paro camionero; sin duda, la autoridad tiene que actuar o bien para conciliar, o para, en un momento dado, sancionar ante una situación que afecta seriamente a los usuarios”.

Luego, en el mismo sentido, agregó: “Creo que es un problema sumamente complejo donde cada parte de la autoridad debe asumir lo que le corresponde, entiendo que lo que ha venido pasando es consecuencia de una resolución del Poder Judicial, del TAE, y estos no son más que los efectos de decisiones que pudieran tener un sustento legal, pero que generan un impacto social muy negativo que afecta a mucha gente”.

La misma magistrada motivó que el Ayuntamiento de Zapopan presentara una controversia constitucional, en 2009, cuando emitió la licencia de operación de giro para el centro comercial Andares, el 12 de noviembre de 2008, la cual estaba siendo negada por la autoridad municipal para exigirle al desarrollador del proyecto (Álvaro Leaño) mayores adecuaciones viales en la zona.

En aquel entonces, la magistrada resolvió a favor del desarrollador una solicitud de afirmativa ficta (es decir, como la autoridad municipal no dio una respuesta a la petición del particular sobre su licencia de operación de giro en el plazo establecido procedimentalmente, el TAE la da por aceptada y entrega la autorización que se pretendía).

Esto, por lo tanto, y según lo afirmaba la autoridad municipal, no sólo afectó la estrategia que llevaba para asegurar una inversión más importante en la infraestructura de la zona, sino que la licencia de giro se otorgó cuando el centro comercial aún no contaba con el certificado de habitabilidad de la Dirección de Obras Públicas, el último trámite que otorga esta dependencia a un inmueble.

En la controversia constitucional el Ayuntamiento zapopano aseveraba que el TAE había vulnerado su marco competencial, atribuyéndose facultades que no le correspondían.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA