Alcalde defiende sanciones en el caso IMAJ

GUADALAJARA, JALISCO.- El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, defendió la suspensión de ocho días sin goce de sueldo impuesta por la Dirección de Recursos Humanos a Carlos Salinas Osornio y Carlos Arturo López Flores, titulares del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ) durante los ejercicios 2006 y 2007, respectivamente.

El primer edil aseguró que la resolución de la dependencia se apegó a derecho, toda vez que se siguió el procedimiento que corresponde, el cual derivó en la sanción más alta que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando no se comprueban daños al erario público.

En su afán por defender la suspensión de los servidores públicos, Petersen Farah incluso reconoció que la nómina de la Dirección de Cultura fue utilizada para fines partidistas, al hacer un comparativo entre la sanción impuesta a los hermanos Solano Muñoz y los funcionarios del IMAJ.

- En el caso de los hermanos Solano solamente se les identificó una cinta que para efectos jurídicos no tiene ninguna validez y se les despidió, ¿cuál es la comparación que se hace?

- Es un caso muy diferente, en el caso de los hermanos Solano fue una pérdida de confianza por precisamente haber abusado de la confianza otorgado por el presidente municipal, en este caso yo, al momento en que ellos utilizaron la nómina de Cultura para fines que están absolutamente ajenos a lo que debe ser el trabajo municipal, como en este caso fue una actividad partidista.

- ¿Estuvo acreditado que usaron la nómina?

- Estuvo acreditado – respondió el munícipe.

Dijo que los informes de la Contraloría, están sujetos al análisis de la Dirección de Recursos Humanos para darle la oportunidad a las dependencias o funcionarios investigados, de que entreguen documentos probatorios a su favor.

Destaca que regidores de oposición del PRI y PRD afirman que realizarán  una auditoría externa, ya que había pruebas suficientes para sancionar con más rigor a los funcionarios. Incluso, señalan que la Contraloría documentó las anomalías.

EL INFORMADOR/ Gilberto Franco